Informes

El presente informe recoge algunas tendencias que afectan actualmente la vigencia de los Derechos Humanos de los habitantes de Guayaquil. La identificación de estas tendencias surge de su recurrencia registrada documentadamente por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH.

Hemos escogido casos emblemáticos para acercarnos a estos fenómenos teniendo en cuenta que dichos testimonios encierran coraje y reflejan condiciones humanas particulares que trascienden a la mera estadística. Entender la integralidad de la condición humana conduce a admirar el carácter  universal y progresivo del deseo de dignidad.
Quedan por fuera hechos trascendentales vividos recientemente en la ciudad y el país. Hechos que hablan desde diversas urgencias y perspectivas apelando al empleo de medios que garanticen los Derechos Humanos y la Cultura de Paz. Sigue vigente el axioma de “violencia trae más violencia” al que lastimosamente seguimos condenados sin mayor resistencia.
Notamos valiosos esfuerzos para cambiar estructuras anacrónicas. Sin embargo, las políticas públicas muchas veces naufragan en emergencias ante la expansión de la inseguridad y el desempleo que ensombrecen el escenario, donde especialmente se desarrolla la juventud.
El CDH está convencido de la imperiosa necesidad del diálogo como instrumento único de trasformación social que busque integrar a todas y todos respetando sus ricas diferencias. Los desafíos en materia de Derechos Humanos son comunes y sus respuestas no son únicas ni definitivas.
Billy Navarrete
Secretario Ejecutivo del CDH

TENDENCIAS VIOLATORIAS A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ECUADOR
Con la instalación del Gobierno de Rafael Correa Delgado, en enero de 2007, y la posterior elección de la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Carta Política, que entró en vigencia el 27 de septiembre de 2008,  el tema de los derechos humanos toma relevancia al ampliar su protección a derechos reconocidos en la anterior Constitución y establecer otros, como el de la unión de parejas del mismo sexo.
Varios organismos internacionales y el propio Departamento de Estado de Estados Unidos han reconocido el balance positivo en materia de derechos humanos en Ecuador. Este reconocimiento es en cuanto a la preocupación del Gobierno por atender las necesidades de la población, el llamado gasto social, y  al no cometimiento de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales de los ciudadanos como política de Estado.
Sin embargo de lo anterior,  la impunidad es uno de los grandes lastres que arrastra nuestra sociedad debido a un sistema judicial que no logra superar la intromisión del poder político y económico al que ha sido sometido desde siempre, produciendo que graves crímenes que ofenden la condición humana no sean investigados ni sancionados. Esto unido al incremento de infracciones comunes, la forma de cometerlos  y el sicariato,  pone de manifiesto la política momentánea aplicada para atacar dichos fenómenos y no una real voluntad de todos los actores involucrados para buscar soluciones consensuadas y a largo plazo.
Dos acontecimientos que se dieron este año, muestran en toda su dimensión la problemática de los derechos humanos en Ecuador; por un lado el Informe de la Comisión de la Verdad, que sistematiza una serie de crímenes  cometidos por un aparato represor creado por el Estado en el año 1984 y que subsiste hasta nuestros días; y por otro lado, la visita del Relator de las Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales la tortura, cuyo informe preliminar reafirma lo que venimos diciendo sobre el actuar de los cuerpos policiales y de la administración de justicia frente al ciudadano.     
Ab. Walter Mendoza Yépez
Coordinador del Área Legal del CDH

DISCRIMINACIÓN Y PREJUICIO
La discriminación, es decir el trato de inferioridad que se da a las personas o a una comunidad por su origen racial, político, religioso,  o por su discapacidad u orientación sexual, etc., y el prejuicio, eso que juzgamos sin conocer o conocemos mal, tienen raíces difíciles de erradicar, pues muchos de ellos proviene de sentimientos atávicos de los seres humanos, lo que vuelve irracional y violento los ataques por estos motivos con resultados extremos de dolor y muerte. Los ejemplos en el mundo y en el país son múltiples.
Para responder a este grave problema, la comunidad internacional ha elaborado un sistema jurídico de derechos humanos que busca combatir dichos males. El Ecuador recoge generosamente, en su Constitución, los derechos fundamentales de los ciudadanos, y particularmente los de la comunidad Gay, Lesbianas, Bisexuales y Transgenero cuando reconoce la unión civil de parejas, independientemente de su identidad sexual.
Por eso, no deja de sorprender que el más alto Tribunal de Justicia Constitucional haya negado el derecho de estudiar a Briana, una ciudadana transgenero, por no vestirse de acuerdo a su sexo. La gravedad de esa resolución radica en que institucionaliza la discriminación por cuanto es inapelable en el país. 
El caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la espera de un resultado que condene al Ecuador y repare el daño causado a Briana. 

El caso de Briana Jijon Arce
En mayo de 2007 fui a pedir los requisitos para matricularme en el preuniversitario del 2008 de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Me acerqué a las oficinas a las 19h00 a pedir el formulario de requisitos de matrícula.
Me atendía una mujer de unos 35 años. Le expliqué que era una persona transexual, me dijo que por eso iba a tener problemas y me condujo con la Coordinadora Académica. Finalmente a las 20h00 llegó la coordinadora que nuevamente me hizo esperar.
Yo estaba en la fila para ser atendida. Era la primera de la fila, sin embargo las personas que estaban atrás de mi pasaban al despacho y yo no. Al rato salió ella y me dijo que en esa Universidad no me podían aceptar porque iba vestida de mujer siendo hombre, que en las listas de los alumnos no habría concordancia entre mi nombre masculino y mi aspecto y que el Conesup (Consejo Nacional de Escuelas y Universidades Politécnicas) los multaría. Le respondí que era ilógico y que me estaba discriminando. Ella me replicó que eso era de elemental lógica y que esa eran las reglas de la Universidad y que cada universidad tiene sus propios estatutos. Yo dije que quería hablar con la rectora y le pedí una cita, ella indicó que la rectora no me podía atender, que no insista, que nadie me iba a atender.
Me acerqué al rectorado y pusieron unos guardias indicando que no me iban atender. Yo estaba asistiendo a la Fundación Amigos por la Vida, organización que defendía los derechos de la comunidad GLBT. En ese lugar puse la denuncia y el papeleo siguió.
Las mismas secretarias que trabajan en esa universidad me dijeron que en ese centro se acostumbra a discriminar a las personas porque una vez habían llegado unas personas indígenas y no las quisieron aceptar. En la Universidad alegaron que yo había solicitado matrícula anticipada y que por eso la negativa, que tendría que acercarme el siguiente año. Al Defensor del Pueblo le dijeron que no había problemas, que el próximo año podía ir a matricularme como cualquier estudiante.
Pasó el tiempo y a principios del 2008 fui a matricularme. Me entregaron la hoja de requisitos y no cumplía con unos de los requisitos. No tenía que haber estudiado en ninguna universidad del país -yo había estudiado 2 años en la Facultad de Comunicación Social, en la Carrera Hotelería y Turismo, en la Universidad de Guayaquil-. Tal requisito era dedicado a mí porque conozco personas que habiendo estudiado en otras universidades del país se matricularon ese mismo año en la Laica.
Ante lo sucedido continuamos con la demanda en la Defensoría del Pueblo alegando que esto es totalmente ilógico. Entonces ellos dijeron que esos eran sus requisitos y punto. El Procurador del Estado se pronunció y dijo que no tenía nada que ver, que eso eran reglas de la universidad y que cada quien maneja su institución como sea, y como la universidad es particular, que está bien lo que decían.
Esto pasó en el 2008 y nunca me pude matricular en la universidad, fui discriminada. Hasta el abogado de la universidad me bendijo, me leía parábolas de la biblia y yo me preguntaba ¿en qué país estamos? ¿Cómo pueden existir personas con esa mentalidad tan retrógrada? nunca me pude matricular en la universidad, nadie respeto mis derechos estipulados en la Constitución, el derecho al estudio. Todo por mi orientación sexual y sobre todo por mi identidad de género, solo porque soy una persona transexual.
Ahora estamos demandando al Estado por haber permitido esta violación a mis derechos, porque fue institucionalizada la discriminación. A todas partes que fui me dieron una negativa. La Acción de Amparo que interpusimos fue negada por el Juez, apelamos y el Tribunal Constitucional dio la razón a la universidad.
Es frecuente que a los GLBT nos discriminen en todo, especialmente a la población transexual. Vivimos la discriminación en todas partes, en todos lados. Ahora me encuentro en otra universidad y no hice los cambios de nombre pero uno se gana el respeto de sus compañeros. Ellos me tratan como una mujer, me llaman por el nombre que he adoptado.
Con los profesores es diferentes, como los cambian cada mes y medio, algunos de ellos son mayores, les trato de explicar y muchos me dicen que no comparten mi problema, yo les digo que no tengo un problema, que la homosexualidad no es ningún problema, el problema es de ellos, no mío, porque no quieren aceptarme.
Entonces te das cuenta que la homofobia y la transfobia todavía existe a grados increíbles. Si para un heterosexual es difícil abrirse campo en la sociedad, para la persona transexual la posibilidad es mínima, yo diría nula. Estoy estudiando mi carrera universitaria y a veces me pongo a pensar que si valdrá la pena. Yo sé que el cambio se hace poco a poco, paulatinamente, que nosotras tenemos que seguir luchando día a día por nuestros derechos, pero me pregunto que si termino mis estudios podré ejercer mi carrera algún día.
Para nosotras resulta difícil desenvolvernos en la sociedad, estamos estereotipadas, satanizadas, nos relacionan con la prostitución, la drogadicción, y nada más. El fin de semana salí y vi un grupo de chicos heterosexuales, hombres y mujeres, conversando y la policía pasó; en la siguiente cuadra había un grupo de transexuales, eran como las 19h00 y la policía les dijo que se retiren. Por qué, si no estaban haciendo nada malo, se retiraron con amenazas de llevárselas detenidas.
Pero también he recibido apoyo, la gente cuando me ve en la calle me dice “tú eres la chica del periódico”, “sigue estudiando”, “te felicito” y “que puedas cumplir tus deseos”. En ese tiempo la gente me apoyó, recibí la ayuda del abogado Walter Mendoza del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, quien llevó mi caso. He recibido bastante apoyo de mi comunidad y también de las personas heterosexuales, principalmente de las que están en el activismo, que luchan por sus derechos, me dan impulso, me ayudan a seguir adelante. Mi fuerza para reclamar la injusticia de la que fui víctima nace del saber que en la diferencia radica la igualdad de los seres humanos, eso tienen que comprender los ciudadanos y nuestras autoridades.
En la universidad hay muchas chicas transexuales que están estudiando, ellas siguen adelante, porque físicamente nos sentimos mujeres, vivimos como una mujer y debemos ser respetadas como mujeres. Es ilógico pensar que nosotras no sentimos, no tenemos ilusiones, no queremos superarnos como cualquier ser humano. Por eso me resultó increíble la resolución del Tribunal Constitucional que decía que yo no podía ir vestida de mujer siendo un varón, a mi me parece ilógico que digan estas cosas, realmente me quede admirada al ver la respuesta de parte de ellos, que son los llamados a hacer respetar los Derechos Humanos, entonces me pregunto para qué me estoy defendiendo.

Esperanza
Las esperanzas de seguir luchando nunca las pierdo, lo seguiré intentando en lo legal o por los medios que sean necesarios para hacer respetar nuestros derechos, porque nosotras somos personas comunes y corrientes, con ilusiones, aspiraciones y yo sé que en algún momento la justicia llega. Las personas que me conocen y las personas que han seguido mi caso saben que lo que estamos diciendo es algo verdadero, que se violaron mis derechos para poder estudiar la universidad, no solamente lo hago por mi sino por todas las población transexual.
Al haberme negado el estudio fui víctima de discriminación, no una vez, sino muchas veces, consecutivamente discriminada en todos los sentidos, cuando fui al Palacio de Justicia me dijeron que busque a Dios, que ese es un consuelo, haciéndome sentir mal delante de todas las personas, esas palabras nunca debieron habérmelas dicho. La Constitución dice que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual.

Identidad
La secundaria la hice en el Colegio Vicente Rocafuerte, ahí me gradué. Siempre fui un muchacho amanerado, desde cuando estaba en el colegio yo quería vestirme de mujer, no me gustaba usar cosas de varón. En el colegio todos sabían que era homosexual, hasta mis profesores. Cuando pasé a la universidad me deje crecer el cabello y me sacaba las cejas. Estudié dos años, ya quería vivir mi realidad. Le dije a mis padres que yo no quería vestirme como hombre y mi papa decidió no pagarme  los estudios. Fue entonces que me retire de la universidad.
Mi familia poco a poco lo fue asumiendo y me fue aceptando tal y cual soy, finalmente me comprendió. Ahora estoy muy contenta con mi cuerpo, con la fisonomía que poseo, soy una mujer. Si me hubiera quedado como gay me hubiese convertido en una persona frustrada, sin identidad. La identidad de ser como tú eres, sin mascaras, es ser natural, mostrarte tal y cual tu eres, ante la gente, decir lo que piensas y crees, eso es identidad.

Reseña Judicial
El caso de Briana fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación a los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los siguientes artículos: art 1.1Obligación de Respetar los Derechos; art. 2 Deber de Adoptar Disposiciones de derecho Interno; art. 5.1 Derecho a la Integridad Personal; art. 8 Garantías Judiciales; Art. 24 Igualdad ante la Ley; art. 25 Protección Judicial; también de los derechos establecidos en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1 Obligación de Adoptar Medidas; art. 2. Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno; art. 3 Obligación de no Discriminación; y, art. 13.1.2.3.c  Derecho a la Educación.

