El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, expresa su profunda preocupación por el deterioro sistemático de la libertad de expresión durante los últimos años y de manera particular del ejercicio del periodismo crítico y de denuncia de hechos que involucran a los estamentos de poder y a su entorno.
Ninguna persona debería ser amenazada por hacer su trabajo, y la labor del periodismo es investigar y hacer públicas esas informaciones, labor que es atacada y estigmatizada desde hace algún tiempo atrás, porque cuestiona el ejercicio del poder de la institucionalidad del país; estos actos de intimidación vulneran el derecho de los periodistas a difundir información y opiniones y tienen un efecto amedrentador y de silenciamiento de sus pares; y finalmente, violan los derechos de las personas y sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce en su Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que “la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de interés público, se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector cualquiera de la población” (Corte IDH. Caso de Eduardo Kimel. Sentencia del 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177. Párr. 88).
Según la investigación de la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador, en el 2022 se registraron 8 amenazas de muerte contra periodistas, cifra que aumentó a 30 en el 2023, lo que representó un incremento del 275%. Según la misma fuente, el año 2023 cerró con 289 agresiones a periodistas.
La situación es tan alarmante que hay periodistas que han tenido que abandonar el país para salvaguardar sus vidas, como el caso de Karol Noroña, a raíz de una investigación sobre violencia en las cárceles, en el año 2023. Otro caso es el de la periodista Alondra Santiago, a quien el gobierno nacional le revocó recientemente su visa, por ejercer su profesión y su derecho a la libre expresión para cuestionar a la institucionalidad del estado.
El día 10 de septiembre de 2024, los periodistas Anderson Boscán y Mónica Velázquez tuvieron que salir del país hacia Canadá, donde han solicitado asilo, con ayuda de varias organizaciones de derechos humanos como entes de las Naciones Unidas y Amnistía internacional, entre otras, por serias amenazas a sus vidas.
Boscán y Velásquez son periodistas del medio digital La Posta y han realizado y difundido varias investigaciones de casos de corrupción que involucran al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía, al Centro de Inteligencia Estratégica y al crimen organizado. Todos ellos son percibidos, en sus investigaciones, como entidades que por sus acciones u omisiones están al servicio de intereses políticos y criminales.
El trabajo periodístico de La Posta se fundamenta en presuntos documentos oficiales de la propia Fiscalía, uno de esos ellos es un informe de la inteligencia policial sobre los movimientos cotidianos de Boscán, Velázquez y su familia, documento que expresa amenazas contra su integridad, el mismo que habría sido encontrado en el teléfono celular de un miembro de la mafia que fue asesinado en el año 2023. Dicho informe habría sido el detonante para la salida forzosa del país, de Boscán y su familia.
Lo ocurrido en los casos referidos alerta sobre un uso ilegítimo de la Inteligencia de la Policía Nacional para realizar seguimiento a quienes considera opositores políticos al gobierno de turno, así como a movimientos críticos de la sociedad civil como ecologistas y organismos de derechos humanos, situación que mina la institucionalidad del país. En el caso de los periodistas Boscán y Velázquez, sostienen que las acciones del aparato policial del Estado favorecerían los intereses del crimen organizado nacional e internacional, lo que significaría un quiebre institucional de consecuencias impredecibles.
El Estado ecuatoriano tiene la obligación de brindar la debida protección a las víctimas, en este caso periodistas cuyas vidas e integridad física está en peligro, mediante la adopción de medidas concretas de valoración de riesgos, alerta y protección, que en este caso no han sido atendidas oportunamente, pese al requerimiento de los afectados.
Como organismo de derechos humanos, el CDH hace un llamamiento a los poderes públicos para responder con transparencia al cuestionamiento periodístico, que sus actuaciones se enmarquen dentro de los lineamientos de justicia, garantía y protección del derecho a la libre expresión, que su enfoque frente al estado de inseguridad y violencia en que vivimos, se dirija exclusivamente a combatir al crimen organizado en todas sus formas, y que se proteja el trabajo periodístico que resulta fundamental para el funcionamiento de un Estado democrático.
Guayaquil, 12 de septiembre de 2024.
El Directorio del CDH