El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) une su voz a la extendida alarma generada por el nuevo decreto presidencial No. 707, emitido el 1 de abril de 2023, el mismo que establece en su artículo 1 que “Se autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional a aquellas personas naturales que cumplan los requisitos de conformidad con la Ley, el Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos y bajo las autorizaciones correspondientes”. El decreto emitido deroga el decreto No. 749, del 28 de abril del 2011, reformado por el Ejecutivo No. 701, del 25 de junio del 2015, que mantenía la prohibición de porte de armas a nivel nacional, y modifica la normativa del Reglamento a la Ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios, emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 169, publicado en el Registro Oficial el 27 de marzo de 1997, reformado el 15 de junio del 2015.
Estimamos que la medida anunciada es anacrónica, ineficaz y contraproducente debido a las siguientes consideraciones:
• El Gobierno Nacional ha seguido implementando medidas estrictamente securitistas como estados de excepción y toques de queda, que no han dejado los resultados esperados y, ahora, autoriza el porte de armas para ciudadanos civiles. El gobierno nacional parece no advertir que sin políticas integrales de confrontación de la violencia criminal, que incluyan políticas sociales de reducción de la miseria, el desempleo, y la falta de oportunidades para los jóvenes, seguirá existiendo el caldo de cultivo del narcotráfico y la delincuencia en la sociedad, que producen el crecimiento acelerado de muertes violentas en todos los estamentos sociales. No se puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes.
• El Gobierno Nacional enfrenta la aguda crisis de seguridad echando mano al discurso maniqueo y reduccionista del fenómeno de la criminalidad. No cabe diseñar política pública sobre la argumentación de “ajustes de cuentas entre bandas” o la descripción de un escenario de guerra en el que los ciudadanos deben defenderse por cuenta propia.
• Promocionar el uso y tenencia de armas, por parte de la ciudadanía en el actual contexto, significa confesar que los cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional y Fuerzas Armadas) no tienen la capacidad para garantizar la vida, la integridad personal y propiedad de las personas. Endosar esta responsabilidad a cada uno de los ciudadanos es condenable, poco práctico y sensacionalista.
• La flexibilización del porte y la tenencia de armas agrava la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, la comunidad LGBTIQ+ y personas racializadas. El racismo, clasismo, estereotipos y criminalización convierten a ciertos sectores en enemigos públicos, incluyendo a los defensores de Derechos Humanos. En 2022, el 32% de los femicidios fueron por armas de fuego. Si una pareja violenta posee un arma de fuego, la posibilidad de que una mujer sea asesinada aumenta cinco veces, según el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo (PNUD), además de que se incrementa considerablemente el riesgo de que el arma de fuego sea utilizada accidentalmente contra un miembro de la propia familia y no en contra de un intruso criminal.
• Consideramos especialmente grave convocar a empresas de seguridad privadas a tareas antidelictivas debido a sus limitaciones de capacidades técnicas y logísticas, que exponen indebidamente a los guardias, además de ser francamente inconstitucional, al transferir la competencia exclusiva de la seguridad pública, que corresponde al gobierno central, a empresas privadas de seguridad. Recordamos graves violaciones a derechos humanos registradas por el CDH durante el periodo de implementación del plan Más Seguridad, que incluía el patrullaje de fuerzas combinadas de Policía Nacional, Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas y Empresas de Seguridad Privada.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos recoge el sentimiento de gran sector de la ciudadanía que se siente angustiada por la expansión de la inseguridad en el Ecuador, especialmente en ciudades como Guayaquil y Esmeraldas. No caben palabras para describir la sensación de impotencia al ver a un joven amarrado a explosivos y preguntarnos ¿quién se hace cargo de esa situación?
El decreto evidencia que el gobierno nacional no tiene una política integral para garantizar la seguridad ciudadana y prima un sesgo ideológico de dejar la resolución de problemas de seguridad pública a la decisión y responsabilidad de cada individuo, promoviendo que los “buenos ciudadanos” respondan con las armas a la delincuencia organizada, con el riesgo de que aún en defensa propia, esos ciudadanos sean procesados penalmente.
La evidencia de las experiencias latinoamericanas muestra que los índices más altos de crímenes violentos ocurren mayoritariamente en países en los que las tasas de propiedad de armas en manos de ciudadanos civiles son más altas, es decir, autorizar el porte de armas de ciudadanos civiles, lejos de constituir una solución, es un factor de agravamiento de la violencia social.
Precisamente el año 2022, el de mayor violencia criminal en la historia del Ecuador, es el año en el que se triplicó la importación legal de armas.
Reclamamos al Gobierno Nacional mínimo sentido de sensatez, serenidad y certeza frente a la actual situación. Reclamamos acciones efectivas de desmantelamiento de las organizaciones criminales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que deberían estar profesionalmente preparadas para esa misión. Paralelamente es indispensable priorizar y fortalecer el trabajo comunitario para prevenir la violencia, liderando con firmeza acciones de recuperación de comunidades actualmente intervenidas por economías ilícitas. Es indispensable brindar oportunidades efectivas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para su desarrollo como solución duradera que permitirá preservar la convivencia ciudadana y la paz en nuestro país.
Finalmente exigimos al Presidente Lasso la derogatoria del Decreto Ejecutivo No. 707 por la misma vía y de manera inmediata para no agravar las fuertes y serias tensiones sociales que vivimos.
Si esto no se produce demandaremos ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de dicho instrumento, pues flagrantemente contrario al espíritu y la letra de la Constitución Política del Ecuador.
Invocamos y llamamos a las Organizaciones Sociales y Populares a conformar un gran Frente Solidario contra la violencia ahora auspiciada desde el Estado para luchar por un Ecuador en Paz y en goce de todos sus derechos humanos.
Guayaquil, 4 de abril de 2023
Directorio del CDH
Nota de prensa relacionada:
2 abril 2023
El porte y tenencia de armas fracciona posturas entre los sectores sociales
Diario Expreso
En el fraccionamiento destacan los activistas por los derechos humanos. “El sentido común convoca a que se gobierne con sensatez y eso no está pasando. Esta medida es absolutamente contraproducente e ineficaz”, expresa Billy Navarrete, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, quien también acota que hay que considerar lo violenta que se ha tornado la sociedad.
Afirma que esa violencia ha demostrado que “las armas son lo que más circula en la sociedad ecuatoriana”, en especial en ciudades como Guayaquil, perteneciente a la Zona 8, donde, según la Policía Nacional, se han registrado más de 400 muertes violentas en 2023. “El porte de armas no resuelve los problemas; al contrario, los agrava. La violencia se exacerba porque estamos aterrados, incluso quien nos gobierna”.
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