El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH expresa su profunda indignación por el linchamiento de tres personas ocurrido en Posorja la tarde del martes 16 de octubre de 2018, luego de que una multitud los sacó de Unidad de Policía Comunitaria UPC para ejecutarlos, como consecuencia de rumores difundidos en redes sociales, que los señalaban como secuestradores de niños.
Los tres adultos, dos hombres y una mujer, fueron detenidos esa tarde e ingresados a la dependencia policial, acusados del robo de $200 dólares. La multitud mató a golpes a los detenidos y destruyó el UPC.
Frente a este acto, el CDH manifiesta lo siguiente:
- Lo ocurrido es un acto de barbarie cometido en pleno centro de la populosa localidad rural por un grupo espontáneo de personas que tomaron justicia por mano propia, basados en falsos rumores, y asesinaron con extrema crueldad a tres personas frente a una multitud.
- Resulta inaudito el desprecio a la vida de las personas y de los valores esenciales de la convivencia, cuando somos testigos fríos o divulgamos con morbo una matanza en tiempo real cometida por una multitud vengativa que sigue ciegamente rumores anónimos. Es igualmente condenable la implícita tolerancia de quienes fueron testigos mudos e indiferentes de los hechos.
- Llama la atención la aparente falta de reacción de los agentes de la Policía Nacional para activar oportunamente las alarmas y protocolos, que primordialmente debió garantizar la vida e integridad física de las personas en custodia estatal, considerando el lapso desde su detención hasta el asesinato.
- Este hecho representa una brutal expresión de hartazgo acumulado ante la extendida percepción de inseguridad ciudadana y corrupción judicial, pese a las modestas acciones estatales para prevenir y sancionar la delincuencia, especialmente la violencia basada en género y protección de la infancia, que evidentemente resultan insuficientes para enfrentar la profundidad del fenómeno social delincuencial.
Cabe recordar la recomendación que hizo el Comité contra la Tortura CAT de Naciones Unidas al Estado de Ecuador en los periodos de sesiones 45 y 46 (2010-2011): “El CAT condena los recientes linchamientos ocurridos en las provincias de Pichincha, Los Ríos, Guayas, Azuay, Cotopaxi y Chimborazo (arts. 2 y 16). El mismo informe indica que el Estado parte debería: a) Adoptar las medidas necesarias para mejorar la seguridad ciudadana en las zonas rurales, asegurando la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todo el territorio nacional; b) Velar por que los hechos sean investigados y los responsables llevados ante la justicia.”
Sin duda, los hechos ocurridos en Posorja interpelan nuevamente al Estado y a toda la sociedad, y nos llama urgentemente a buscar respuestas categóricas para reparar el daño sufrido en el orden público y evitar la naturalización de este fenómeno de intolerancia.
Los crímenes ocurridos son perturbadores síntomas del deterioro de la convivencia y la pérdida de confianza en la justicia que, por su naturaleza multicausal, demandan acciones concertadas para enfrentarlos integralmente. Es indispensable que estos hechos no queden en la impunidad, que el sistema de justicia se oriente a investigar y a sancionar los delitos y no a actuar por presiones políticas y mediáticas, para contribuir a una convivencia social armónica. Corresponde al Estado impulsar verdaderas políticas que garanticen la seguridad ciudadana y gobernar para promover la cultura de participación para la defensa de Paz y los Derechos Humanos, y los medios de comunicación deben contribuir con información veraz, y orientadora, que confronte la difusión de rumores y prejuicios sociales, que son el caldo de cultivo de la violencia social.
Guayaquil, 21 de octubre de 2018
Directorio del CDH:
Fernando Gutiérrez Vera, Presidente del CDH
Patricio Rivero Murillo, Vice Presidente del CDH
Billy Navarrete Benavidez, Secretario Ejecutivo del CDH
Telmo Jaramillo Ramírez, Tesorero del CDH