Los Hechos
El 15 de mayo de 2007, Briana se acercó a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en la ciudad de Guayaquil, para solicitar matrícula para el año lectivo 2008-2009, en la carrera de Periodismo. En el departamento de Tesorería, donde se receptan las inscripciones, le dijeron que ya había empezado el preuniversitario, a lo que Briana respondió que ella estaba solicitando para el próximo periodo y también les informó que ella era una ciudadana transexual. Luego de esto le dijeron que esperara un momento para que hablara con la Lcda. Tania Feiggo, coordinadora académica de la institución, transcurriendo más de media hora sin poderse entrevistar con dicha persona, le dijo a la secretaria qué sucedía, esta lo único que le dijo es que no podían concederle matrícula. La actitud claramente discriminatoria de la autoridad de esa institución indignó a Briana que insistió en entrevistarse con la Lcda. Tania Feiggo, que se asomó por una ventanilla y le dijo que en la Universidad  no podía matricularse una transexual ya que el CONESUP (Consejo Nacional de Educación Superior)  los multaría por concederle la matrícula, es más, que si le concedían, en los días posteriores Briana sería retirada de clases y que si quería estudiar tenía que ir vestido como chico y no como mujer, por lo que la afectada optó por pedir una cita con la Dr. Elsa Alarcon Soto, Rectora de la Universidad, entrevista que fue negada.
Con fecha 31 de mayo de 2007, se denuncia la discriminación ante la Defensoría del Pueblo, que mediante expediente defensorial No. 692-DASLG-2007 inicia el trámite por discriminación en contra de la Universidad; el 20 de julio de 2007, se emite resolución y se declara con lugar la queja presentada por Briana “en el sentido de tener derecho a matricularse para poder estudiar una carrera universitaria conforme lo dispuesto en la Constitución Política del Estado sin discriminación y con respeto a la libertad sexual, ya que el derecho a la educación es intangible”.
El 4 de enero de 2008, Briana fue a la Universidad a matricularse, en ese lugar le dijeron que uno de los requisitos para ingresar a estudiar es no haber estado matriculado antes en otra casa de estudio. Siendo una medida para impedir la admisión de Briana.
La Defensoría del Pueblo interpone la garantía constitucional de la acción de amparo, el 21 de enero de 2008, conoce el juzgado décimo de lo civil de Guayaquil, que niega el amparo aduciendo que la demandada, la Universidad, no es autoridad pública, es persona jurídica de derecho privado y que la Universidad tenía derecho a reglamentar el ingreso de sus alumnos. Se interpone el recurso de apelación, resuelve el Tribunal Constitucional, en junio de 2008, confirmando la decisión del inferior.

Violación a la Convención Americana de Derechos Humanos
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
“1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
Ecuador se ha comprometido a respetar los derechos de todas las personas y a garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación de cualquier índole o condición social. En concordancia, nuestra normativa constitucional (la que estaba vigente y la actual) señala que todos somos iguales ante la ley sin discriminación en razón de, entre otras cosas, su orientación sexual; el derecho a desarrollar libremente su personalidad; y, el derecho a una calidad de vida que asegure la salud,  educación, etc.  
El Estado no respetó ni garantizó el derecho de Briana a no ser discriminada por su orientación sexual. En un primer momento, las autoridades de la Universidad le dijeron que si quería matricularse tenía que ir vestido de chico, que si le daban matricula el CONESUP, órgano de gobierno de todos los centros de estudios superiores, los sancionaría si dejaban ingresar a un travesti. Pensamiento discriminatorio confirmado en la audiencia pública, por el amparo, el 15 de febrero de 2008, ante el juez constitucional, la Universidad señaló que: “…El ciudadano Pedro Pablo Jijón Arce, no es un transgenero, no es un transexual, lo que es es un travesti, persona que según el DRAE es aquella que se viste con ropa del sexo contrario, esto es una persona a quien Dios le ha dado órganos de forma masculina y se presenta en público y en privado vestido como mujer…allí que exigimos que cada alumno se identifique con su género  y concurra vestido de acuerdo con el mismo, lo que no ocurre con el ciudadano Pedro Pablo Jijon Arce, pretendiendo que violemos a su favor el Reglamento interno de la Universidad…Declara Pedro Pablo Jijon Arce según noticias de prensa “usaré el baño de mujeres”.- Por ningún concepto ni siquiera en baños públicos se admite la entrada de personas que Dios le ha dado el género masculino, ingresar en el baño que usan las féminas.- Adjunto como anexo 2 el recorte de prensa de tal absurda declaración…”; idea reafirmada en escrito de fecha 18 de febrero de 2008, en que dice: “…En definitiva señor Juez, deberá rechazar el amparo por las razones expuestas en la audiencia, concretamente:…3.- No se trata de una discriminación por “orientación sexual” que es lo que garantiza la Constitución –Art. 23 # 3-, sino una reglamentación al orden en cuanto a la vestimenta de los alumnos, quienes deben vestirse con ropa apropiada al sexo…El vestirse con ropa del sexo contrario no es una orientación sexual, sino una preferencia en cuanto a la presentación en público y en privado, con vestidos inapropiados al género que le prodigó la naturaleza (Dios), al formarlo en el vientre de la madre a un ser humano…”. Conceptos discriminatorios que son aceptados por el Juez en su resolución al acogerse a la tesis, contraria a nuestra Carta Política y a la Convención, de que el demandado no es autoridad pública y que tiene el derecho de estipular en su reglamento las medidas que estime conveniente. Y como corolario, el Tribunal Constitucional señala en los antecedentes de su resolución que: “…La Universidad Laica Vicente Rocafuerte, exige que cada alumno se identifique con su género y concurra vestido de acuerdo con el mismo, lo que no sucede con el ciudadano Pedro Pablo Jijon Arce…La Universidad no puede concederle matrícula al señor Jijón Arce, por contravenir el ordenamiento jurídico de la institución. El art. 32 de la Ley de Educación Superior , impone la obligación de cumplir y hacer cumplir el Reglamento…Consideraciones:…Tercera.-…obra la fotocopia contentiva de los requisitos para que los aspirantes a ingresar al curso Pre-universitario, mecanismo de pre-ingreso a la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, el mismo que en la letra a)del art. 1 prescribe “Para poder inscribirse en el curso Pre-Universitario la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, el bachiller debe cumplir con los siguientes requisitos: La presencia del aspirante al momento de la inscripción con la vestimenta apropiada de acuerdo a su género”. Lo precedentemente señalado, lamentablemente no ha sido declarado inconstitucional, por lo que al tener vigencia y no ser observado por el recurrente, nos lleva a inferir que ha incumplido con un primer requisito lo que hace devenir en improcedente su reclamo. Cuarta.- En segundo término, sin duda mucho más importante que el primer aspecto analizado, el mandato de la letra f) del referido art 1 señala con absoluta claridad que para poder inscribirse en el curso Pre-Universitario en la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, el bachiller no debe “haber estado matriculado en otra Universidad del país” requisito que tampoco cumple el accionante…Resuelve: 1.- Confirmar en todas sus partes la resolución venida en grado…”  Resolución del Tribunal Constitucional, del 12 de Junio de 2008. 
De esta manera Ecuador ha violado la Convención en su art. 1.1 en concordancia con los artículos señalados a continuación.
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Como dijéramos en líneas anteriores, nuestra constitución prescribe, en correspondencia con la Convención, que todos los ciudadanos ecuatorianos somos iguales y que gozamos de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación en razón de la orientación sexual.
En relación a la discriminación,  Ecuador no ha legislado una normativa que conceptúe, clasifique y sancione los actos discriminatorios e identifique a los agentes provocadores. De haber existido esta ley, tal vez nuestros jueces constitucionales hubiesen tenido pudor y no negaban el amparo a Briana.
“En el 2004, la comunidad GLBT presentó el proyecto de Ley para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación; esta todavía no se tramita.” Informaba diario “El Universo”, en su edición del 17 de junio de 2007. Esta ley hubiese garantizado, de mejor manera, los derechos humanos de Briana.                   
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Briana fue excelente alumna en el Colegio, siempre había sentido el deseo de seguir una carrera Universitaria para ser una profesional, más aún siendo ella una transgénero, quería salir del estereotipo de “cocinera” o “peluquera” en que la encasilla la sociedad. Sabiendo que la Constitución Política ordenaba la no discriminación por orientación sexual, y por tanto sintiéndose segura de sus derechos y una persona en toda la dimensión de la palabra, acude a la Universidad, el centro humanístico por excelencia, donde le dicen que tenía que vestirse como chico si quería estudiar y que el CONESUP los sancionaría si le daba matrícula a un travesti.
De golpe se encuentra con una realidad cruel: no es verdad, como hasta ese entonces creía, que tenía los mismos derechos que las demás personas; su primera reacción fue de desconcierto, se preguntaba: y ahora qué hago? A quién acudo? Tendré derecho a reclamar? Tendrán razón los que me señalan con el dedo? Seré una mala persona? Y mis deseos de estudiar?).
Luego sintió sentimientos de frustración, de un plumazo las autoridades de la Universidad dejaron sin efecto el derecho a no ser discriminada, según consta en la Carta Política; de repente se vio privada de sus derechos por disposición de personas que tomaron la decisión de juzgarla y sancionarla sobre la base de sus prejuicios.     
Después tuvo enojo, la realidad de ser persona y de estar siendo agredida desconociéndose sus derechos la hizo reclamar, esperar dos horas para ser atendida por alguna autoridad que le dé alguna explicación coherente, pero le dicen que su orientación sexual le impide estudiar, ante estas afirmaciones que la violentan sicológicamente pide hablar con la Rectora de la Universidad, pero nunca la recibe.
Y acude a las autoridades judiciales, que se suponen son garante de los derechos fundamentales, y éstas deciden que no tiene derechos por ser una persona que se viste con ropa distinta a su género.
De esta manera se cerró el círculo de sufrimiento psíquico y moral a una ciudadana transgénero, en violación al art. 5.1 de la Convenio.
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
La Constitución Política, del año 1998, del amparo decía: “Art. 95.- Cualquier persona…, podrá presentar una acción de amparo…mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencia de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente, y que de modo inminente, amenace con causar daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presenten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública…También se podrá presentar acción de amparo contra los particulares…El juez convocará de inmediato a las partes, para oírlas en audiencia pública dentro de las veinticuatro horas subsiguientes…Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez dictará la resolución…”.
La acción de amparo se presenta el 21 de enero de 2008, conociendo el juzgado décimo de lo civil, se convoca a audiencia pública el 15 de febrero y se emite resolución el 3 de marzo del mismo año. En junio de 2008, el Tribunal Constitucional resuelve negando el amparo. Entre la presentación del recurso y la resolución del juez transcurrieron un mes y 10 días, cuando por la naturaleza del amparo y del trámite que debe dársele, según la Constitución y su Ley de Control, debió haber sido resuelto en un máximo de cinco días, en su primera instancia.  
Ecuador no cumplió con los plazos establecidos en la Constitución y en la Ley de Control Constitucional para el trámite de la acción de amparo, en violación al art. 8 de  la Convención.
El artículo 25 de la Convención Americana dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia Convención.
Briana hizo uso de la acción de amparo, un recurso que contempla nuestra Constitución, que debería ser sencillo y rápido para proteger sus derechos, sin embargo no surtió los efectos para el cual fue creado, no protegió un derecho vulnerado, más aún, institucionalizó la discriminación al dar la razón a la Universidad. Así, Ecuador violó el art. 25           
Art. 24 Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Por resolución del Tribunal Constitucional del Ecuador, Briana fue oficialmente discriminada, y así quedará mientras exista dicho fallo que contraviene las más elementales normas de la convivencia social que el pueblo se comprometió a respetar por medio de su Carta Política del 98, es decir a no ser discriminada por su orientación sexual. Para el más alto órgano de justicia constitucional, Briana no tiene derecho a la igualdad ante la ley, no es igual a otros ciudadanos, es “una ciudadana de segunda categoría”, por lo tanto no goza de igual protección antela la ley, en perjuicio del art 24 de la Convención.
Violación al Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Art. 1 Obligación de Adoptar Medidas; Art. 2 Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno; Art. 3 Obligación de no Discriminación.
Ecuador no ha adoptado las medidas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación en ninguna de sus formas; en 1998, nuestro país adoptó el Plan Nacional de Derechos Humanos, auspiciado por la Naciones Unidas, este plan tendría un lapso de 10 años, tiempo en el cual, el Estado y la Sociedad Civil elaborarían un proyecto, en cada tema, para ponerlo en práctica. Así, se elaboró el Plan Nacional de los Derechos Humanos de la comunidad GLBT, que sólo la sociedad civil lo ha puesto en práctica, avanzando lo que se ha podido, y, por lo general, con sus propios recursos. Con lo que no se ha hecho efectivo plenamente los derechos prescritos en el Protocolo y en la Convención, concretamente en lo que tiene que ver con la discriminación y homofobia.       
En lo referente a la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, nuestra Carta Política expresamente señala el derecho que tenemos los ciudadanos a no ser discriminados por ninguna razón, una de ellas por orientación sexual. Sin embargo, en nuestro país no existen medidas legislativas ni de otro carácter para llevar a la práctica tales derechos. Como señalamos en líneas anteriores, la acción de amparo constitucional no protegió a Briana en sus derechos; a este desenlace contribuyó la inexistencia de una ley que conceptúe claramente las diferentes formas de discriminación y sancione a quienes las perpetren, sean estas personas particulares o agentes público.
La falta de ley en tema de discriminación provocó que los jueces actuaran y decidieran sobre la base de sus prejuicios, sentando un peligroso precedente de categorización de las personas, en tanto que dicha sentencia proviene del más alto Tribunal de Justicia Constitucional.
De esta manera, el Estado del Ecuador ha oficializado la discriminación, en violación a los arts. 1, 2 y 3 del Protocolo en relación a los artículos expuestos en esta petición.
Derecho a la Educación
El Protocolo señala que toda persona tiene derecho a  la educación. Los Estados partes convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Con este fin, los Estados partes reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación, entre otras disposiciones, la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno y por cuantos medios sean apropiados.
Pues bien, Briana quería seguir una carrera universitaria, aspiración por demás legítima; siendo ella una ciudadana transgenero se sentía expresamente protegida por la Constitución Política que garantiza el derecho a la educación y prohíbe la discriminación por orientación sexual. En estas circunstancias, y en contra de la norma máxima, autoridades de la Universidad le negaron el acceso a la educación alegando que “El vestirse con ropa del sexo contrario no es una orientación sexual, sino una preferencia en cuanto a la presentación en público y en privado, con vestidos inapropiados al género que le prodigó la naturaleza (Dios), al formarlo en el vientre de la madre a un ser humano…”.  Y el Estado confirmó el criterio discriminatorio de la Universidad por medio de sus jueces constitucionales, negando toda posibilidad para Briana de ingresar a dicho centro de estudios, en violación al art. 13.1.2.3c, del Protocolo.     

