La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, instancia de coordinación de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos de América, Europa y Africa, expresa su preocupación y rechazo a la persecución política judicial de David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP), de Ecuador.
Desde 2019, David Almeida, como secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP), ha denunciado reiteradamente los perjuicios económicos que se ocasionarían a Ecuador, debido a los intentos de privatización de los campos petroleros más rentables y de la infraestructura hidrocarburífera del país.
Almeida, en su legítima condición de dirigente de los trabajadores petroleros ecuatorianos, ha presentado análisis técnicos y económicos que destacan el impacto negativo de privatizar los campos Sacha, Amistad, 16 y 67, así como las consecuencias de la no reversión al Estado ecuatoriano, del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el cual, según contrato firmado hace 20 años, debía regresar al Estado en enero del 2024, pero sigue en manos de capitales privados argentinos por decisión del gobierno ecuatoriano.
Estas denuncias fundamentadas realizadas por el dirigente de los trabajadores petroleros, en uso del derecho a la libre expresión, garantizado por la Constitución del Ecuador, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversos instrumentos internacionales y organismos del sistema interamericano, han sido difundidas en medios de comunicación nacionales, redes sociales y en el periódico mensual de la ANTEP, en las que ha enfatizado los perjuicios al Estado en la renta petrolera y en los ingresos fiscales del país, debido a la iniciativa gubernamental de privatización de estos recursos, que ha sido realizada de manera poco transparente y contraria al interés de la mayoría de ecuatorianos.
Durante el paro nacional de 2022, el gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso ya intentó despedir a Almeida, debido a la difusión de un estudio sobre la balanza positiva de combustibles, lo que generó una fuerte reacción de apoyo de gremios y movimientos sociales, impidiendo su desvinculación de la empresa.
Hoy, bajo el gobierno de Daniel Noboa, la situación se repite. Lejos de propiciar un debate público y democrático sobre estos temas de interés nacional, se ha iniciado un proceso de persecución política judicial contra Almeida, acusándolo esta vez de divulgar información confidencial en una entrevista radial. Esta medida no sólo constituye una persecución laboral, sino también un atentado contra la libertad de expresión, ya que se pretende sancionarlo por presentar estudios técnicos y su opinión ante la ciudadanía, situación que afecta tanto al emisor de la opinión, como a los ciudadanos, que tienen derecho a recibirlas sin interferencias. Cabe destacar que, durante la entrevista no se violó el acuerdo de confidencialidad que mantiene con la empresa en la que labora, ya que los análisis realizados por ANTEP se han basado exclusivamente en información pública.
Además de reivindicar el derecho del pueblo ecuatoriano a administrar sus riquezas básicas, en virtud del ejercicio del derecho de libre determinación consagrado en el artículo 1° tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y como del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, queremos recordar que existe una amplia normativa y jurisprudencia internacional en defensa de la garantía de la libertad de expresión, entre las cuales está la Constitución de la República del Ecuador, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Constitución de la República del Ecuador: “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: Numeral 6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. …”
Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Corte Interamericana de Derechos Humanos: “La libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de interés público, se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector cualquiera de la población” (Corte IDH. Caso de Eduardo Kimel. Sentencia del 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177. Párr. 88).
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “La libertad de expresión es uno de los principales fundamentos de una sociedad democrática y una de las condiciones más importantes para su progreso y el desarrollo individual”. Por ello, la libertad de expresión debe amparar no sólo las ideas “recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también las que hieren, chocan o inquietan: así lo demanda el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin las cuales no existe una ‘sociedad democrática’”.
La notificación del inicio del procedimiento sancionatorio contra David Almeida constituye una clara muestra de intimidación y amedrentamiento, para coartar el uso legítimo de la libertad de expresión de quienes discrepan con las acciones gubernamentales. Una vez más, gremios, movimientos sociales y figuras públicas del Ecuador e internacionales han expresado su solidaridad, y, como Plataforma Internacional por los Derechos Humanos estaremos atentos al curso de los acontecimientos, en defensa de los derechos humanos y de la convivencia democrática.
PLATAFORMA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
26 de septiembre de 2024.-
La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, instancia de coordinación que integran diversas organizaciones del continente americano y europeo, expresa:
El rechazo y mas enérgico repudio a la intervención ilegítima e ilegal dispuesta por el Gobierno de Javier Milei sobre la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, pretendiendo además el desplazamiento de la actual rectora, Cristina Caamaño.
