Entre 2018 y 2023 se registraron más de 680 muertes de personas privadas de libertad como resultado de masacres carcelarias, facilitadas por la inacción del Estado. Esta violencia exacerbada fue utilizada como justificación para que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, decretara el estado de excepción por la causal de conflicto armado interno el 9 de enero de 2024. Este decreto fue renovado el 7 de marzo de 2024 mediante el Decreto Ejecutivo 193. Como consecuencia, se estableció una ocupación militar permanente en algunas prisiones del país, bajo el argumento de que "las prisiones ya estaban controladas".
El presente informe tiene como objetivo identificar la situación penitenciaria tras la ocupación militar y analizar las tendencias de graves violaciones a los derechos humanos que afectan a las personas privadas de libertad, sus familiares y los funcionarios penitenciarios.
Asimismo, identificamos que únicamente los Decretos Ejecutivos 111 y 193 ordenaban la intervención de las Fuerzas Armadas en el control penitenciario. Por lo tanto, desde el 6 de abril de 2024, las Fuerzas Armadas se encuentran ocupando las prisiones de manera ilegal.
El CDH considera que las decisiones tomadas durante 2024 no solo agravaron la crisis penitenciaria, sino que también mantuvieron niveles de violencia alarmantes, con un número de muertes violentas casi igual al registrado en 2023.