La crisis política, de inseguridad y violencia que está atravesando el Ecuador es un grave problema para el goce efectivo de los Derechos Humanos, al evidenciarse el debilitamiento del Estado en su rol esencial de ser garante de derechos. Para que pueda cumplir su mandato el Estado Constitucional de Derechos y Justicia debe tener: - instituciones sólidas y legítimas; - propiciar la participación ciudadana; - capacidad para responder integral y preventivamente el cometimiento de delitos y violencia criminal.
Siendo estas atribuciones obligaciones básicas de los Estados para proteger la vida, integridad personal y otros derechos que son afectados como producto de la inseguridad.
Por este motivo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, considera ineludible expresar su opinión institucional sobre la Consulta Popular y particularmente sobre las pregunta 1, referida a la seguridad ciudadana, y las preguntas 5 y 6, referidas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
En ese contexto, el Ecuador está atravesando escenarios en los que se ha palpado la crisis en el ámbito institucional y en el ámbito de la seguridad ciudadana. Durante el año 2022, de acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional del Ecuador, se registraron 4.359 muertes en condiciones violentas en las distintas ciudades del Ecuador, una de las más altas en toda la historia. Dos de sus ciudades, Esmeraldas y Guayaquil, constan actualmente entre las ciudades más violentas del mundo, con tasas de homicidios de 77 personas y 46,6 personas por cada 100.000 habitantes, respectivamente.
El impacto de la falta de política criminal y de seguridad ciudadana por parte del Estado, recae en las familias más empobrecidas del Ecuador y sobre todo en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes no gozan de espacios seguros para el desenvolvimiento de sus infancias y proyectos de vida, y en el caso de los jóvenes, de suficientes oportunidades de estudio, empleo y acceso a la cultura y recreación, por lo que son actualmente, caldo de cultivo de redes delictivas y del narcotráfico, que los reclutan.
Esto genera que muchos de ellos sean actores y víctimas de la delincuencia organizada y que miles de familias de sectores populares sean las más afectadas en su derecho a una convivencia segura.
Frente a ese escenario tan complejo, la pregunta 1 de la consulta, plantea como solución, “la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional”, reforzada por la propaganda oficial que ofrece “expulsar a narcos y criminales del país.” Creándose con ello falsas expectativas, puesto que esta medida por si sola se ha revelado como absolutamente ineficaz en otros países latinoamericanos con similar violencia criminal, como Colombia, México y Guatemala, con acuerdos de extradición vigentes desde hace varias décadas. En cambio el enfoque gubernamental deja de lado acciones significativas para responder a un sistema judicial y fuerzas del orden cada vez más tomados por el crimen organizado.
Lo descrito anteriormente, ha sido evidenciado en diversas ocasiones por la prensa nacional y por investigadores de la Universidad Central del Ecuador que dan cuenta de la urgencia de resultados que permitan al estado ecuatoriano enfrentar la penetración realizada durante los últimos años por las redes del narcotráfico en la fuerza pública encargada de la seguridad, particularmente Policía Nacional, Ejército y Marina.
El gobierno nacional busca intervenir directamente en la designación de las autoridades de la Función de Transparencia y Control Social a través de las preguntas 5 y 6 de la consulta, en una nueva versión del cuestionado hiperpresidencialismo, que modificaría el proceso de designación de autoridades, el mismo que dejaría de realizarse a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y lo sustituye mediante “Comisiones Técnicas de Selección” con la participación directa del ejecutivo, como en los casos de la Contraloría, Fiscalía General del Estado y Defensoría del Pueblo. Al mismo tiempo, los anexos a la consulta que han tenido una mínima o nula difusión, particularmente la Disposición General y las Disposiciones Transitorias, contienen procedimientos tendentes a prorrogar en funciones a las actuales autoridades de control, durante la mayor parte del periodo presidencial actual, ya que declaran desiertos todos los procesos de designación actuales, y otorgan un plazo de 180 días al Presidente de la República, para presentar los proyectos de ley reformatorios y 365 días, prorrogables por 90 días más, para aprobar las leyes reformatorias de esta enmienda constitucional.
Las preguntas planteadas, lejos de corregir la falta de participación real de los ciudadanos y organizaciones sociales en las decisiones institucionales del Estado, y particularmente del CPCCS, significan un nuevo paso atrás en el objetivo de lograr la participación ciudadana y el control social, previstos en la Constitución vigente, que sirva para enfrentar falta de atención efectiva a los derechos ciudadanos a salud, educación, empleo y seguridad, principalmente, así como la creciente corrupción e impunidad que atraviesa actualmente la institucionalidad del estado.
En ese sentido, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos alerta a la opinión pública sobre la intención del gobierno nacional de crear expectativas falsas de solución frente a la violencia criminal del narcotráfico y la delincuencia común. A lo que se suma, la falta de mecanismos efectivos de participación ciudadana, así como el intento de desacreditar ante la opinión pública las posiciones críticas de los ciudadanos y de organizaciones sociales y de derechos humanos, al calificarlos como aliados del narcotráfico cuando realizan razonados cuestionamientos a las preguntas.
La seguridad pública y la protección de la vida de todos los ecuatorianos deben ser reflejadas a través de políticas públicas integrales que enfrenten la desigualdad y las causas estructurales de la violencia criminal. Depurar los organismos de control, justicia y seguridad es tarea urgente del gobierno ecuatoriano, puesto que la penetración del crimen organizado en la institucionalidad del Estado no se destierra con medidas demagógicas, que en cambio –peligrosamente- pudieran generar mayor frustración social en el caso de ser aprobadas las respectivas preguntas en la Consulta Popular, por carecer éstas de eficacia para enfrentar el narcotráfico, la violencia criminal y los delitos comunes.
Hay preguntas sobre cuestiones que no requieren reformas a la Constitución, sino a ciertas leyes, o la formulación de políticas públicas vía debate abierto, lo cual nos lleva a una fundamental consideración: el mecanismo planteado por la consulta para reformar la Constitución, es contrario a su letra y su espíritu. Lo primero, porque no se atiene a las figuras señaladas en el Titulo IX, Cap. Tercero de la Carta Magna vigente, sobre el procedimiento de reforma de la Constitución; lo segundo, porque la actual Constitución se encuentra impregnada de una clara participación ciudadana, lo cual se daría a través de la discusión democráticamente abierta y participativa, y ello no se logra llamando a votar por proposiciones oscuras y tramposas. Como acabamos de recordar, otros son los caminos señalados por la Constitución vigente y por ellos hay que transitar.
Exhortamos a la ciudadanía ecuatoriana a articular esfuerzos con el fin de exigir al Estado mejores respuestas para solucionar la crisis de inseguridad y violencia que está viviendo el país, con el fin de garantizar los Derechos Humanos de todas y de todos.
Guayaquil, 1 de febrero del 2023.
Directorio del CDH