La medida aludida se inscribe en el sesgo profundamente autoritario del gobierno de Javier Milei, sus avances sistemáticos contra la estructura integral de los Derechos Humanos y en el caso de las Universidades Públicas a través de embates y desfinanciamientos desde el inicio de su mandato.
En el caso particular, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, constituye un faro educativo, representativo además de la lucha, promoción y protección de Derechos Humanos por parte de las Madres de Plaza de Mayo. Representación trascendental en el orden nacional e internacional.
Insistimos en la defensa estructural de los Derechos Humanos, en tanto acciones como la presente, indican de manera clara ideas definitivamente contrarias a la educación pública, las universidades públicas, las protecciones de Derechos Humanos y las Madres de Plaza de Mayo.
Dejar pasar, medidas autoritarias de este tenor, es permitir el autoritarismo y negacionismo, retrocediendo en conquistas sustanciales logradas durante décadas por la comunidad internacional.
PLATAFORMA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
26 de julio de 2024.
La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, instancia de coordinación de reciente conformación que integran diversas organizaciones del continente americano y europeo, desea expresar su preocupación por la inquietante situación de los Derechos Humanos en El Salvador, país donde se han venido implementando políticas y medidas regresivas con claro sentido autoritario, desde la asunción del actual presidente de la Republica, Nayib Bukele, en el año 2019, especialmente en el Sistema de Justicia y en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, generando la ausencia de controles constitucionales y amenazando la necesaria independencia de los Poderes del Estado.
El mencionado sesgo autoritario, que importa políticas de sostén represivas en contra de los derechos humanos fundamentales del pueblo salvadoreño, ha sido constatado por especialistas en materia de derechos humanos, por informes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, y a través de las múltiples denuncias y testimonios que se han recopilado y dadas a conocer públicamente. El cúmulo de información refleja que existen prácticas por parte de las autoridades del Estado, como detenciones arbitrarias sin investigaciones e imputaciones previas; personas que fueron sometidas a condiciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes, en condiciones de encarcelamiento mediadas por hacinamiento, falta de acceso a la alimentación y el agua, servicios de salud o medicamentos, ocasionando incluso, la muerte de privados de libertad.
Además, es manifiesto el permanente ataque que el presidente de la República, Nayib Bukele, dirige contra defensoras y defensores de derechos humanos, personas opositoras y críticos al gobierno, periodistas y medios de comunicación independientes, que de manera imparcial y objetiva denuncian las irregularidades y transgresiones éticas y jurídicas de su gobierno. A la fecha, existe una gran cantidad de periodistas exiliados producto de su estado de indefensión.
El retroceso se torna evidente en los derechos de las mujeres y la niñez, constatándose en la eliminación de programas sociales. La falta de servicios ha provocado un evidente abandono de las políticas públicas dirigidas a mejorar los ingresos de las mujeres, la atención a los casos de violencia y la salud sexual y reproductiva. Existe, además, degradación en instituciones que velan por los derechos de la niñez y adolescencia, como el caso del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), que se presenta en la actualidad sin programas, ni proyectos en beneficio de este sector. De igual modo, violaciones de derechos en torno a detenciones de adolescentes en el marco del régimen de excepción; nacimiento de niños y niñas dentro de centros penales con exclusión de atenciones y controles médicos tanto a las madres como a los recién nacidos, generándose situaciones de extrema precariedad y gravedad, incluyendo la muerte.
Por todo lo mencionado y expuesto, exigimos:
Dejar sin efecto el régimen de excepción, debido a no existir motivos legales para su permanencia, restituyéndose los derechos y garantías fundamentales al pueblo salvadoreño y disponiendo la inmediata libertad de los inocentes detenidos bajo este régimen, reparando los daños que se les ha ocasionado.
La creación inmediatamente de políticas públicas a favor de la protección de los derechos de las mujeres y niñez.
Reformular las cuestionadas políticas implementadas para combatir la delincuencia, teniendo presente que su eficaz combate no ´puede ser jamás incompatible con el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Por último, llamamos a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo a alzar su voz exigiendo de las autoridades políticas de El Salvador el debido cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, derivadas de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales sobre la materia.