TRABAJO INFORMAL Y CIUDAD
El trabajo informal y el modelo municipal de ciudad: una confrontación que no tendrá fin  mientras el Municipio de Guayaquil, con su proyecto de Regeneración Urbana, siga excluyendo al gran conglomerado de comerciantes informales. Esos miles de hombres y mujeres que no tienen trabajo formal y que se dedican a la venta de cualquier producto para satisfacer necesidades elementales de supervivencia.
El testimonio de Carlos Rodríguez, comerciante informal que trabaja en un triciclo, describe el drama que sufre este numeroso grupo humano por la acción de la autoridad municipal.

El caso de Carlos Rodriguez

Nosotros somos grupos de vendedores y distribuidores de productos en triciclo porque no tenemos para comprar un carro cuyo valor sobrepasa nuestras posibilidades económicas.
Lo que pedimos es que, por ordenanza municipal, no se atente contra nuestros derechos, que nos dejen trabajar. Esas ordenanzas son un pretexto de la regeneración urbana que prácticamente nos prohíbe trabajar. Ellos actúan como si la ciudad estuviera situada fuera del Ecuador, o como si fuera un consulado o un organismo internacional con sede en el país. Ellos deberían entender que la ciudad es de todos los guayaquileños y de todos quienes la visitan.
A nosotros nos prohíben transitar en las llamadas zonas regeneradas y que en el futuro será en toda la ciudad. Queremos que nos escuchen, queremos dialogar y poder llegar a un acuerdo. Ese es el motivo de nuestra organización, de nuestro trabajo. Anhelamos obtener un resultado positivo, pero el Municipio solo se maneja desde su punto de vista y no quiere ver más allá, no considera que la gente va a quedar sin trabajo por esta ordenanza.
Cuantas mujeres que integran este gremio se quedarán sin el sustento para su hogar, eso no ha visto el Municipio. Está correcto que dicte ordenanza para la ciudad pero respetando nuestros derechos y nuestra oportunidad de trabajo. Si uno de nosotros queda sin empleo se convierte en un potencial delincuente a corto plazo, por eso rechazamos esta normativa municipal que atenta contra un derecho fundamental.
Somos los principales afectados y no queremos llegar a medidas extremas, no es nuestro objetivo, pero si nos cierran todas las puertas no nos va a quedar de otra que acogernos al artículo 98 de la Constitución, el derecho a la resistencia. No queremos llegar a ese límite, lo que anhelamos es que el señor Alcalde dialogue con nosotros, nos de una oportunidad para conversar. El día 21 de septiembre salimos todos los tricicleros en marcha, llegamos hasta la Gobernación y nos recibió el Gobernador, nos dijo que iba a interponer sus buenos oficios  aunque no es de su competencia. Quiera Dios que esta vez se nos escuche.
Por nuestro lado estamos dispuestos a mejorar, teniendo en cuenta que se trata de un universo de situaciones. Tenemos que organizarnos de mejor manera, capacitarnos en lo que es el tránsito vial, es decir que estamos dispuesto a hacer nuestra parte y que el Municipio haga la suya y nos permita trabajar. Somos 977 tricicleros que vendemos agua, hielo, fruta y demás productos y cada uno tiene su opinión, sus anhelos y esperanza, es por eso que tienen que tomarnos en cuenta y que no nos prohíban lo fundamental que es el derecho al trabajo.
Estamos planificando tener un área social y cada jueves nos reunimos para dialogar sobre nuestra situación. Este jueves nos vamos a reunir en el Parque del Velero para exponer a nuestros compañeros los avances de nuestras gestiones ante las autoridades y  el trámite para que nuestra organización tenga vida jurídica. Es decir, estamos actuando como una asociación y el primer golpe recibido fue esta notificación del municipio que nos prohíbe trabajar
Pienso y considero  que es tiempo de dejar a un lado la beligerancia, la confrontación, la oposición por oposición, no todo es malo, también hay que ver la otra cara de la situación. La administración municipal, que lleva dieciséis años, no ha sido pésima del todo pero afectó a muchos en gran parte de los proyectos y no se consultó a los afectados directos. No hubo mecanismos de dialogo, peor consenso, que es la mejor manera de buscar el bien común. No solamente ver el lado de la construcción, el embellecer lugares, sino también el lado humano, el hombre, la mujer, la familia y el trabajo que la sustenta.
El Municipio alega que el Comercio Informal tiene dos características fundamentales, la una que es absolutamente caótica, desordena la ciudad, y la otra es que donde se asienta  deja sus huellas de suciedad. Guayaquil  ha surgido de los comercios informales, esa ha sido su historia, pero en ese transitar no hubo autoridad que educara a la gente. En nuestro caso, nunca se nos notifico por parte del Municipio de esta problemática, de que nos darían alguna charla al respecto, aunque por la naturaleza de nuestro comercio no dejamos basura. Que algunos de nuestros compañeros tricicleros se va en contra vía eso si me consta y es un problema,  pero no somos todos, no por unos cuantos, que necesitan educación vial, debe afectarse a todo el conglomerado de tricicleros.
Tienen que considerar que somos cientos de personas perjudicadas. Por eso estamos buscando educar a nuestros compañeros, empezar por respetar los Estatutos, promover la rendición de cuentas de manera permanente para que todos los socios estén informados de las actividades de sus dirigentes. Tener una comunicación fluida, poder instruirnos en nuestros derechos, y dialogar y trabajar de la mano con el municipio para  responder con organización en pro del bien común por la ciudad.

La ciudad.
Nosotros pretendemos llegar a un acuerdo con el Municipio. Estamos dispuestos a dar mayor mantenimiento a los triciclos, que respete las reglas viales, buen trato con la ciudadanía, y demás cosas. Queremos llevar una política de cordialidad no de represión. Los metropolitanos hoy en día no merecen llamarse policías metropolitanos porque ellos no entienden el origen de la palabra policía, no les han enseñado la temática etimológica de la palabra policía, que significa dar seguridad a toda la ciudadanía, no deberían llamarse policías metropolitanos sino simples represores.
Estamos dispuesto a organizarnos y ayudar a organizar la administración municipal, colaborar con el reordenamiento estético de la ciudad, trabajar dentro de un orden pero con los medios a nuestro alcance, porque a dónde vamos a conseguir un vehículo de aproximadamente treinta mil dólares. Ninguno de nosotros tiene esa cantidad, simplemente quedaríamos sin trabajo. La única certeza que tenemos es que  si nos quitan la herramienta de trabajo, nos quitan la posibilidad de una vida digna, de poder llevar el sustento a nuestros hogares, nuestras autoridades tienen que pensar desde el punto de vista humano, de las necesidades que tenemos todos, ese es el motivo de nuestra lucha, de querer abrir puertas, vías de dialogo, para que entiendan nuestro derecho a continuar trabajando, luego poder seguir conversando para llegar a un acuerdo duradero. Nos conviene a todos para una convivencia social  pacifica, pero no conviene reprimir y dejar de lado nuestra situación, eso provocaría un levantamiento de una naturaleza terrible que nos afectaría todos a la larga.
Llegar a un acuerdo significa fundamentalmente reconocer posiciones, reconocer situaciones y asumir la responsabilidad que uno tiene dentro de esas situaciones. El desarrollo de la  sociedad se ha basado en el comercio informal y lo que debemos reconocer es la desorganización continua que vive el sector pero tenemos que ceder posiciones, asociarnos y comenzar  a trabajar por nosotros mismos y para los demás.
Tener un adecuado instrumento de trabajo, ceder posiciones ante los planteamientos del Municipio, usar uniforme, gorra o  algo distintivo, alguna identificación, a trabajar de manera ordenada, tener coherencias entre lo que hablamos y lo que hacemos, seria esa nuestra parte de ceder  y llegar a un acuerdo. El Municipio podría hacer programas de comunicación y dialogo directo con el ciudadano y compartir con ellos los proyectos. En la regeneración urbana se brincaron esa parte, es decir solamente van por lo estético, olvidando al hombre, a la familia que es base de la sociedad, y por ese abandono muchos comerciantes, que no han recibido atención del Municipio.
Dejar el montón de basura en su lugar de trabajo, luego viene otro comerciante y hace lo mismo. Eso nunca lo he visto bien y en ese sentido es necesario el ordenamiento, porque si tú vendes frutas en triciclos, tienes que tener un recipiente para que si alguien pela la fruta la deposite en el balde. Son cosas tan sencillas de enseñar. Así como se gasta dinero para la propaganda  de obras, también se debería invertir en capacitar a los comerciantes. Yo creo que va hacer beneficioso para toditos, con este aprender no se va a detener  el desarrollo de la ciudad, como al parecer piensan nuestras autoridades, sino que mas bien seremos parte de ese desarrollo.
Y la ciudadanía en general debería apoyarnos tomando conciencia del trabajo informal. Por ejemplo los vendedores de cola en vaso venden su producto y cobran, ¿quién se queda con el vaso? el consumidor verdad, el que satisface su sed, y qué hace luego con el vaso, a caso camina hacia un bote de basura y lo deposita. El vendedor no tiene responsabilidad de que el consumidor tire el vaso de cola en la vía pública.
Entonces la idea es tener acercamientos con todos los actores de la sociedad. Nos falta comunicación, somos egoístas  y eso no podemos negarlo, directo o indirectamente somos egoístas porque muchos de esos ciudadanos que son graduados de Colegios o Universidad razonan de la siguiente manera: “yo siendo profesional, qué voy  a dar la mano al que vende fruta, no¡¡”. Me pregunto si ese ciudadano tiene educación o no.  Yo, como distribuidor,  converso con toda la gente, desde el que tiene corbata hasta el que tiene overol, yo sigo siendo el mismo con overol o terno o corbata. Entonces nos hace falta llegar a la gente, renunciar a la mentalidad que nos hace hipócritas frente a nuestros semejantes y comenzar a comunicarnos verdaderamente para dar la razón a quien la tiene y poder decirle al otro: “me parece bien lo que dices, me parece perfecto, pero sabes, podemos agregarle esto aquí y esto otro acá”, de esa manera se avanza, vamos adelante y damos respuesta a los problemas que se nos presenta como comunidad, sin dañar a nadie.
Nosotros pensamos que un grave problema y una gran desventaja para la Municipalidad de Guayaquil  es el hecho de que su discurso no tiene un contrapeso, parece que lo que dice es una verdad particular absoluta. Desde el sector de los informales no hay una propuesta común para responder a dicho discurso.  Por eso queremos formar una asociación para servir de facilitadores de un proceso que logre reunir a todos los involucrados, a todas las organizaciones, a todos los grupos, con los comerciantes informales y trabajar en una propuesta que se la entregaríamos al municipio, para evitar que nos quiten los triciclos. La única salida es unirnos.

NEGLIGENCIA MEDICA
La negligencia médica no está reconocida como tal dentro de nuestra legislación, ni penal ni civil, lo que provoca que a las víctimas de mala práctica médica, o a sus familiares, no se les repare el daño causado de ninguna manera. El caso que a continuación denuncia Narcisa  Yunga por la mala atención que recibió su hijo, Luis Cáceres en el Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil, describe paso a paso los entretelones de una justicia que no se despoja de sus taras, falencias arraigadas de indolencia y hasta de complicidad.
Se hace necesario y urgente que la Asamblea Nacional apruebe una ley que ampare, claramente y sin ambigüedades, a los ciudadanos que sufren esta lamentable situación médica. Pues muchos de estos casos terminan en incapacidad permanente de la víctima o en su muerte, dejando una estela de dolor, no sólo por el sufrimiento o la perdida de un ser querido sino por la sensación de impotencia que se siente al no recibir algo muy elemental para el normal desarrollo de una sociedad,  justicia.
   

