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Pronunciamientos
Carta sobre Movilidad Humana Venezolana
Ilustración de Joseph publicada en Diario Expreso, Ecuador 21 de agosto de 2018
Las organizaciones y personas abajo firmantes, miembros de un grupo de trabajo de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, en calidad de defensoras de los derechos humanos, de los derechos de la movilidad humana, de ayuda humanitaria, de desarrollo y académicos/as, hacemos un llamado a los Estados de la región, a la sociedad civil y a la comunidad internacional, con el fin de redoblar esfuerzos y trabajar de manera conjunta frente el masivo desplazamiento forzado de más de dos millones de personas venezolanas que se encuentran actualmente en varios países de la región. En particular, resaltamos la importancia del reforzamiento de la protección y de la prevención de cualquier vulneración de los derechos de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional.
Xenofobia no es solución ante crisis humanitaria venezolana.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, expresa su honda preocupación por el anuncio del Gobierno Nacional de exigir pasaporte a los ciudadanos venezolanos, desde el sábado 18 de agosto de 2018, para garantizar supuestamente la seguridad frente a la migración riesgosa. Tal medida violentaría expresa normas constitucionales y la Ley Orgánica de Movilidad Humana, LOMH, que nuestro país está obligado legalmente a observar, como se explica a continuación:
El CDH se pronuncia sobre aprobación de Ley Económica Urgente
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos manifiesta su preocupación por el tratamiento apresurado de la llamada “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Creación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, y por las eventuales consecuencias de la misma en la situación de los derechos económicos y sociales de los sectores más vulnerables del país:
El conflicto sobre el proyecto minero Río Blanco
Audiencia de apelación a fallo judicial por clausura de mina, Corte de Justicia de Cuenca, 23 de julio de 2018
El proyecto Río Blanco es un proyecto de minería de oro y plata de media escala que provoca una situación de conflicto con las comunidades locales. Se ubica en la parroquia Molleturo y Chauca, cantón Cuenca, provincia de Azuay. Más concretamente, la mina se encuentra dentro del bosque protector Molleturo-Moltepongo, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, ecosistema páramo dónde hay varios nacimientos de agua. En otras palabras, el proyecto se ubica en una zona frágil y sensible.
CPCCS-T extralimita mandato de Consulta Popular
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos expresa su preocupación por una serie de recientes acontecimientos que contribuyen a debilitar la vigencia de la Constitución de la República y los derechos de participación de los habitantes del Ecuador.