PLATAFORMA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
22 Julio de 2024.-
La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos quiere expresar su preocupación por un conjunto de iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, en Argentina, tendientes a poner término a un conjunto de políticas públicas que daban cuenta del compromiso del Estado argentino con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Los grandes avances conseguidos en esta materia por parte de las organizaciones de derechos humanos hoy pretenden ser borrados por parte del Gobierno argentino, bajo el falaz argumento de la necesidad de recortar el gasto fiscal. Detrás de estas medidas, se esconde una impúdica simpatía con la dictadura cívico-militar, un reprochable negacionismo, una inadmisible reivindicación del terrorismo de Estado y una inaceptable relativización de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar.
Lo que comenzó como una descalificación a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas de Plaza de Mayo y a los organismos de Derechos Humanos, ahora su nefasta política se expresa en el despido de trabajadores de los organismos estatales que se desempeñan en la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. Al finalizar junio, echaron a 50 trabajadores, principalmente del Archivo Nacional por la Memoria y los Espacios de Memoria, que no podrán seguir funcionando por no tener al personal capacitado para la misión para los que fueron creados.
Por otro lado, a las unidades que subsisten, no les transfieren los recursos necesarios para llevar adelante su cometido. Se trata de un ataque liso y llano a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Lo mismo pasa con Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, otro ejemplo del atropello al legado que la lucha por los derechos humanos en Argentina significa, ya que no se les ha asignados los fondos correspondientes para su normal funcionamiento, por lo que en lo que va del 2024 no han podido cobrar sus sueldos los docentes y los no docentes. La Universidad resiste gracias al empuje militante de quienes todos los días trabajan para sostenerla, y por el apoyo que la sociedad en su conjunto le ha expresado. Se sigue reclamando al Gobierno Nacional que cumpla con la ley, y que deje de apostar a que el desfinanciamiento de la UNMa sea la manera más sencilla que tienen para cerrarla, que es el verdadero propósito que tienen desde que asumieron el Gobierno, en diciembre pasado. La Universidad el 6 de abril cumplió 24 años, tiene 2300 estudiantes, 250 docentes y 70 no docentes y brinda seis carreras universitarias.
Otro organismo que quieren terminar por decreto es la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, una rama de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y desplazar a Claudia Carlotto, su directora. Este organismo se ocupa de buscar a los niños y niñas robados durante el terrorismo de Estado.
Para ocuparse de la búsqueda de los bebés robados, la Conadi recibe denuncias – de personas que tienen un dato que puede ayudar al encuentro – y las presentaciones espontáneas de quienes dudan sobre su origen biológico.
Tratándose de un gobierno que niega los crímenes de la dictadura, cerrar una Universidad con orientación en derechos humanos, donde su materia trasversal a todas las carreras que brinda es Historia de las Madres de Plaza de Mayo, o desmantelar el organismo que se ocupa de encontrar a los bebés apropiados, es demostrar que lo peor de la maquinaria criminal era cierto.
También, la semana pasada despidieron a una de las dos personas que quedaban dentro del Ministerio de Defensa, desarticulando por completo los equipos queinvestigan los crímenes de la dictadura cívico-militar.
Además, tenemos presente que el propio Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), junto con recordarle al Gobierno de Milei su obligación de respetar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, afirmó que “las recientes medidas propuestas amenazan con socavar la protección de los derechos humanos.”
Para el ACNUDH, hay varios ejes problemáticos en la plataforma de Gobierno de Milei: el recorte del gasto público para los sectores más desprotegidos –que llegó a su paroxismo con la restricción de medicamentos a personas con enfermedades graves o el acopio de alimentos en depósitos del Ministerio de Capital Humano–, la desaparición del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la eliminación de instancias como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) o los centros de acceso a justicia (CAJ) y la postura de la Cancillería de no participar en ninguna reunión referida a la Agenda 2030.
A su vez, organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han denunciado que desde que se puso en marcha el protocolo, la protesta pasó de ser un derecho a convertirse en un delito. La ministra del Interior puso en marcha un registro de quienes suelen cortar la calle mientras impulsa denuncias penales y pretende cobrar por los operativos que ella misma diseña.
La muy difícil situación económica actual en Argentina golpea hoy a prácticamente todos los sectores y actividades, incluyendo el de los medios de prensa y comunicación, cuestión que se agrava en el caso específico del ejercicio del derecho humano a la comunicación, con políticas que le afectan directamente, como son la existencia de una constante agresión de parte de las autoridades gubernamentales y sus seguidores y adherentes contra cualquier posicionamiento crítico o incluso apenas interrogativo, la toma de medidas que tienden al desfinanciamiento y privatización de medios públicos y alternativos a la prensa dominante, la eliminación de unidades completas del sistema de medios públicos y la desfinanciación de universidades públicas que sustentan a un buen número de medios de comunicación, el desmantelamiento del mundialmente reconocido y referencial Instituto Nacional de Cine (INCAA).