El caso de Narcisa  Yunga

El viernes 18 de abril del 2008 llevé a mi hijo al Hospital de la Policía Nacional para un examen de sangre y un eco a sus riñones. Cuando fui al laboratorio dejé a mi hijo en la silla de ruedas y se cayó. Fui corriendo a verlo y lo llevé a emergencia porque perdió toda movilidad en su cuerpo, el doctor le examinó la nariz porque se fracturó de tabique, y la frente. Llorando y gritando le digo al doctor que mi hijo no se mueve y ordenó hacerle una radiografía en la cara; le digo al encargado que le tome una radiografía del cuello y de los brazos porque mi hijo no se mueve y dijo que sin orden no podía. En la placa salió que tenía quebrado el tabique y me enviaron al Otorrino que dijo que había que operar el día lunes. Le digo a la doctora que el niño no se mueve y dijo que después le pasará.
Regresé a emergencia, le dije al doctor que el bebe no se mueve y dice que no me preocupe que ya le puso la inyección y que no se mueve por el dolor del golpe. Pasó mediodía y mi hijo seguía lo mismo, en varias ocasiones le dije al doctor el estado del niño y él respondía que me calme, que regrese para la operación. El día sábado mi hijo seguía sin moverse y no dormía, se le hizo un hematoma grande y se le lleno la vejiga de orina, tuve que ponerle una sonda. 
El domingo en la mañana lo llevo a emergencia del  hospital policial. Le hacen una radiografía del cuello y encuentran la medula cervical ensangrentada y oigo a los médicos que comentan “este chico esta fregado” y me dicen que lo ingrese pagando $ 100 dólares, que si no pago no ingresa. Desesperada corrí a pagar pensando que le darían atención médica inmediata, ingresaron a mi hijo a la habitación y todo el día lo dejaron tirado como un perro, no lo atendieron hasta el lunes 21 de abril. Ese día le digo a la Dr. Eva Carrero que el niño tiene casi 40 grados de fiebre, no se mueve y está hinchado. La neuróloga dice que al chico no se lo puede operar y ordena una tomografía de cerebro y halla fractura.
Al día siguiente ordenan una resonancia magnética que costó 170 dólares y por la tomografía había pagado 200 dólares. Me puse a llorar de verme en esa situación y mi hijo que no reaccionaba. Voy con la doctora a la oficina del Director Técnico del Hospital, Mayor Núñez y escucho que la doctora dice “mi mayor a este chico le jodieron la vida, este chico esta fregado, con este chico ya no hay nada que hacer”. Me acerco y se quedaron callados.
Varios días después viene el neurocirujano Boris Zurita, ve la resonancia magnética y me dice que espere siete días para que desinflame la medula cervical y operarlo. Un día entra el doctor a la habitación al ver que no examina a mi hijo, me acerque y dijo que no lo operaría. Comienzo a gritar y a golpear la pared, viene una licenciada, me abraza y me dice que me tranquilice; quise hablar con el doctor pero él dijo que no tiene nada que hablar conmigo.
Transcurren los días con sueros. Tenía que sacarle la popo con los dedos, tampoco orinaba y le pusieron una sonda permanente. A los 18 días le da un paro respiratorio, lo bajan a terapia intensiva, le hacen una traqueotomía y luego le ponen una sonda gástrica.
Luego me entero de que debía pagar al hospital 1,400 dólares. Me reuní con el coronel encargado y con los doctores, les dije que en el hospital no dieron atención médica oportuna a mi hijo lo que provocó la gravedad de su salud, que no era justo que me cobren por algo que ellos eran responsables y que iba a traer a la prensa. El coronel dijo que arreglaríamos esto a puerta cerrada.
Pasaron los días y no daban un diagnóstico de mi hijo. Luego querían enviarlo a la Casa del Hombre Doliente y yo me opuse. Mi hijo se iba agravando hasta que falleció. Desde que ingresó al hospital el 20 de abril del 2008, mi hijo permaneció internado un año, tres meses y veintiséis días.
Además mi esposo que es Policía Nacional no podía retirarse de la institución porque tenía embargada su cesantía debido a la deuda que supuestamente tenemos con el hospital por los gastos médicos de mi hijo. Fui a la Comandancia de la Policía en Quito, Me dijeron que iban ayudarme pero hasta hoy se resuelve. Antes de la muerte de mi hijo puse la denuncia en la Fiscalía, lleva más de un año en indagación previa y no se hace nada, no se investiga.

Reseña Judicial
El 12 de Octubre de 2008, la señora Narcisa Yunga Matute presenta denuncia en la fiscalía del Guayas contra médicos del hospital de la Policía Nacional por negligencia médica en la persona de su hijo Luis Manuel Caceres Yunga, persona con discapacidad física y sicológica.
Desde esa fecha han trascurrido más de dos años y el juicio sigue en indagación previa, es decir que la fiscalía no encuentra indicios penales de la existencia del delito y de sus responsables, y eso que el expediente se compone de 12 cuerpos y ha pasado por manos de varios agentes fiscales.
La grave situación que atraviesa la familia de la víctima se agudiza debido a la disposición emitida por la dirección administrativa del Hospital , que ordena retener la cesantía del policía Luis Cáceres Aucancela, padre del fallecido, para cubrir los gastos de la atención médica de su hijo, valorada en $ 50,773,26 dólares .

SITUACIÓN CARCELARIA
No hay exageración cuando el común de la gente dice que la Penitenciaria del Litoral es un infierno, como descripción de horror se aproxima mucho. El privado de la libertad puede ser vendido o empeñado como una mercancía  apenas se ingresa, expuesto al chantaje, a la amenaza, a la extorsión, a la agresión física, a la violación, a la muerte.  
El Estado no existe dentro de sus predios de terror, o lo que es peor, es el reflejo fiel de la clase de país que tenemos y de la sociedad indolente en que nos estamos convirtiendo. Los actores de la trama de miedo son tan conocidos: las mafias que controlan su interior, los guías penitenciarios, los agentes de policías que la custodian, la fiscalía convertida en diosa de la venganza, los jueces de  “garantías” penales que la alimentan, y los políticos preocupados en endurecer las penas para satisfacer las demandas de seguridad que por ese lado nunca llegará.
El ex interno Xavier José Guerrero Bolaños da su testimonio de los seis meses  que vivió en el Centro de Rehabilitación de Varones de Guayaquil donde perdió su pierna a causa de la nula atención médica que recibió en dicho centro. Un caso más, una experiencia más que nos interpela si acaso estamos en el país donde las palabras, los planes, las ideas se las lleva el viento.   

El caso de Xavier José Guerrero Bolaños

Me llamo Xavier José Guerrero Bolaños, tengo veinte y tres años, y me detuvieron por un error de la vida que muchas veces cometemos. Había muerto mi cuñado, mi hermano estaba preso y el hambre te hace cometer errores. El error que cometí me costó una parte de mi cuerpo.
Una mañana mi sobrino necesitaba leche y desesperado agarré una pistola y comencé a buscar algo para llevar a la casa. Me encuentro con un policía y me asusté, él se dio cuenta de mi reacción y llevó detenido. Estuve detenido en la Penitenciaría por llevar un arma y es como si se truncaran la vida.
Ese día quise conversar con una compañera que tengo en la Cárcel de Mujeres y me subí otros internos al techo del pabellón. La policía comenzó a disparar como loco y aunque nos bajamos seguía disparando. Decían que no importa si alguien de nosotros muere, que estaban aplicando la ley de fuga porque somos delincuentes. Corrí y tropecé con el cable de electricidad de alta tensión. Me quemé la pierna, ingresé al policlínico y dijeron que no era grave. En ese lugar no hay doctores ni medicinas, mi mamá tenía que traerme algo de medicina.
La herida se agravaba y las autoridades de la cárcel no hicieron nada. Yo no reclamé por la atención que  daban a los enfermos porque había a quién reclamar, sólo sirve la palabra de la Policía y de los que mandan en la cárcel. De qué derechos humanos estamos hablando si no existen derechos humanos para los presos. Cuando me quemaba la pierna decían que me tranquilice que estaba curando, pero me dolía cada día más, se hinchaba cada día, los dolores eran tan fuertes que no podía dormir. Un día los médicos me dijeron que había que amputarme la pierna y sin más lo hicieron.
Hay muchos casos graves en el policlínico y no hacen nada los doctores. Hay un amigo que tiene una hernia y nadie lo puede auxiliar, muchos casos parecidos, muchas vidas destruidas, muchas familias sufriendo. 
El Centro de Rehabilitación Social es destructora de personas porque estando adentro lo único que te queda es Dios. Si los señores de la prensa por un rato cambiaran su vida por la de los presos se darían cuenta realmente de como se vive, de que no todos son culpables, que hay injusticias bárbaras. 
Las palabras, el pensamiento, tu planes son para el viento y se las lleva el viento. Estuve seis meses en ese infierno dedicado a jugar pelota hasta las doce y media para ir al almuerzo, luego me ponía a lavar mi ropa, no quería tener tropiezo con nadie, ni mucho rose con nadie para evitar inconveniente.
Mi propósito ahora es sacar a mi familia adelante, hacer un préstamos para poner un negocio y no quedarme estancado. Me siento mal por depender de mi familia.

DERECHOS DE LA NATURALEZA
En la Asamblea Nacional Constituyente se discutió mucho el tema de otorgarle derechos a la naturaleza ante la acción indiscriminada y depredadora a la que está siendo sometida por grandes intereses económicos.
El caso de Esther Landetta Chico describe lo que sucede en los campos, en las zonas rurales que se ven afectadas gravemente por la actividad minera, contaminando peligrosamente el hábitat natural y destruyendo las posibilidades de subsistencia de sus pobladores. Pero también describe, una vez más, las relaciones distorsionadas entre el poder económico y el poder político, amparados por una cómplice administración de justicia inmóvil frente a los intentos de asesinato y persecución que ha sufrido Esther por denunciar  frontalmente los actos lesivos a su comunidad.
A Esther:
No te conocemos personalmente, nos enteramos detalladamente de tu situación por un reportaje que hiciera la reconocida periodista Marcela Noriega en la revista Gestión, que a continuación lo exponemos. Desde estas páginas te expresamos nuestra solidaridad  y apoyo, compañera activista de derechos humanos, y nos quedamos con tus palabras: “Solo cuando se tale el último árbol, cuando se seque el último río y se muera el último pez, se darán cuenta de que el dinero no sirve para comer”.     
 

Esther Landeta chico: la mujer que se enfrentó a la mafia minera
Articulo de Marcela Noriega
Ha puesto en riesgo su vida por denunciar lo que ocurre en su pueblo, Tenguel, donde cuatro ríos agonizan por la contaminación con causada por la extracción irresponsable de oro. Del agua envenenada beben 20 mil personas, al menos.
Este texto fue escrito a partir del relato de Esther Landetta a “Gestión”, y Documentos del Ministerio de Ambiente, el Municipio de Guayaquil, sus declaraciones en la Fiscalía y versiones de pobladores de Tenguel.
Ya era de madrugada cuando sonó el celular. En la casa estaban despiertos, conversaban. El aviso fue breve y contundente: “Tiene diez minutos para irte. Te van a matar “Esther reconoció  la voz. Era de Fernando, alias Cuerito, aquel chico que conocía desde niña. Fueron compañeros de escuela, pero el torció su camino. Se hizo parte de una banda de matones, comandada por un hombre al que en el pueblo temían y apodaban El negro Junior.
Era junio de 2008. Un año antes, Esther Landetta, una campesina nacida el 8 de mayo 1976 en el diminuto recinto Israel, donde viven unas 200 personas, empezó a denunciar a los dueños de la mineras como los responsables de la contaminación de los cuatro ríos que bañan esta zona : Tenguel, Chico, Siete y Gala.
Cuerito se había hecho informante de Esther. Él le contaba sobre los movimientos de la banda. Por eso, cuando la llamo para advertirle, ella sabía que no era broma. Ya la habían amenazado antes por teléfono: “Si no te abres, te matearemos”, le dijeron, Y esta vez irían por ella.
El negro Junior había recibido la orden de “quebrar” a esta mujer de ojos grandes, pelo castaño, que no ríe mucho y, que como muy pocos, se le para tiesa al miedo, inclusive al de oír. “Yo se que me van a matar, pero mientras tanto espero conseguir algo”, suele repetir.
La noche del aviso, en la casa, estaba ella y su hermana. Débora. Su mama se había ido a una vigilia en la iglesia. Saco de prisa a sus hijos y a su tío, mientras ella y su hermana se escondían en una enorme casa abandonada color café que quedaba frente a las suya. Llevaron una vieja cartuchera, por si acaso. Desde ahí lo vieron todo.
De una furgoneta pequeña- que ahora esta pintada de naranja y que Esther muestra a Gestión parqueada en pleno centro de Tenguel- se bajaron varios tipos. Iban con capuchas, vestían trajes de camuflaje y portaban mini Uziz. En su recuerdo parecían policías, por eso hasta de ellos desconfía. Me lo cuenta tan tranquila mientras conversamos dentro de una patrulla con dos policías a bordo. Dicen que la imprudencia es el defecto de los valientes.
Los extraños inspeccionaron los alrededores, entraron a al casa, la pusieron patas arriba, pero no hallaron a nadie. Esther y Débora estaban mudas, quietas con el corazón en la mano, aguantando el llanto al frente. Ni los perros ladraron. El tío de Esther, un productor de banano ecológico, la tranquilizaba por teléfono: “Estate tranquila que no te va a pasar nada”. Pero a ellas se les hacían largos los minutos.

El amanecer tardo en llegar.
Este fue el primer intento de asesinato que sufrió esta mujer, madre de Allyson de 13 años, y de Daniel, de  16, y activista ambiental por fuerza. Todo esto esta escrito en la denuncia que puso en la Fiscalía.
En los alrededores de la casa de Esther todo es pastizal. Casi no hay vecinos- solo un panadero y su madre que vive al lado. Apenas sus dos perros flacos – uno café y otro blanco-se pasean por el humilde portal. La casa queda a cuatro kilómetros de Tenguel, yendo por un camino pedregoso, flanqueado por verdes plantaciones de banano. Esto es el medio de la nada.
Landetta dio su declaración ante el Fiscal en noviembre de 2008. Tuvo que irse del pueblo por la amenaza. Cinco días después de su partida, mataron a su informante, cuerito.
El año pasado, apareció muerto el líder de la banda, El Negro Junior y otro chico al que le decían El Punkero y que también estaba involucrado en este caso. A un amigo de Esther, cuya declaración iba a ser clave porque era minero, también lo mataron. “a veces lloro sola. No lloro de miedo, sino de rabia, de ver la injusticia”.

