El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos se une a las voces de condena a la acción de presión explícita de la cúpula militar en la primera audiencia de llamamiento a juicio por Delito de Lesa Humanidad en el caso de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín el pasado lunes 9 de noviembre en la Corte Nacional de Justicia.
La presencia en pleno de la cúpula militar en el salón de audiencias representa clara expresión de apoyo a los 9 altos mandos acusados de desaparición forzosa, violencia sexual y tortura ocurridos en 1985 en el Ecuador. Además envía un claro mensaje al resto de la sociedad sobre la permanencia activa del espíritu de cuerpo dentro de la institución militar como mecanismo para enfrentar acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos.
El CDH considera que la jueza ponente Sylvia Sánchez de la Corte Nacional de Justicia encargada de la diligencia no debió suspender la acción judicial por motivo de la ausencia de uno de los acusados debido a la trascendencia de la materia a juzgar y pese a estar habilitada por amplia jurisprudencia en materia de Derechos Humanos.
Recordamos la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 5 de marzo de 1983 que estableció la posibilidad de juzgar a una persona “in absentia”, siempre que el acusado haya sido notificado con la antelación de la celebración de las actuaciones y citado a comparecer en el juicio, a fin de permitirle su defensa.
Frente a estas maniobras dilatorias para el juzgamientos de Delitos de Lesa Humanidad, el Fiscal General del Ecuador, Galo Chiriboga, manifestó en diciembre del 2014 que presentaría pedido de enmienda al articulo 233 de la Constitución que faculta a juzgar en ausencia a funcionarios públicos involucrados en delitos de peculado, cohecho y otros similares.
El Comité de Familiares contra la Impunidad y el CDH insisten en su reclamo de verdad, justicia y reparación para las 456 víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos registradas por el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador que se encuentran en manos de la Fiscalía desde el 2010 siendo pocos los casos judicializados. Seguimos firmemente pendiente del cumplimiento de las promesas hechas por la Fiscalía General de la Nación y exigimos firmemente evitar tratos revictimizantes y letargo judicial que han denunciado públicamente las familias acusadoras.
Guayaquil, 11 noviembre del 2015
Billy Navarrete Benavides
Secretario Ejecutivo del CDH