Todas estas realidades y acciones configuran un cuadro de una completa regresión y retroceso frente a los avances que contempló en su momento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o “Ley de Medios” promulgada en el año 2009, legislación que fue vista como genuino ejemplo a nivel regional por sus fines de democratización y pluralismo, pero cuya vigencia y aplicación efectiva ha sido, como es conocido, objeto de múltiples disputas jurídicas y políticas que han impedido la implementación de una parte muy significativa de sus contenidos.
La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos denuncia a la opinión pública internacional que estas políticas y medidas constituyen un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de la suscripción y ratificación de tratados internacionales de derechos humanos por parte del Estado argentino, que lo hacen incurrir en responsabilidad internacional.
PLATAFORMA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
7 de Julio de 2024.-
Las organizaciones firmantes, queremos comunicar a la opinión pública, tanto nacional como internacional, nuestra reciente decisión de conformar una Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, inspirada en los siguientes principios y consecuentes objetivos:
En primer lugar, esta instancia de colaboración y coordinación, surge porque compartimos y promovemos la solidaridad internacional, la hermandad entre los pueblos y la lucha por el establecimiento de sistemas verdaderamente democráticos, fundados en el respeto y garantía de los derechos humanos, consagrados en los diversos tratados internacionales sobre la materia y demás
fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En segundo lugar, tenemos como organizaciones defensoras de los derechos humanos de nuestros pueblos, propósitos comunes y trayectorias similares, pero también, amenazas comunes de carácter global, frente a las cuales, debemos articularnos, coordinarnos y apoyarnos colectivamente. Particularmente, nos preocupa el surgimiento de una ultraderecha neofascista en el mundo, cuyas
políticas importan graves retrocesos en materia de democracia, derechos humanos y conquistas sociales.
En consecuencia, nos proponemos cumplir dos objetivos centrales:
1.- Apoyar las legítimas exigencias que hacen los pueblos y sus organizaciones en sus respectivos territorios, por la defensa de los derechos humanos y el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados, producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de Derechos Humanos.
2.- Proponer reformas al sistema de protección internacional de derechos humanos, tanto de los órganos y mecanismos de carácter universal como regional, que permitan garantizar su eficacia y garanticen su necesaria autonomía, fuera de toda tutela, única forma de cumplir con los objetivos para los cuales fueron creados.
Sólo a título ejemplar, diremos que el genocidio que hoy ocurre en Gaza, ha mostrado la inoperancia e ineficacia del sistema, el que ha sido incapaz de detener la barbarie en curso.
Hasta el momento, se han incorporado a esta Plataforma, organizaciones que promueven la defensa de los Derechos Humanos provenientes de países de nuestra América, como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala y Chile, así como una de alcance continental y otra, de Italia, Europa.
Nuestro objetivo es que esta instancia de colaboración, intercambio de información y coordinación de acciones, tenga alcance global y se incorporen, por tanto, organizaciones provenientes de los cinco continentes.
Estamos convencidos de que esta Plataforma, contribuirá con su coordinación y accionar, al establecimiento de una mejor convivencia, tanto en nuestros países como a nivel internacional, fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos, que permitan alcanzar la plena dignidad de nuestros pueblos, en el marco de una genuina paz y seguridad internacional.
Comisión Chilena de Derechos Humanos- CCHDH (Chile)
Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia-CRED (Italia)
Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (Argentina)
Asamblea por los Derechos Humanos-APDH Neuquén (Argentina)
Asociación Pro Derechos Humanos- APRODEH (Perú)
Plataforma Autogobierno Social Territorial (Perú)
Asociación Americana de Juristas (Sección Brasil)
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CDH Guayaquil (Ecuador)
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH (Ecuador)
Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo-CAJAR (Colombia)
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia-APDH (Bolivia)
Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de
la Deuda Pública- RICDP (Uruguay)
Lily Escobar, exDiputada, expresidenta Comisión Derechos Humanos Parlacen y
signataria Acuerdos de Paz (Guatemala)
Plataforma Internacional por los Derechos Humanos
16 de junio de 2024.-