El Veneno del Agua
Tenguel es una parroquia rural de Guayaquil, un pueblo que a simple vista no es tranquilo. A la entrada, hay dos burdeles y por sus calles es común ver bici taxis y hombres en motos. Aquí y en los recintos aledaños viven unas veinte mil personas.
Esta es tierra fértil, produce banano-alrededor de ochenta a cien mil cajas semanales-, cacao, frutas y en sus entrañas guarda oro. Este metal atrae a muchos desde 1982 cuando empezó  la explosión rio arriba. Este fue el inicio de la muerte lenta de los ríos
En 2007, Esther y la gente de las comunidades se unieron y formaron la asamblea pro defensa de nuestros ríos, una organización que intenta alejar la minería de los ríos y de la que ella es ahora Presidenta. 
“no estamos  en contra de la minería, pero que se vallan a ser en otra parte. Este es el pueblo bananero. Va a llagar un momento en que los países a que exportamos la fruta se den cuenta de que esta contaminada y no la quieran mas. Ese será el fin de Tenguel”, dice Freddy Asencio, abogado de la asamblea.
Esther y sus compañeros consiguieron que el Alcalde Jaime Nebot se interese en el tema y ordenara los primeros monitoreos en el 2007. En el 2008 la Municipalidad de Guayaquil y el Ministerio del Ambiente hicieron estudios químicos al agua del rio, sedimentos, productos agrícolas y agua de pozo.
Los resultados fueron espeluznantes. En todas las muestras, el nivel de contaminación estuvo por encima de las normas nacionales. En las aguas, en la arena de los ríos y en la tierra circundante se hallaron tóxicos como mercurio, cianuro, arsénico, cobre, vanadio y otros.
En el rio Tenguel, la cantidad de vanadio-elemento que causa irritaciones en la piel, problemas hepáticos y degeneración de los riñones en los seres humanos- es siete veces superior a la permitida. En los sedimentos del rio siete, hay niveles de arsénico- que provoca daños en la piel, en el sistema nervioso central y puede causar cáncer-en valores quince veces por encima de lo tolerable. En el pueblo se ven personas con problemas en la piel, otros se quejan de gastritis y los tengueleños también hablan de casos de ceguera.
Ahora que es invierno, las aguas de estos ríos lucen tonos ocres y amarillos. Los pobladores dicen que, en verano, el cambia de color: a veces, es negruzca, otras azul o amarillenta y otras rojiza. El color habla de lo enfermos que están estos ríos y lo  certifican los estudios químicos.
Dicen que el Rio Chico en sus buenas épocas fue un balneario y por el que ahora no nada ni un pez- es el más afectado. “esta muerto en vida“ resume Esther. A nadie del  pueblo se le ocurre bañarse ahí. En su aguas hay concentraciones de cobre 108 veces más altas de lo soportable. El cobre causa lesiones hepáticas y muerte del hígado.
El estudio de la municipalidad también indica que la concentración de mercurio en el rio Gala es de es de 0,53 miligramos por litro de agua. Esto es 265 veces la cantidad permitida. Este metal pesado provocado cambios en la personalidad, delirio, alucinaciones y puede causar la muerte.
El ganado bebe esta agua envenenada; por lo tanto, la leche también podría estar contaminada, al igual que todo lo que con esta agua se cultiva.
Según el informe, los productos agrícolas exámenes en el área de influencia del Rio Gala, aguas abajo en el recinto San Rafael presentan una concentración  superior de la establecida por la Unión Europea.
Las aguas de estos ríos desembocan en el Guayas, a través del puerto El Conchero, y mucha de las frutas y hortalizas que se consumen en Guayaquil, Machala y ciudades de Manabí provienen de esta Región.
Pero no solo en los ríos están contaminados. También en las aguas de los pozos subterráneos-pozos de hasta cien metros de profundidad-, de donde la gente extrae el agua para beber, se hallo  mercurio en cantidades que sobrepasan el límite máximo de la normativa nacional vigente.
Tenguel tiene un brazo de mar, los mas viejos cuentan que la pesca de rio y mar solian ser abundante, pero el pescado se ha ido muriendo poco a poco y el que hay ya no se puede vender; porque esta saliendo con unas llagas. La razón es que el mercurio que esta en el agua se aloja en la grasa del pescado.
La contaminación  es tan alta que, en varios puntos del terreno de las canchas de la escuela del recinto de Israel, se hallaron cromo, cobre, arsénico, vanadio, níquel y cobalto, en valores que superan los limites máximos permisibles. Ahí, en la tierra donde juegan los niños.
También se encontró cromo, cobre, vanadio y cobalto, en niveles que superan lo tolerable, en las plantaciones bananeras.

Los Implicados
El Municipio de Guayaquil puso una demanda por daño ambiental contra las empresas que contaminan. También lo hizo la Abogada ambientalista Inés Manzano, representante legal de Landeta. Martha Roldos ha hecho conocer este desastre ecológico fuera del país. Sin embargo, en Enero de este año, el fiscal que lleva la causa se desentendió del tema y lo derivo a la Fiscalía de Azuay.
Antes, el 23 de Mayo de 2008, el entonces Ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, recorrió la zona y suspendió las actividades en las áreas mineras El Pato, Papercort, Quebrada Fría, Pinglio1 y Bella Gala. “fue un gol, pero la suspensión duro solo algunos meses” dice Esther. Y esto supuso que los dueños de las empresas mineras pusieran el ojo en ella.
Uno de los mas poderosos en la zona, dice la mujer, es Galo Borja Pérez, quien fue  dirigente de Alianza País en Machala, asambleísta por el oficialismo y hasta abril de este año Ministro coordinador de los sectores estratégicos- que incluyen la minería. Ahora es Viceministro de Comercio Exterior en la Cancillería. El  aparece en las escrituras como propietario de la planta de beneficio de Paz Borja, ubicada dentro de la concesión minera Papercorp, que se encuentra dentro del bosque protector Molleturo y Mollepungo, área 4, según consta en el informe del Ministerio de Ambiente.
Landeta acuso públicamente a Borja no solo de contaminar, sino también de usar testaferros y sicarios. En una entrevista publicada en el Universo el 15 de febrero de 2009, Borja dijo que el no era dueño de ninguna minera, pero cuando le mostraron la copia de la escritura, contesto: “puede ser, no lo recuerdo”.
El entonces Ministro dijo que Landeta estaba siendo utilizada por políticos que “buscan dañar el proceso de la Revolución Ciudadana”. Políticos como Martha de Roldos y Eduardo Delgado- fueron binomios para las elecciones presidenciales- pidieron la destitución de Borja” por tener interés en el sector minero y crear en ambiente de terror”. Esther responsabilizo de su vida al Gobierno. 
“Siempre he dicho que, mientras este señor (Borja) arriba en el poder, va hacer difícil que sean declarados nuestros ríos libres de minería. El es el dueño de esa concesión (Parpecorp), pero tiene un testaferro que se llama Ruperto Franco, que es el que contrató a los sicarios de la banda del Negro Junior para que se maten”, sostiene Esther a viva voz. Ella puso una demanda penal por intento de asesinato en contra de franco y sus cómplices. No solo eso. Landeta pido audiencia con el presidente Corre y cuando estuvo enfrente le empezó a hablar del problema.” El solo se levanto y se fue. Me dejó con la palabra en la boca, no quiso escuchar nada”. La dejo con un asesor, pero ella sabia que el no era capaz de solucionar nada.
Un policía le sigue a todas partes, tanto que cuando quiere a jugar futbol a su pueblo, va con resguardo y los uniformados la esperan mientras patea la pelota. Desde el año pasado esta dentro del programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía. Su familia también tienes protección, así como los miembros de la Asamblea Pro Defensa de Nuestros Ríos.
Esther se casó a los 17 años con el padre de sus hijos. Se divorcio y luego se unió a un policía, que en cinco años más tarde la dejo viuda. Ahora estas sola. “Si algo me pasa, cuida a los niños”, le pidió a sus ex esposo el día posterior a esa madrugada de terror que vivió cuando fueron a buscarla. Él se valió de otro amigo -conocido del sicario- fueron a buscar al Negro Junior para saber si era verdad que querían matarla.
El negro Junior se lo confirmó y le dijo: “¿Y por qué tanto preguntas por esa hija de puta?”. “A esa que tú vas a matar es la madre de mis hijos”, fue a la respuesta. Por eso, a Esther le avisaron y el último intento también fue fallido. Pero ya era demasiado. A Esther le dio miedo y se fue del pueblo el 13 de Julio.
Ella y su hija Allyson estuvieron tres meses refugiadas en una casa del programa, para que se quedara tranquila. Pero ella es indómita, y no quiso. Se fue a vivir en el suburbio de Guayaquil, en una casita de caña, con unos parientes. Buscó trabajo en un restaurante. Su hija regresó  al pueblo. “ Si me van a matar, mejor que me maten allá”, fue el razonamiento de Allyson, una chica de 13 años que ahora vive sola y que intenta no salir de casa. Mientras hace los deberes del colegio, cuenta que sus amigos, a veces, critican a su mamá, por que piensan que está haciendo algo mal, que les pone en riesgo a todos. Pero ella la apoya. Una moto se aparca fuera. Es el novio de Allyson que ha venido a buscarla. Se va. No tiene miedo.

Una sola mujer
En la pared de la entrada de la casa de Esther, hay un mensaje: “Solo cuando se tale el ultimo árbol, cuando se seque el ultimo río y se muera el último pez, se darán cuenta de que el dinero no sirve para comer”. Parecen solo palabras, pero para ella es ley.
Landetta es hija de agricultores. Es una mujer sencilla que extraña la libertad de poder andar sin zapatos cuando está en la ciudad que no completó la secundaria. Su valentía no necesitaba títulos. Desde niña peleaba por lo justo. Cuando su padre llegaba y le reclamaba en mal tono algo a su mamá, ella le defendía.
Ya de grande se metió a proteger unos árboles de teca que servían de barrera de protección para la escuelita República de Israel, la única que hay en el recinto, contra la fumigación del aceite químico que usan las bananeras para combatir la sigatoka. Cortar esos árboles era prácticamente atentar contra la vida de los niños. Los querían para venderlos en $ 200 y uno de los autores de la iniciativa era el propio precedente de la junta parroquial  de Tenguel.
“A mi me enseñaron a cuidar la naturaleza, no  a destruirla. Por eso puse la denuncia y esperé a que cortaran el primer árbol. Cuando lo hicieron yo me armé con la policía ambiental y les dije: ¡ Ni un árbol más se va al suelo”¡. Sola llevó la denuncia hasta Quito, llegó al despacho de la entonces Ministra de Ambiente, Ana Albán, y consiguió que no tiraran los 19 árboles que quedaban. Le dieron en custodia el árbol derribado. Esa victoria le tomó mes y medio, “pero moviéndome día y noche, sin comer”. La gente de su pueblo le ayudó con firmas y con dinero para los pasajes. Fue su primera pelea que le sirvió para darse cuenta de que si era posible cambiar las cosas.
Su interés por el tema de las minas empezó el 17 de julio del 2006 cuando, en calidad de curiosa, fue una reunión entre los mineros y las comunidades. “Yo sabía que había minas, pero nunca imaginé la magnitud del problema que estábamos viviendo”, se acuerda.
Con las autoridades del Ministerio de Minas, hicieron un recorrido de casi dos horas río arriba. Fueron a San Gerardo, y “ahí vimos cómo estaban contaminando”. Después se formo un Comité de Gestión Ambiental. La Junta de Parroquial se opuso a que Esther los representara- estaban enojados por el tema de los árboles- y fue electa por los mineros. El plan de esta mujer recién empezaba.
“Yo soy sola, coqueta y me dije: aquí para poder pelear tengo que saber de donde nace el agua y cuales son las causantes de la contaminación. Solo entonces me les puedo ir encima, mientras tanto no. Fui elegida secretaria, me hice amiga de un  minero y empecé a investigar. Yo lo que quiero es que declaren a los ríos libres de minería. Por lo poco que nos queda, no puede seguir habiendo asentamientos mineros”. Ese fue el inicio de esta cruzada. El final aún incierto…. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN
El ser humano se caracteriza por pensar, percibir y sentir el medio que lo rodea. Es receptor y a la vez transmisor de lo que sucede en su interior y en su entorno, imbuido como está de razón y conciencia. Este proceso que caracteriza la naturaleza de cada individuo y su pertenencia a un grupo en que comparten unos mismos ideales que lo expresan o  difunden de múltiples manera utilizando desde el elemental lenguaje del habla hasta las ubicuas y modernas redes sociales en internet. En resumen hacen política, esa actividad fundamental que hace posible el desarrollo constante de la humanidad. 
Desconociendo la naturaleza humana y las leyes que la protege, a muchos Gobiernos les incomoda la crítica contra ellos hechas desde los ciudadanos y criminalizan aquella manifestación tratando de silenciar esas voces, acusándolas de delitos penales que no se compadecen con la realidad. 
Casos escándalos se han dado en el Gobierno Municipal de Guayaquil, principalmente contra comerciante informales y ciudadanos comunes que emiten su opinión. Recordemos lo  ocurrido el 14 de Agosto de 2006, cuando el Dr. Jorge Gilbert, morador de la ciudadela La Floresta, fue detenido por la Policía mientras daba declaraciones a la prensa expresando su inconformidad con el sistema de transporte Metrovía. Fue acusado por las autoridades municipales de terrorista, juicio que continúa abierto en la Corte de Justicia.
A continuación el testimonio de Félix Pilco, uno de los miembros de la organización denominada Nueva Junta Cívica de Guayaquil, que fue detenido junto a otras personas por Policías Nacionales en momentos que expresaban sus ideas políticas.  

