Cadena perpetua amerita no sólo una reforma constitucional y legal sino una profunda transformación de la política criminal del Estado Ecuatoriano
El Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), ante la propuesta de varias organizaciones sociales y de familiares y víctimas (1) de incluir la cadena perpetua como tipo penal en la legislación ecuatoriana, consideran que una reforma de esa naturaleza amerita no sólo una reforma legal sino constitucional y, simultáneamente, una profunda transformación de la política criminal del Estado ecuatoriano.
El artículo 201 de la Constitución establece que “el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad” y, además, “tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para […] cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad”, y una pena extrema como la cadena perpetua violaría esta norma constitucional e incluso los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984).
Las organizaciones de derechos humanos condenan firmemente y, a la vez, lamentan profundamente los recientes crímenes atroces de los que han sido víctimas niños y niñas; sin embargo, consideran que el presunto efecto disuasivo de una pena como la cadena perpetua no cumpliría su propósito sino que fomentaría el populismo penal, en lugar de asegurar la certeza de la sanción o mejorar la investigación de ese tipo de delitos y, por último, poner fin a la impunidad.
También aprovechamos esta coyuntura para llamar la atención sobre la iniciativa del Concejo Cantonal de Guayaquil en relación al proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana que se presentará a la Asamblea Nacional, considerando que el pronunciamiento municipal plantea, entre varios lineamientos contra la inseguridad ciudadana, endurecer el tratamiento punitivo a la población reincidente y retroceder en la garantía constitucional de la caducidad de la prisión preventiva.
Consideramos que el enfoque presentado públicamente (2), días atrás, traería como consecuencia la saturación y el colapso de las prisiones del país, y tampoco aborda rigurosamente -basado en evidencia técnica y científica-, el fenómeno de la reincidencia de la población carcelaria, relacionada con las falencias en el proceso de rehabilitación en el actual régimen carcelario.
Para las organizaciones de derechos humanos, antes de responder con medidas regresivas y anacrónicas es imprescindible promover y ampliar la discusión sobre la política criminal en el país, que debe tener como propósito central enfrentar la violencia contra las mujeres y los niños y niñas, que cuestiona severamente nuestra convivencia social.-
Quito / Guayaquil, diciembre 28 del 2017
Pablo A. de la Vega M
Coordinador del CSMM
Billy Navarrete Benavidez
Secretario Ejecutivo del CDH
1 Véase: Organizaciones plantean aplicar cadena perpetua, en: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/1/cuatro-organizaciones-planteanimplementar-la-cadena-perpetua
2 Véase: El Cabildo pide elevar la pena al reincidente, en: http://www.expreso.ec/guayaquil/municipio-sancionesfortalecimientodelaseguridadciudadana-ley-HG1888090
Foto: Carcel Regional de Guayaquil