Desde el pasado 5 de septiembre, al menos 500 miembros de la fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, permanecen en el plan habitacional Socio Vivienda II, adonde llegaron a raíz de las escenas de violencia que habían viralizado a través de redes sociales, por enfrentamientos entre dos grupos violentos, y respaldados en un Estado de Excepción, vigente en la Zona 8 desde el pasado 14 de agosto.
La recurrente militarización de esa comunidad no ha constituido una solución real a la problemática de inseguridad, al contrario ha agudizado las condiciones de segregación y criminalización de sufren al menos 3.000 familias, pues imponen ambientes similares a “zonas de guerra”, violando el derecho a la integridad personal de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros grupos, al instaurar miedo e incertidumbre. Todo aquello como resultado de una política de seguridad que únicamente concibe a la violencia como respuesta y solución a la problemática.
Para el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), integrante de la Red de Organizaciones Sociales del Noroeste, esas prácticas no cumplen con el fin deseado en relación a la erradicación de la violencia y la lucha contra las organizaciones delictivas, que mantienen atemorizada a la comunidad. Una comunidad que es víctima del maltrato desde el momento de su reasentamiento, puesto que no cuenta con garantías para la seguridad de tenencia de las casas que ahí habitan, desde hace una década, al no haber recibido del Ministerio de Vivienda un título de propiedad, documento que es elemental para crear sentido de pertenencia que los lleve a cumplir con el pago de servicios básicos, como la energía eléctrica, cuyo abastecimiento fue cortado de manera masiva durante la reciente militarización.
El pasado jueves 8 de septiembre camiones de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) llegaron al sitio para cortar el servicio en casi 1.000 domicilios. Previamente, con maquinaria del Municipio de Guayaquil, se destruyeron reductores de velocidad, que habían sido colocados en varias calles; y, se derribaron grandes portones que, según los habitantes de esa zona, les servían de protección frente a la inseguridad que prevalece en aquel sector.
Un día después, el viernes 9, militares y policías también allanaron violentamente varias casas de Socio Vivienda II, respaldados en el Estado de Excepción, vigente en la Zona 8 desde el pasado 14 de agosto. Violentaron las seguridades de aquellas viviendas e ingresaron destruyendo lo que había dentro, en busca de armas o drogas, que creyeron iban a encontrar.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre Seguridad y Derechos Humanos ha identificado que la participación de la sociedad en las políticas de seguridad ciudadana, desde el enfoque preventivo, son mucho más eficaces que las habituales relacionadas con operativos policiales de investigación o detención, que en su mayoría suelen violar Derechos.
En el caso de Socio Vivienda II, la crisis existente la originó el mismo Estado que forzosamente construyó una comunidad artificial, resultado de reasentamientos involuntarios de miles de familias que, desde el año 2012, no gozan de una Vivienda Digna ni de políticas públicas o programas sociales, de recreación, áreas verdes, etcétera.
Las comunidades de Guayaquil no son violentas, reciben violencia por la falta de política social de prevención y decisiones improvisadas, sin planificación y sin resultados técnicos. En ese sentido, desde el CDH:
1. Exhortamos al Gobierno Nacional a comprometerse con la seguridad ciudadana y aplicar medidas técnicas, debidamente estudiadas, que logren el resultado deseado de forma integral, buscando la prevención como un modelo de comunidad donde la existencia de derechos sea real. Y de sanción, donde el debido proceso, la transparencia y la rendición de cuentas, exista.
2. Recomendamos valorar la experiencia y trabajo técnico con que cuenta la Red de Organizaciones Sociales del Noroeste, centrada en la protección de comunidades largamente excluidas por parte de la Política Pública. Poseemos estudios y planes, que requieren apoyo estatal, para crear buena práctica de articulación interinstitucional, que se focalice en los centros educativos de aquel sector de Guayaquil.
3. Rechazamos las medidas superficiales, violentas, improvisadas y sin resultados, ejecutadas en la Comunidad de Socio Vivienda II, que en esta nueva militarización (la sexta, desde su creación en 2012) no ha logrado solucionar los problemas de inseguridad existentes.
La única vía para reducir la violencia, es atacar la desigualdad y promover los espacios de paz y de derechos.
Lcdo Billy Navarrete Benavidez
Director Ejecutivo del CDH
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Billy Navarrete, del Comité Permanente de Derechos Humanos, considera “indispensable, imperativo y urgente, desarrollar operaciones más efectivas que logren desmontar esas organizaciones criminales”.
“Es indispensable que el Gobierno nacional convoque a asambleas abiertas para diseño de una respuesta integral y focalizada, por ejemplo, en lo que está pasando en Socio Vivienda 2, por los niños, por ser grupos de atención prioritaria. Debe agotarse de manera urgente, rápida y directa una serie de acciones”, considera.
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El director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Billy Navarrete, considera insensata e indignante la acción de CNEL en este sector. “ Es condenable e indignante, es un hecho que agrava severamente las condiciones de vida y que conducen a agudizar la violencia”.
Sostiene que el corte de energía eléctrica agrava severamente las condiciones de vida de los habitantes y conducen a agudizar la violencia.
“El Estado debe entender que se trata de una sociedad largamente excluida y abandonada. Las 3.000 familias que habitan en este sector están sufriendo una violencia extrema. No hay ningún soporte que justifique una restricción del servicio eléctrico. Ya el hecho de la militarización constituye una agravante, no están resolviendo la convivencia de esas personas”, expresó Navarrete.
Aseveró que la mayoría de las familias que habitan en Socio Vivienda durante años han reclamado la titularidad de sus casas, luego de que fueran desalojadas de sus antiguos hogares.
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