El caso de Félix Pilco
Mi nombre es Félix Pilco, Vicepresidente de la Nueva Junta Cívica de Guayaquil.
En octubre del año pasado, los miembros de la junta decidimos impulsar una protesta ciudadana debido a que las autoridades locales no se pronunciaban con contundencia por los ataques constantes que la ciudad recibía de parte del Gobierno Central. Específicamente las actitudes y las frases hirientes que siempre ha emitido el Presidente Rafael Correa contra ciudadanos guayaquileños y contra la ciudad en general, contra su modelo de vida y sus conceptos.
Decidimos buscar una manera de hacerlo y se nos ocurrió la idea de colocar carteles en la ciudad declarando al Presidente una persona no grata por todos los ataques que hemos recibido desde que inició su régimen.
Una vez tomada la decisión, planificamos la creación de carteles, contactamos a una persona que los elaboró, buscamos el financiamiento entre nosotros, y lo decidimos hacer en octubre por ser una fecha especial para la ciudad y así dar un mensaje contundente al resto del país.
Iinformamos del evento a varios medios de comunicación, menos a los medios estatales como TC, GAMA TV, ECUADOR TV y a ninguna radio. En sí informamos a los medios impresos: Expreso, El Universo, El Comercio, Hoy y a Teleamazonas y Ecuavisa.
Esa noche no dormimos porque este plan era comenzar a las 4 de la mañana, nos dividimos en tres equipos, cada uno tenía preestablecido donde ubicar los carteles. Un equipo en la Avenida 9 de Octubre y al sur de la ciudad, otro equipo al norte, y nosotros la parte occidental.
Comenzamos a las cuatro de la mañana con otras tres personas que habíamos contratado. Apenas nos ubicamos en el paso peatonal de la Universidad Estatal nos dimos cuenta que un carro blanco sin placa estaba atrás nuestro, inmediatamente supuse que era la policía. Llamé a los otros grupos para comentar y me informaron que el grupo que estaba en el paso peatonal del Mall del Sol tenían problemas y que los estaban siguiendo.
Dejamos los carteles colocados y salimos del lugar, el carro de la policía nos siguió. Por el paso a desnivel de la Universidad Católica el carro que nos perseguía nos adelantó y un patrullero de la Policía Nacional nos interceptó. Nos dijeron que bajemos, nos amenazaron con armas, nos preguntaron que si teníamos algo que esconder. Dije que no, que revisen el carro.
Los personajes de civil del carro blanco sin placa eran groseros y los uniformados no lo fueron. En total eran como siete personas entre civil y policías. Nos llevaron detenidos sin ninguna razón, simplemente nos dijeron que lo sigamos. Los seguimos hasta el Cuartel Modelo donde los oficiales al mando dijeron que no podían recibirnos. Después nos llevaron a la Policía Judicial y al entrar ya estaba TC Televisión esperándonos.
Para esto, el grupo del Mall del Sol nos informó que un carro sin placas había subido al paso a desnivel y sus ocupantes los habían amenazado con armas de fuego y detenido a los muchachos que estaban poniendo los carteles. Los encontramos en la PJ. El grupo de la Avenida 9 de Octubre nunca fue descubierto.
Fuimos detenidas seis personas, de las cuales cuatro eran contratadas. Ellos estaban haciendo un trabajo por el que nosotros pagamos. Desde el principio nos decían que nuestro caso era una contravención, que no había delito, que no había figura delictiva y que el tema era rápido.
El canal de televisión TC estaba esperándonos, incluso estuvo en la detención del grupo del Mall del Sol junto con la policía. Después de un par de hora, la policía llamó por teléfono a un miembro de nuestra institución, preguntó por los carteles y dijo que ellos se enteraron de nuestra actividad por Inteligencia de la Policía. Pienso en lo eficiente que es la policía para investigar casos políticos y en la ineficiencia para investigar casos donde atentan contra la vida de las personas por la delincuencia y mafias.
A las nueve de la mañana no terminaban de hacer el informe de nuestra detención, esperaban al Fiscal. Estábamos en una oficina donde tipiaban los informes cuando el oficial que había detenido a los muchachos en el Mall del Sol ingresó de manera prepotente y sacó su arma para intimidarnos y callarnos, después no lo vimos.
Llegó el fiscal y ordenó al Policía que en ese informe ponga el delito de Separatismo. El policía se sorprendió, dijo que no era separatismo y el fiscal respondió “usted ponga lo que yo le digo”. El Fiscal se acercó a nosotros y dijo “muchachos, no voy a pedir detención preventiva pero si voy a presentar cargos. Les pido que digan toda la verdad” y contamos lo que había sucedido. Nos trató con desprecio y también nos amenazó.
Los cargos de separatismo no tiene sentido. En la pancarta se leía: “La Nueva Junta Cívica declara persona no grata al señor Presidente de la República Rafael Correa Delgado”, en ningún momento se dice: “Guayaquil se separa del Ecuador”. No emite ningún comunicado o frase que inculque la separación de la ciudad del resto del país. Las autoridades actuaron de manera mañosa tratando de involucrarnos en actos que nosotros no cometimos. Distorsionaron la verdad para conveniencia de ellos, para justificar la detención.
Nuestro abogado no podía entrar, lo hizo a la brava. Después de dos horas nos llevaron a rendir declaraciones y luego esperamos la audiencia que fue al mediodía. Llegaron nuestros abogados quienes demostraron que la detención era ilegal e inconstitucional, que violaba los derechos humanos de libertad de expresión y de pensamiento. El fiscal hizo una exposición ridícula que carecía de sustento y pensamos que todo terminaba en ese momento por el peso de los argumentos de nuestro defensa y la debilidad de argumentos que presentó el fiscal. Pero todo estaba predestinado, el juez de una manera sorpresiva emitió orden preventiva de treinta días en la Penitenciaria del Litoral.
En ese momento nos llevaron a los calabozos que le dicen “la lagartera” en el Cuartel de la Policía Judicial. En ese lugar son los policías que hacen que nos roben, ellos que piden que nos saquemos todas las cosas de valor para que lo depositemos en un tarro y nos dicen que nos olvidemos de lo que dejamos ahí. Seguramente son ellos los que se cogen las cosas. Actúan de manera inmoral y no parece que defiendan a la sociedad, son incultos, sarcásticos, prepotentes, ignorantes para tratar a las personas.
Estando adentro, los otros detenido no nos hicieron nada, más bien estaban sorprendido de vernos en esa situación. Ya sabían los motivos de nuestro encierro. Después nos cambiaron a una celda más pequeña, según ellos por seguridad, pero no fue tanto así porque en la celda pequeña había un individuo que era cabecilla de un grupo de asesinos que se dedican al sicariato. No sufrimos violencia física pero si constantes amenazas.
Pasamos la noche, vimos el funcionamiento de los calabozos de la PJ donde los presos son maltratados, donde no existe respeto a la dignidad humana, donde la Policía comete actos de corrupción constantemente. Hay que pagarles para llamar por celular y comunicarse con la familia. Dormimos en una cama de de cemento.
Al siguiente día llegó la Policía temprano, comenzó el conteo, sacó a un grupo donde estaba nuestro amigo Jean Carlos y le pegaron los policías. La agresión a Jean Carlos fue simplemente porque les dio la gana, son unos perfectos salvajes. No me dejé porque tengo un temperamento más fuerte y no se atrevieron.
Solicité mis cosas para salir y los policías me dijeron que me olvidara de mis cosas, que estaban perdidas y que no joda. Al medio día nos llevaron a las oficinas de la PJ a ficharnos como delincuentes y todavía sigo fichado porque no he limpiado mi hoja de vida.
Para trasladarnos a la Penitenciaria nos sacaron por una puerta trasera. Violaron los procedimientos, no era legal que en ese momento nos lleven a la Penitenciaria. En la camioneta que nos transportaban, dos policías se portaron muy cordiales y justamente se estaban quejando de la situación policial y cómo ellos también son discriminados dentro de su institución simplemente por ser costeños o guayaquileños, y esto en relación al trato que reciben los policías de provincias de la sierra.
En la Penitenciaria nos estaban esperando los encargados de la cárcel que hicieron todo lo posible por cuidarnos. Los caporales visitan a los que recién ingresan para ofrecerles los servicios de cada pabellón, principalmente protección y el costo de esa protección. Después nos informaron que ellos hacen negocio, extorsionan y chantajean para sacar más dinero. Te pegan o en el peor de los casos te matan, dependiendo del tipo de detenido. La Orientadora Social de la Penitenciaria dijo que no aceptemos ninguna propuesta de estas personas, que ella era la encargada de ubicarnos en el lugar más adecuado en salvaguarda de nuestra integridad física. Nos llevó a la entrevista para ver cuál era nuestro perfil y poder mandarnos a un lugar seguro.
Mientras esto ocurría, yo fui al baño y al regresar vi como asaltaban a mi amigo Jean Carlos. Reaccione y lo defendí, el caporal de tránsito me amenazo que me iba a matar. Luego nos llevaron al pabellón que dicen es el mejor de la Penitenciaria, donde están los detenidos que supuestamente pronto van a salir y que no representan peligro para los demás compañeros. Este pabellón tiene muchas ventajas, los detenidos son tratados con bastante decencia, los propios interno mantienen sus reglas para poder mantener orden. En ese lugar estuvimos los nueve días que pasamos detenidos. Nos enterarnos de todo lo que sucedía por periódicos que nos llevaban nuestros amigos.
Dentro del juicio, se solicitó la revocatoria de la prisión preventiva pero como estaban próximas las fiestas de Cuenca, el juez nos dejo todo ese  feriado adentro. Según los abogados, hubo que presionarlo para que despache el cambio de figura que solicitamos y dicte fianza. Pasaron nueve días, salimos de prisión pagando una fianza de 500 dólares cada uno.
En los primeros días después de salir de prisión, fuimos víctimas de persecución e intervención telefónica. Nos seguían camionetas sin placas y se quedaban estacionadas a las afuera de nuestras casas. Mi carro siguió retenido arbitrariamente hasta febrero de este año.
Por la arbitraria detención que sufrimos demandamos al Estado por error judicial en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte de Justicia. Ellos se excusaron del caso diciendo que la Asamblea Nacional todavía no ha creado las salas correspondientes para que tramiten el juicio que presentamos y que ellos no pueden hacer nada al respecto. Eso significaba que los recursos judiciales en el país se habían agotados, que no se podía demandar al Estado por abusos cometidos. Decidimos demandar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos.
Eso es lo que sucedió. De vez en cuando escuchamos ecos en los teléfonos, sabemos que están pendiente de nosotros porque saben que podemos generar un tipo de reclamo ciudadano pacifico con bastante influencia dentro de la sociedad guayaquileña.

Reseña Judicial
El 28 de Octubre de 2009, a las 04h30, son detenidos por la policía nacional: Félix Pilco del Salto, Gincarlo Zunino, Sany Ordoñez Olmedo, Jhonny Moreira Rodríguez, Jaime Quintero Ruiz y Domingo Zambrano Muñiz. Según el parte de detención, ellos fueron encontrado en delito flagrantes cuando colocaban carteles en la vía pública con leyendas de su organización y en contra del gobierno nacional. El delito fue incitación al odio político y separatismo.
El mismo día se realiza la audiencia de medidas cautelares en delito flagrante, el fiscal Mauricio Suárez acusa a los detenidos sobre la base de lo arriba indicada y el Juez Primero de Garantías Penales, Ab. Angel Rubio Game, inicia la Instrucción fiscal. Debido a  la gravedad del delito, así dice el señor Juez,  ordena la detención de los imputados, que días después, el 5 de noviembre recuperan su libertad por pago de una fianza de $ 500 dólares.   
El mismo Juez, tiempo después, declara el sobreseimiento definitivo de los acusados.

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
He aquí el relato de Héctor Medina, un padre de familia que por no pagar la “contribución voluntaria” que costaba la matrícula de sus dos hijos en el Colegio Nacional Aguirre Abad, pasó cinco años reclamando que se haga efectivo el derecho a la educación.
Un caso extremo que pone de relieve la problemática educativa. Sucesos que se dan a diario en los Colegios y que no son investigados ni corregidos, y muchos de ellos ignorados por las autoridades. Se repite la desigual lucha del ciudadano contra el poder establecido, el no cumplimiento de resoluciones judiciales y constitucionales por la autoridad educativa que se cree asistida de la razón única, y de otras autoridades incapaces de hacerlas cumplir.
El daño es doble: a la institucionalidad, por cuanto socava la credibilidad y confianza que el ciudadano debe tener respecto a las instituciones públicas;  y el daño moral a la familia del reclamante es casi irreparable, rupturas, frustraciones, burlas, desprecios,  circulo que encierra una historia que parece no tener fin.

