El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos manifiesta su preocupación creciente por la situación actual del Ecuador, con manifestaciones múltiples en lo económico, político, social, moral y cultural, que revelan una peligrosa descomposición del Estado y de la Sociedad, con efecto negativo directo sobre los derechos humanos de los ecuatorianos.
Las consecuencias más importantes se dan sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el aumento del desempleo y deterioro del acceso laboral a la seguridad social, que golpean con fuerza a los estratos pobres y a la clase media, generan un aumento progresivo de la inequidad y conflictividad social, paralelamente al aumento de la inseguridad pública y privada, signada por el incremento delincuencial. Las medidas recesivas que está tomando el gobierno por los acuerdos con el FMI y otros organismos agravarán fuertemente la situación descrita, como la ola de despidos masivos a nivel del Estado y de empresas privadas, que incrementan la pobreza y contraen la economía, a lo que se suma la anunciada “flexibilización laboral” que precarizará aún más la situación de las clases trabajadoras.
Por otra parte, la restricción de la inversión social agudiza las tensiones sociales por la matriculación estudiantil, la pérdida de beneficios de alimentación y uniformes escolares, revocada temporalmente por el rechazo ciudadano, y a nivel universitario la reducción de plazas para internado médico; preocupa también la desatención a los reclamos de los jubilados, el anunciado incremento de la edad de jubilación, las suspensiones en la entrega del bono de Desarrollo Humano, el empobrecimiento rural por falta de políticas de precios justos para sus productos, los hechos expresan ese deterioro y su consecuencia legítima es la protesta social.
Esa inequidad no es sólo económica sino también de género, expresada en el incremento de femicidios, agravado por la reducción de recursos de los programas estatales; étnica, como lo muestran las duras condiciones de vida de las comunidades negras e indígenas urbanas y rurales; de edad, reflejada en mendicidad, explotación laboral y sexual a menores; homofobia y xenofobia, sin avanzar soluciones más allá de los discursos, cuestionados también por la falta de transparencia en la información como se ve en los casos de los periodistas, ciudadanos y soldados muertos en la frontera.
La respuesta política frente a los reclamos sociales ha sido el amedrentamiento y la represión, ignorando los derechos constitucionales a la libre expresión y a la resistencia, impulsando la persecución judicial contra adversarios y críticos, como en los casos del ex Ministro Ricardo Patiño y el cierre del portal de noticias de Ecuador Inmediato, por denuncia gubernamental. Después de la desacertada entrega de Julián Assange en Londres, criticada mundialmente por violar derechos fundamentales como el de asilo, libertad de expresión y de prensa y otros conexos, se intenta cubrir las apariencias con la detención arbitraria del sueco Ola Bini. El sistema de justicia en el Ecuador no es independiente, está siempre al servicio de los intereses políticos.
El previsto crecimiento de la protesta social será mayor cada día en que se avance en la vulneración de derechos a la población. Llamamos a la ciudadanía y a las más altas autoridades de todas las funciones del Estado y de la Fuerza Pública, especialmente al señor Presidente de la República, a guardar y garantizar el más irrestricto respeto a los Derechos Humanos Políticos, Económicos, Sociales, individuales y colectivos de las y los ecuatorianos y los extranjeros que habitan en nuestro País, conforme se lo dispone la Constitución y los Convenios Internacionales pertinentes.
Guayaquil, 26 de abril de 2019
Fernando Gutiérrez Vera
Presidente del Directorio
Billy Navarrete Benavidez
Secretario Ejecutivo