A nombre del Tribunal Popular por Justicia en Cárceles conformado por las juezas: Evelyn Solari Dávila, Gina Benavidez Llerena y el juez Ramiro Ávila Santamaría notificamos formalmente la sentencia del Tribunal Popular que se desarrolló en septiembre del año 2022 en la ciudad de Guayaquil en el auditorio de la Corte Provincial del Guayas.
Esta sentencia histórica visibiliza por primera vez el impacto que tiene el sistema carcelario en los derechos de las personas presas, en las familias y en la sociedad en general desde la perspectiva del derecho constitucional y los derechos humanos. Y es un mensaje clave para la academia, sociedad civil y demás sectores en seguir discutiendo sobre los efectos que tiene el punitivismo y las cárceles como una forma práctica tradicional que tenemos para resolver los conflictos que nunca ha funcionado.
Esta forma de justicia simbólica, ética y popular identifica los tres escenarios las cuales las familias de las personas privadas de libertad han tenido que atravesar, y que se han constituido al final como prácticas sistemáticas de Tortura. Un primer escenario donde el familiar ingresa al sistema penitenciario corrupto, criminal y violento que ocasiona una transformación abismal en su proyecto de vida. Un segundo escenario, donde se evidencia la inexistencia de mecanismos de acceso a información y tratos crueles inhumanos y degradantes al momento de realizar las visitas íntimas y familiares. Por último, tenemos un tercer escenario que se caracteriza con las masacres carcelarias. Este último genera un daño muy profundo y traumático debido a que las muertes ocurrieron de manera violenta y bajo custodia del Estado. Ese dolor y daño se ha ido agravando a partir de las múltiples revictimizaciones que han sufrido desde el Estado y también desde la opinión pública en general donde se ha polarizado entre “personas buenas y personas malas”.
En ese sentido, el Tribunal ha identificado la vulneración de los derechos: a la integridad personal, vida digna y proyecto de vida, igualdad y no discriminación, debido proceso, seguridad jurídica, no revictimización y victimización secundaria, acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y a la verdad, reparación integral, derechos de grupos de atención prioritaria y a la paz.
Además, ha examinado las modalidades de responsabilidad que tiene el Estado en las masacres carcelarias: por omisión, porque no actuó cuando debía actuar para evitar las masacres carcelarias; y por acción, pues ha contribuido, a través de una política pública securitista, a que las cárceles no sean espacios de rehabilitación sino de crimen, violencia y muerte.
Finalmente, el Tribunal considera que las familias tienen derecho a acceder a una reparación integral que el Estado debe ofrecer. Pero también, acepta que toda la sociedad le debe disculpas públicas a las familias de las personas privadas de libertad víctimas de las masacres carcelarias por cuanto la violencia generalizada que reproduce el Estado se ha replicado en el modelo carcelario desde hace años, y lo hemos omitido. Por ello, el Tribunal Popular ofrece disculpas públicas a las familias en representación de toda la sociedad.
El rol que han jugado las familias en la búsqueda de verdad, justicia y reparación al ser víctimas de la crisis carcelaria es vital, se han transformado en personas defensoras de derechos humanos. En esa línea, el mensaje de la presente sentencia es político. Es un llamado urgente que nos hacen las víctimas del sistema carcelario para que pensemos nuevas formas de resolver conflictos que no se relacionen con el encierro.
El CDH invita a todxs a poder revisar la presente sentencia, a debatirla, criticarla y siempre a retroalimentarla. No es una sentencia en firme, es una sentencia popular que la construiremos de forma permanente para cambiar las graves violaciones a derechos que ocasiona la existencia de las cárceles.
Descargue Sentencia del Tribunal Popular por Justicia en Cárceles.
En seguimiento a lo que establece la sentencia, anunciamos que el CDH, conjunto al Comité de Familiares por Justicia en Cárceles presentaremos a finales de abril del 2023 una demanda de acción de protección por vulneración de derechos Humanos en contextos de la crisis carcelaria en el Ecuador. Esta demanda, busca verdad y justicia para todas las familias afectadas producto de las masacres carcelaria.
#ElEstadoEsElResponsable
¡Hasta que la dignidad se haga costumbre.
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1 marzo 2023
419 muertos y cero responsables: dos años de la oleada de masacres carcelarias en Ecuador
Diario El País de España
“Los eventos que vemos hoy en día al interior de las cárceles del país son el resultado del progresivo aislamiento y sistemático abandono estatal” sostiene Billy Navarrete, director del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil y coincide con las conclusiones que hicieron los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de visitar algunas de las cárceles del país.
Leer nota completa: https://bit.ly/40Ieo31
5 marzo 2023
Dos años de matanzas en las cárceles del Ecuador: entre las mafias carcelarias, la poca gestión gubernamental y las familias que exigen justicia al Estado
Infobae.com
El último informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador (CDH), que lleva un registro detallado de la situación carcelaria desde 1986, ha señalado que entre el 2018 y el 2022, 591 cadáveres fueron encontrados dentro de las cárceles del país. De ese total, el 76% fueron personas asesinadas en matanzas dentro de las prisiones. Únicamente entre el 2020 y el 2022, se cuentan 458 muertes, 39 más que el registro oficial.
“Queremos justicia, queremos saber por qué a nuestros hijos nos los entregaron mutilados e incompletos. Hay muchos familiares que enterraron a sus hijos incompletos, a unos solamente los entregaron en polvo”, dice Ana Morales, una de las voceras del Comité de Familiares por la Justicia en las Cárceles, quien habló con Infobae sobre las exigencias de las familias.
Entre las demandas del Comité de Familiares por la Justicia en las Cárceles se exige que el Estado garantice una auténtica rehabilitación y reinserción social de quienes cumplen sus condenas.
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