El caso de Hector Medina e hijos
Soy Hector Medina padre. En el año 2005 quise matricular a mis hijos en el Colegio Nacional “Aguirre Abad” del cual ya eran estudiantes. Héctor cursaba el segundo año y pasaba a tercer año del ciclo básico y Omar cursaba el primer año y pasaba a segundo básico.
Cuando fui a matricularlo, me acerqué al Director del plantel, el Abg. Arturo Zepeda Jácome, le manifesté que por motivos económicos no estaba en condiciones de pagar la contribución voluntaria y le pedí que me exonerara de dicha contribución, aunque no es un impuesto o un tributo para pedir esa exoneración, pero se lo pedí. El rector se negó a concederme dicha exoneración.
El decreto ejecutivo ordenaba la contribución voluntaria de los padres de familia, no era orden ni mandato sino voluntad de los padres de familia contribuir hasta 25 dólares, si los padres estábamos en capacidad de pagarlos.
Posteriormente le insistí por escrito haciéndole notar que ese es un derecho que me concedía la Constitución y la Ley de Educación. Él me contesto por escrito indicándome que no era de su competencia exonerarme de la contribución voluntaria y que cualquier reclamo lo haga antes las autoridades superiores. Ante esa negativa acudí a la Defensoría del Pueblo que abrió un expediente contra las autoridades del Colegio.
Al año se dictó resolución en que se dispuso la matriculación de mis hijos porque se había violentado contra sus derechos y a la vez dispuso también el enjuiciamiento del rector como facultad mía y también dispuso que, por el agravio cometido, esto sea puesto en conocimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Nada de lo cual se cumplió
La resolución de la Defensoría del Pueblo la puse en conocimiento del Director Provincial, de la Subsecretaria Regional y del Ministro de Educación de aquella época y ninguna de estas autoridades hizo algo al respecto. Interpuse una Acción de Amparo Constitucional que fue resuelta ambiguamente por el Juez diciendo que mis hijos tenían derecho a la educación pero no ordenaba al Rector deponer su actitud
Por la ambigüedad de esa resolución, apelé y subió en consulta al entonces Tribunal Constitucional. Tardó en resolver pero igual ratificó la decisión del Juez, al decir que mis hijos tenían derecho a la educación y que debían ser matriculados y que yo estaba en la libertad de pagar o no la famosa contribución voluntaria. Esta resolución se la hice llegar al Ministro, a las autoridades inferiores y al mismo Rector del Colegio quienes no hicieron nada.
Paralelamente a la resolución de la Defensoría del Pueblo y de la Corte Constitucional había iniciado acciones administrativas en el Consejo Nacional de la Niñez y en el Congreso Nacional. En esta última, el Presidente de la Comisión de Educación disponga, a la Subsecretaria y al Director Provincial, la matriculación  inmediata de mis hijos. Estos oficios fueron conocidos por estas autoridades y sin embargo tampoco hicieron nada al respecto. El Consejo Nacional de la Niñez también intervino ante las autoridades de educación por ser una institución que tiene que ver con los derechos de los niños, pero sin embargo con todos estos oficios y con todos estos pedidos, ninguna de estas autoridades hizo nada.
Así transcurrieron cinco años de permanente insistencia de mi parte para que estas disposiciones de autoridades superiores se cumplan, más que todo para que a mis hijos se les reintegren el derecho vulnerado, sin embargo esto no se dio. Cuando a mis hijos se les negó la matricula en el 2005, Omar y Hector fueron ingresados al colegio por gestiones de la Defensoría del Pueblo pero sin estar matriculados. Luego de unas semanas, a mi hijo Héctor lo sacaron del Colegio aduciendo que no tenía permiso de oyente, mi hijo Omar si tenía dicho permiso por un año sin ser asentadas sus notas a pesar que dio examen y sin tener promoción de curso. Lo tuvieron todo un año con permiso de oyente.
Finalmente tuve que matricular a mis hijos en colegios particulares, pensando que al siguiente año podía obtener la promoción legalizada de los chicos, pero no se dio. Lo que sucede es que las autoridades de educación  no hacen nada cuando se trata de un funcionario del magisterio. En este caso el rector del colegio,  Ab. Alberto Cepeda, es miembro militante del MPD, ha sido asesor legal de la UNE y de la FESE, prevalecido de ese poder atropelló los derechos de mis hijos.
Pero al final el caso de mi hijo gracias a Dios pude lograr solucionarlo por la intervención del Consejo Nacional de la Niñez que insistió ante las autoridades en vista de que mi hijo estaba por graduarse, en enero de 2010, y no tenía las promociones de primero a sexto año por cuanto no estaba matriculado legalmente.
Por disposición del Ministro de entonces, la Directora de Educación mediante resolución ordenó a las autoridades del Colegio Aguirre Abad que le tomaran los exámenes a mi hijo que tenía que haber rendido en el año 2005 y que se lo matricule. Esto hizo el Colegio y mi hijo pudo graduarse  en el Kennedy School donde estuvo becado.
Eso fue en síntesis lo que sucedió, fue un proceso tormentoso, no hay otro significado, porque fueron cinco años de permanente lucha, no descansé ni un día. Muchas personas me dicen,  irónicamente, que era mucho más fácil el haber pagado veinticinco dólares y no haber gastado tanto dinero, como de hecho lo gasté durante los cinco años de reclamación. No se trata del dinero, se trata de defender un derecho, un derecho que nos corresponde por ley.
En cierta forma, en esa lucha, dejé de lado a mis hijos, porque padecieron durante todo el tiempo que estuvieron en ese Colegio. Mientras yo iniciaba acciones legales y acudía a todas las instancias, mis hijos sufrieron el acoso permanente de parte de profesores e  inspectores, lo que significó daño sicológico a mis hijos muy difícil de superarlo. En lo particular me ocasionó problemas con ellos y con mi familia.
Muchas autoridades de educación fueron coparticipes de esta violación, la negligencia y su falta de interés fue evidente, como que lo hacen  para que el ciudadano se canse y deje de reclamar, y eso es lo que no paso en mi caso.
La lucha que yo emprendí fue porque siempre he tenido la convicción de que uno no puede permitir que los derechos consagradas en la ley sean vulnerados, que los funcionarios públicos en cualquier sociedad representan al ciudadano, son nombrados para servir, por eso mismo ellos reciben su sueldo de nuestra contribución. No concibo la idea del abuso de parte de un funcionario público. Mi reclamo lo empecé no como para probar una experiencia, sino por mis convicciones de que las leyes no están muertas, de que la ley se cumple.
En la práctica me equivoqué,  comprobé en carne propia cómo funcionan las estructuras,  fue una mala experiencia. Si hubiese sabido que las cosas se iban a dar como luego se dieron era muy probable de que no me hubiese metido en esta pelea. Si hubiese valorado el costo-beneficio no lo hacía.

Hector
En ese tiempo viví una situación totalmente hostil en el Colegio, recuerdo que a mi padre lo declararon  como persona no grata dentro de la institución, impidiéndole su ingreso por las  acciones que había emprendido contra las autoridades.
En el mes de agosto del 2005 me permitieron el ingreso al Colegio por pedido de la Defensoría del Pueblo. Hasta el mes de octubre, que salí del plantel, viví una situación de total  acoso por parte de profesores e inspectores. A mi padre lo trataban de lo peor, a mí me decían que me iban a dejar de año, de que yo no pertenecía al Colegio. El presidente de la asociación de estudiantes, que era influenciado por el rector Arturo Cepeda, les decía a los demás estudiantes que se pongan en mi contra y así sufrí el rechazo de mis propios compañeros.
El día que me sacaron de la institución iba llegando y al ingresar a mi paralelo el Inspector General me dijo que me vaya de ahí, que no pertenecía a la institución, que no estaba matriculado y que no tenía el derecho a estar en el Colegio. Le dije que eso no era verdad, que mi papa estaba resolviendo el problema, y que además contaba con el permiso de oyente. El Inspector me dijo que eso no le importaba sino que simplemente acataba órdenes. Me señaló la puerta, dijo que me vaya, llamó a uno de los porteros para que me acompañe y verifique mi salida del Colegio.
Eso me afectó muchísimo, después mi papá insistía en que yo vuelva acompañado por la Defensoría del Pueblo, pero yo le dije que no quería volver. Lo que viví en ese lugar me hizo mucho daño, en ese entonces tenía catorce años, era un adolescente, y aún en la actualidad, como todo  joven que tiene ideales de justicia y de igualdad, me siento muchas veces decepcionado y triste de ver estas situaciones que se dan a menudo pero que no salen a la luz pública.
En estos momentos pienso que nunca se hizo justicia en nuestro caso, a nadie le importó el daño sicológico y moral que yo viví, por eso no me siento satisfecho por las resoluciones que han tomado las autoridades. La desidia de los funcionarios que se cubren las espaldas entre ellos mismos no permitió que se tomen medidas contra las autoridades del Colegio y del rector especialmente.
Por eso estudio Derecho y me intereso mucho por los derechos humanos. En mi caso fue violado un derecho que yo tenía como estudiante y como menor de edad. Esa injusticia es mi fuerza, mi empuje y mi motor para seguir estudiando, algún día aspiro a defender estos casos para que no queden en la impunidad. Decirles a las personas que pasan por igual situación que no se queden callados, que reclamen.

Omar
En el 2005, estuve como oyente en el Colegio, gracias a que un día fui con mi mamá a pedir permiso al Inspector General para entrar a clases mientras se arreglaba lo de mi matricula. El Inspector me lo otorgó y puso su firma, con ese papelito pude estar como oyente en ese año. Yo rendí mis exámenes, sacaba buenas notas, pero no estaban legalmente asentadas. Los profesores de todas las materias me molestaban porque no estaba matriculado, fue el abuso de autoridad de parte de ellos. Me acuerdo que un día fuimos con el Inspector a donde el rector Arturo Cepeda, y ellos estaban conversando, pero el inspector le decía “aquí no podemos hacer nada, yo ya le di permiso como oyente”,  entonces el Ab. Arturo Cepeda Jácome, rector del colegio, me acuerdo tanto que le dijo “chuta loco hiciste la cagada, ahora ya no se puede hacer nada si ya le distes el permiso”.
Siempre fui criticado por los profesores, me decían que mi papa pierde su tiempo y que pague la matrícula. Decían cosas feas que no me hacían sentir bien, a pesar de todo ese año terminó y fui matriculado en el colegio Kennedy School gracias a una beca que me gané por medio de la Fundación “Luis Ortega Moreira”, continué mis estudios sin papeles que diga que estaba matriculado legalmente.
Desde tercer año hasta sexto me insistían que llevara los papeles, no me dejaban dar los exámenes, siempre me tocaba darlos atrasados, a veces no me dejaban entrar a clases, incluso en sexto año sucedió algo que me dolió mucho. Cuando iban a nombrar a los mejore alumnos abanderados y a todo el pabellón de escoltas, el inspector fue al curso a decir los nombres de los escogidos, la mayoría de mis compañeros pensaban que yo sería el abanderado, pero no fui nombrado ni fui tomado en cuenta en esa lista.
Ese hecho me impactó y fue una gran decepción, yo desde pequeño decía que cuando llegue al Colegio sería el abanderado, que sería el mejor alumno y justo cuando había hecho todo el esfuerzo, la oportunidad no se dio.
Algunos compañeros me molestaban diciendo que yo era alumno sin papeles y que no me iba a graduar,  eso era de todos los días que iba al colegio, pero al final del año justo el día de mi graduación mi papá llevó los papeles, matrícula y promociones, con lo que pude incorporarme. Sinceramente yo estaba desilusionado, ya no quería nada, quería que ya todo termine, ni siquiera  tenía ganas de asistir a la ceremonia de graduación. Al final mis amigos me convencieron y me decían que ya todo terminó.
Me dije que si bien no pude cumplir muchas metas, como ser el abanderado, incluso no me tomaron en cuenta para concursos  intercolegiales, me dejaban a un lado porque no estaba matriculado legalmente, tenía que tener valor y dejar todo atrás. Hacer valer esos cinco años de lucha de mi padre, lo que me motivó y fui a la ceremonia.
Ahora estoy en la Universidad, estudio medicina, desde pequeño fue lo que me gusto,  y solo queda esa mala experiencia que ya es historia, hay que mirar al futuro.  

Reseña Judicial
A los adolescentes Héctor y Omar Medina Rodríguez, estudiantes del colegio Nacional “Aguirre Abad”, el Estado violó su derecho a la educación.
En marzo de 2005, el padre de los menores, señor Hector Medina Solórzano, solicita a las autoridades del Colegio la matrícula de sus hijos pero diciendo que no puede pagar la contribución voluntaria. Las autoridades se negaron a darle matrícula alegando que la contribución es obligatoria para todos los padres de familia.
Desde entonces, el señor Medina acudió a todas las autoridades: Director, Subsecretario y Ministro de Educación; al Consejo Nacional de la Niñez; Comisión de Educación, de Derechos Humanos y de la Mujer la Niñez y la Familia del Congreso Nacional; Presidencia de la República, no obteniendo solución a su problema.
Finalmente presenta una Acción de Amparo Constitucional que fue resuelto a favor de los adolecentes, el 21 de noviembre de 2006, resolución que fue recién acatada por las autoridades, a principios del año 2010, con lo que se logró que los chicos se puedan graduar en el Colegio, pero el daño moral causo es irreparable.

EMPRESAS PRIVADAS DE COMUNICACIÓN Y EL GOBIERNO NACIONAL
El país asiste a confrontación entre las empresas privadas de comunicación y el Gobierno Nacional. Esta situación ha puesto en el tapete de la discusión pública el origen y los intereses de los medios de comunicación, la labor del periodista desde su subjetividad, y el poder político que los cuestiona.
Presentamos la opinión de la periodista Marcela Noriega, quien se ha desempeñado en los medios públicos y privados que están alineados en contienda, sobre la labor del periodista. 
De todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre el tema, compartimos como una certeza razonable el pensamiento de Marcela cuando al final de su texto dice: “…Y es que en esta pelea entre medios y Gobierno el gran perdedor, además de la ciudadanía, es el periodismo.”

