El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH alerta sobre nivel de violencia generalizada sufrida ayer 3 de octubre de 2019 en varias ciudades del Ecuador resultado de protestas de gremios, estudiantes y organizaciones sociales como reacción al anuncio del Gobierno Nacional de alzar de combustibles y otras medidas económicas que afectan directamente los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población.
El Gobierno Nacional el día 1 de octubre anunció medidas económicas consistentes en la liberalización del precio de gasolina eco y el diésel, lo que incidirá en el alza de pasajes del transporte público; reducción de 15 días de vacaciones de los servidores públicos; incautación de 1 día de sueldo a empleados de empresas públicas; disminución del 20% de la remuneración a los servidores que no gozan de estabilidad; supresión de la pensión mensual de jubilación patronal por un fondo único, entre otras que afectan los derechos económicos sociales de parte importante de la población del país. El CDH considera que varias de esas medidas son inconstitucionales por su carácter regresivo y confiscatorio.
El Gobierno Nacional emitió ayer el Decretó 884 que “declara el estado de excepción en todo el territorio nacional, en razón de las circunstancias de grave conmoción interna, pues las paralizaciones en diferentes lugares del país, han alterado el orden público, impidiendo la normal circulación vehicular, provocando situaciones de manifiesta violencia que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de las personas; así como también, la alerta de una posible radicalización de la medida en todo el territorio nacional, ya que las diferentes agrupaciones continúan convocándose para jornadas de protesta continua e indefinida. Tal situación, requiere de intervención emergente a fin de precautelar la seguridad y los derechos de todas las personas.”
El estado de excepción ha sido declarado con el propósito de atemorizar y parar la protesta de amplios sectores de la sociedad ecuatoriana frente a las drásticas medidas dictadas por el Gobierno. De esta manera se atenta contra el derecho a la protesta pacífica. No disculpamos la utilización de medios violentos por parte de algunas personas, afectando la integridad, seguridad y propiedad pública y privada, peor actos de vandalismo y saqueo lo cual condenamos enérgicamente.
Pero el estado de excepción declarado se aparta de la Constitución y de la Convención Interamericana de Derechos humanos y por eso debe ser levantado de inmediato, pues para el control del orden público e indispensable represión a la delincuencia debe bastar con la intervención prudente de la Policía Nacional, ahora equipada y preparada para ello, con el apoyo de las Fuerzas Armadas sólo en las situaciones que pudieren rebasar a la acción Policíal.
Por otro lado, no es democrático que se desarrolle la discusión de un paquete de medidas antipopulares dictadas tras bambalinas por el FMI, en la Asamblea Nacional mientras el Pais se encuentra bajo Estado de Excepción con fuerte restricción de los Derechos Civiles y Políticos.
El CDH, en el primer día de movilizaciones, reporta las siguiente preocupaciones de hechos documentados registrados en Guayaquil, ciudad donde fuentes oficiales señalan 265 detenidos ayer:
- Extendida zozobra en la ciudadanía debido a saqueos a comercios y asaltos a plena luz del día perpetrados por numerosos grupos expontáneos ocurridos en barrios al sur de la ciudad y en ciudadelas. En la mañana se registraron momentos en los que el número de agentes de la Policía Nacional resultaron insuficientes para controlar el volumen de hechos delictivos que agudizó el temor en la población expectante a través de medios de comunicación y videos que circularon en redes sociales.
- En contexto de la marcha de gremios y organizaciones sociales realizada en la tarde en el centro de la ciudad, el CDH conoció la detención arbitraria y maltratos sufridos por Camila Santillan Ninahualpa y Yasser Quevedo Pino, estudiantes de Escuela de Cine de la Universidad de las Artes, que registraban con sus celulares la protesta en el Malecón Simon Bolivar, acusados del paralización de un servicio público (Art. 346 del COIP) según parte policial. En el caso de esta pareja, se observó largo periodo sin información oficial sobre su paradero, luego de ser separados. Camila permaneció 3 horas dentro de patrulla policial junto a dos agentes en recorridos no relacionados con su detención ni con labor policial.
En esas mismas circunstancias fue detenido arbitrariamente Juan Rangel Marquez, joven colombiano, que en declaración durante audiencia de flagrancia indicó que se encontraba en 9 de Octubre y Pichincha cuando un policías motorizado grito “cógelo por ser negro”. Las tres personas fueron defendidos por el CDH y puestos el libertad la tarde de hoy.
- En este mismo contexto, el CDH conoce de agresiones físicas y restricciones al ejercicio profesional de periodistas y comunicadores sociales por parte de agentes de la fuerza pública. Hecho concreto es lo denunciado por Fabián Burbano, miembro del CDH, cuando un agente de la Policía Nacional le arranchó el teléfono celular mientras transmitía protesta en el centro de la ciudad. Logró recuperarlo bajo amenaza de borrar información.
Hacemos un llamamos para promover la calma por todas la vías, crear medios de dialogo para responder al amplio descontento social contra medidas económicas y proteger de forma categórica los Derechos Humanos en contexto de el Estado de Excepción.
Guayaquil, 4 de octubre de 2019 (16h00)
Directorio del CDH
Fotos Andres Loor Moreira / CDH