Medios y Gobierno: la pelea por la verdad
artículo de Marcela Noriega
En 2008, en calidad de editora política de diario El Telégrafo, viajé varias veces junto al presidente Rafael Correa: Brasil, México, Francia, España, Bélgica, Irán fueron algunos de los países en los que estuve como parte de la delegación oficial, en la que se encontraban también periodistas de medios privados, considerados “de oposición”. En aquellos viajes se establecía una especie de camaradería entre el Presidente y los periodistas. Durante los largos trayectos aéreos, hacíamos bromas, jugábamos naipes, lo veíamos tomar una copa, cantar y contar chistes. Nadie hablaba del periodismo ni de la política en esas horas de sincera cordialidad. Él no mencionaba a los medios corruptos –como llama a los privados-  ni nosotros iniciábamos ninguna discusión al respecto.
Las jornadas eran agotadoras, la mayoría de las veces empezaban a las seis de la mañana y terminaban pasada la medianoche. El ambiente de trabajo que Correa creaba en estos viajes era cordial y respetuoso. No era el Presidente que vociferaba contra los medios, sino una persona cálida que se preocupaba por nuestra seguridad y, dentro de lo que cabía, comodidad. La razón de que él en este contexto bajara la guardia es simple de entender: en los viajes Correa no era nuestra fuente. No íbamos para entrevistarlo o a cuestionarlo. Íbamos para cubrir diferentes coyunturas: la firma del tratado constitutivo de la Unasur (Brasil), la visita oficial a otro Mandatario (México), la campaña contra el bombardeo a Angostura (Europa), las relaciones con socios comerciales (Irán). Correa no se sentía amenazado por la que tantas veces ha llamado prensa corrupta, se sentía respaldado.
¿Cómo podía el Presidente que tantas veces ha insultado a la prensa y los periodistas trabajar en tal armonía? La respuesta es que quizá la pelea de Correa no es contra los periodistas per se. Es una pelea ideológica contra los medios, contra aquellos que hasta ahora han sido dueños del relato periodístico, en otras palabras de “la verdad”; contra empresarios alineados a la corriente de pensamiento neoliberal que han hecho de la información una mercancía.
Rafael Correa se dio cuenta rápido de que él y su Gobierno también podían contar cómo eran las cosas, podían competir contra los medios y también eran capaces de construir un relato, en apariencia, periodístico. Una realidad paralela a la que la gente consumía a través de los medios, una versión distinta de los hechos. Entendió pronto que un equipo de comunicación diestro le ayudaría a arrebatarles esa “verdad pública” a los medios, que era posible deslegitimarlos. Y para conseguirlo no le bastó solo con poner a funcionar un nutrido equipo de comunicación –que ha gastado más en publicidad oficial que ningún otro gobierno en la historia del país-, sino que también compró e incautó varios medios que antes eran privados.
Para entender esta compleja maraña de intereses, hay que tener claras las diferencias entre lo que son los medios de comunicación –empresas que muchas veces responden a un interés capitalista y pocas veces a un interés periodístico o social-; y los periodistas –profesionales que construyen versiones de la realidad a partir de investigaciones que responden siempre a un interés social-.
La pelea entre el Gobierno no es contra los periodistas, sino contra los medios. El problema está en que la mayoría de los periodistas no pueden ejercer su oficio de manera independiente, sino que dependen de algún medio. Por lo tanto, la mayoría debe alinearse a los intereses del medio para el que trabajan. De hecho, muy pocos son los que pueden llevar adelante una carrera por su cuenta.
Correa ha criticado varias veces la poca o nula autocrítica que hay dentro de los medios. Y quizá en esto tenga razón. En las redacciones hay muy poco sentido crítico. Lo más común es encontrar periodistas convencidos de que defender al medio es defender al periodismo. Y no hay nada más alejado de la verdad. Quien defiende a un medio o a un Gobierno está más cerca de la publicidad y de la propaganda que del periodismo. O dicho de otro modo: el que defiende intereses corporativos o políticos es un farsante, no un periodista.  
Pero Correa tampoco entiende qué es el periodismo ni cuál es su función social dentro de una democracia. En el país ideal de gobernantes como Rafael Correa los periodistas solo hablan bondades del Gobierno (los ejemplos diarios están en el PP, El Telégrafo, Gamavisión o TC). Todo vale por ganarse la credibilidad de la audiencia. Una audiencia crédula se transformará en votos tarde o temprano.
En julio de 2008, en el despacho presidencial, entrevisté a Rafael Correa durante cerca de dos horas. Correa no esperaba una entrevista beligerante ni de confrontación. Esperaba una charla tranquila con una periodista que conocía por los viajes y que trabajaba en El Telégrafo, aquel antiguo periódico que su Gobierno había comprado en 2007.
No esperaba preguntas como: ¿cuál cree usted que es el rol de los periodistas, o le gustaría vivir en un país sin periodistas?  O increpaciones del tipo de: “Y si usted defiende la independencia, ¿por qué su secretario de la Administración Pública (Vinicio Alvarado) es presidente del Directorio del canal del Estado?”. Menos esperaba que saliera publicada días más tarde nuestra poco cordial conversación sobre los medios del Estado, en la que le decía que “no es una buena idea que quien dirige la política de comunicación del Gobierno dirija la política editorial de un diario que tiene que ser independiente. Ni de un canal tampoco”.
Correa no sabe que los periodistas estamos para confrontar al poder y que políticos y periodistas jamás podremos estar en el mismo bando. Ese año publiqué polémicas entrevistas a los principales rostros de este Gobierno, siempre confrontándolos. Quizá por eso no duré mucho en el medio del Estado. Las molestias entre los funcionarios eran evidentes por el contenido contestatario, rebelde o de “oposición” que a veces tenía El Telégrafo, no solo en las páginas políticas, sino también en las de opinión. Renuncié al diario cuando me enteré de que el Gobierno había creado una oficina para controlar sus contenidos. Nada más tenía que hacer yo en un medio sometido al poder de turno. 
Lo cierto es que el ring de esta pelea es el espacio intangible de los medios de comunicación. Los contrincantes son el poder político, representado por el Gobierno, y el poder económico, representado por las empresas periodísticas. A un lado del ring está el periodismo, maniatado, sin posibilidad de acción, aislado, intentando no desaparecer. Quiere hacer lo de siempre: relatar los hechos, decir la verdad, sin favorecer intereses empresariales o partidistas. Pero no puede. A nadie le conviene que el periodismo participe en esta pelea, cuyo premio consiste en el derecho a decir la verdad. Lo que está en juego en este ring es el relato social.
Como espectadores están los ciudadanos que soportan día a día campañas de desprestigio, manipulación de la información, corrupción, mentiras, periodismo ejercido como propaganda, contaminación escrita y audiovisual por parte de ambos contrincantes. La mayoría ha optado por no creer más lo que dicen los periodistas, porque pertenecen a las empresas mediáticas que defienden intereses corporativos, o a los medios oficiales, que defienden intereses del Gobierno. Lo que los ciudadanos no saben es que el periodismo se aleja cada vez más de las salas de redacción de los diarios y canales de televisión, donde se discute cómo mantener el negocio, cómo vender más. Tampoco está en las reuniones de editores de los medios oficiales donde se discute cómo esconder los casos de corrupción, o cómo hacer quedar bien a tal o cual funcionario. El periodismo sigue representando al ciudadano. Pero la pelea medios / Gobierno ha logrado que los periodistas –los que no se alinean, los que discuten, los que investigan- pierdan espacio en los medios. 
Desde el inicio de su Gobierno, Rafael Correa se dio cuenta de que las empresas de medios eran el enemigo y las posicionó como tales. En ellas vio concentrada la ideología capitalista que persigue. La prostituta de la tan mentada “larga noche neoliberal” es la prensa. Y contra ella, este Gobierno encendió sus odios. Por eso, emprendió campañas de difamación contra aquellos medios que no se sometieron y usó la publicidad oficial para premiar/castigar/cooptar a periodistas. Correa sigue en pie de lucha y no descansará hasta obtener el control de la información.
El Gobierno que se ha convertido en un productor de información que no responde las preguntas de los periodistas, pero acusa, critica y persigue al que piensa distinto. Correa ha puesto en escena al Estado Comunicador y su justificación es la guerra mediática, la lucha por la hegemonía comunicacional e informativa y por el control de las ideas públicas.
Basta con ver los spots televisivos con los que el Gobierno bombardea el espacio mediático para entender cómo ve Correa a la prensa.  En varios de estos spots se muestra a los medios como difamadores, en ataques flagrantes a los ciudadanos, y se los simboliza en la imagen de una serpiente, aludiendo a la representación del mal que cualquier persona educada en una tradición judeo-cristiana tiene por default. La serpiente representa el mal en nuestra tradición. El mal son los medios de comunicación y contra ellos hay que pelear.
Si bien es cierto que la (mala) prensa de muchas maneras agrede a los ciudadanos ese no es su elemental misión, sino cuestionar al poder. La prensa no es el cuarto poder, porque la prensa debe estar incondicionalmente del lado del ciudadano, jamás del lado del poder.
Como dice Omar Rincón en el libro ¿Por qué nos odian tanto? “Nunca la comunicación fue tan importante, ni fue noticia de primera plana. Los medios de comunicación producen mucho ruido político en nuestra América Latina siglo XXI. Y es que asistimos a unos gobiernos fascinados por la lógica de los medios y a unos medios de comunicación que no quieren perder sus privilegios y dominio sobre la opinión pública. Estamos asistiendo, entonces, a una batalla inédita por el relato de país. Y es que los modelos de medios son modelos de país. En esta situación, hay que recuperar el sentido común, el de la gente, el de los ciudadanos, el del bien público, el de la democracia.”
Por su parte, los medios de comunicación privados optaron por defender el negocio y por eso se convirtieron en actores políticos con agenda de modelo liberal de mercado. Los periodistas y la calidad de información no les interesan. Por tanto, los periodistas se están quedando sin credibilidad, sin trabajo y sin lugar en el mundo. Y es que en esta pelea entre medios y Gobierno el gran perdedor, además de la ciudadanía, es el periodismo.

ABUSO POLICIALES
Los cuestionados procedimientos policiales son noticias permanentes, sucesos escandalosos de impacto social que no reciben verdadera respuesta de parte de las autoridades cuando no se investiga ni se sanciona las torturas, los asesinatos y las desapariciones. Caldo de cultivo  de una impunidad  que se alimenta, opíparamente, de una justicia resquebrajada desde adentro y desde afuera por intereses de toda naturaleza. 
Los ejemplos más descriptivos:
El asesinato del niño Luis Xavier en febrero de 2009, en medio de una persecución policial;
El caso del robo de “La Custodia”, joya religiosa, sucedido en la ciudad de Riobamba en el año 2007 donde se denuncian muertes y desapariciones con participación de civiles, como en el caso Fybeca;
La ejecución extrajudicial de Luis Alberto Caicedo Ayoví en febrero de 2010 presuntamente por venganza entre organizaciones delictivas que azotan sectores marginales de Guayaquil;
La detención ilegal y arbitraria de Santiago García mientras se matriculaba en la Universidad de Guayaquil, como “chivo expiatorio” del intento de asesinato al policía Edgar Ponce Loor en las manifestaciones estudiantiles de marzo de 2010; y,
De Omar Vidal, quien fue golpeado por policías después de pedir auxilio  tras ser asaltado, en julio de 2010;
En todos estos casos encontramos cuestionamientos a la actuación policial. Desde la negligente preparación de sus miembros y el espíritu de cuerpo para encubrirse, pasando por su participación en bandas criminales, hasta las operaciones de lo que ellos llaman “exterminio de la basura social”.
Lamente consecuencia del aparato represor que fuera instalado como política de estado en el Gobierno del Ing. León Febres-Cordero en 1984, según resultados de las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad.

Testimonio de Jenny Bohorquez
Soy Jenny Bohórquez, mamá del niño Luis Xavier que falleció el 20 de febrero del 2009.
El trabajaba en una vulcanizadora como aprendiz y estaba reparando un neumático cuando fue alcanzado por una bala disparada por el sargento de Policía Nacional Ernesto Tapia Sánchez, que junto al policía Jairo Ortiz perseguían a unas personas que venían cometiendo secuestro exprés. Hubo disparo y uno de los proyectiles que disparó el sargento Tapia se alojó en el cuello de mi hijo que cayó al suelo. Se le pidió a los policías que lo llevaran al hospital y se negaron, en eso la muchedumbre rodeó el carro de la policía y los obligó que lo trasladaran.
En esa discusión transcurrió treinta minutos. Según los médicos mi hijo llegó sin signos vitales pero el primo que lo acompañaba dijo que lo dejó en el hospital con vida. A mi me avisaron alrededor de las diez de la mañana, estaba en el trabajo, pedí permiso y salí desesperada porque no sabía lo que había sucedido, sólo me dijeron de un accidente. Yo pensé que era algún neumático que había explotado. Después me dijeron que la policía se había llevado a mi hijo, en la última llamada me dijeron que el niño estaba herido y que no vaya a la casa sino al hospital Guayaquil.
Cuando llegué encontré a muchos policías como si mi hijo era un delincuente, me dijeron que había fallecido y tenia solamente que ir a reconocer el cuerpo. Es doloroso saber que el hijo que había traído al mundo ahora está muerto.
Se abrieron las puertas de lado de la morgue, entraron varios policías y me dijeron que el niño tenia un arma en las manos y se había disparado. Eso es desmentido por el dueño y un trabajador del taller que dicen de mi hijo estaba trabajando en la vulcanizadora cuando  pasó un auto que era perseguido por una patrulla policial. El policía que iba manejando sacó su arma con la mano izquierda disparaba y con la mano derecha controlaba el volante del carro.
Según criminalística de la policía judicial, la bala que mató a mi hijo fue disparada por el arma del agente Tapia. Los policías también dijeron que la bala asesina era de los delincuentes pero a ellos no se le encontró armas.
Al día siguiente, en la cadena sabatina, el Presidente mencionó el caso y me dio las condolencias. Días después vino a mi casa y me dijo que esto no iba a quedar impune, que iba a ordenar una profunda investigación pero  hasta el momento obtengo respuesta de los jueces.
He encontrado trabas en el juzgado cuarto por donde han pasado más de cinco jueces. La Ab. Zoila Alvarado casi a empujones me sacó del juzgado porque decía que yo no podía estar allí, ella no sabía de que trataba exactamente el caso, ella nunca tuvo el tiempo de leer el expediente. A mi abogado le dijo que era una violación de niño, yo le dije que era un asesinato.
A la casilla judicial de mi abogado nunca llegan las notificaciones, tengo que acercarme al juzgado para averiguar sobre el trámite del juicio, eso hago hasta ahora. El 22 de junio el Fiscal emite dictamen acusatorio, luego envía notificación indicando que mi denuncia no procede porque supuestamente me dieron tres días de plazos para que amplíe mi denuncia indicando el lugar, la hora y la fecha en que se dieron los acontecimientos y no lo hice.
Lo único que pido es que se haga justicia. Sé que el policía acusado sigue patrullando en las calles, sigue laborando. El tiene a su familia, ve a sus hijos crecer, en cambio el mío murió y no lo voy a volver a ver.
El año pasado entre mayo y junio, el agente llamó a mi casa diciendo que lo ayudaran que le iban a dar de baja. Luego recibí llamadas de una persona que decía ser el hijo del policía diciendo que me cuide porque me iba a ir muy mal. En la oficina de mi abogado nos reunimos con el policía y su defensor, me ofrecieron dos mil dólares para que los ayude, yo le dije “usted pide ayuda y en qué situación queda la vida de mi hijo, lo único que pido es justicia”, después me enteré que ese valor le ofrecía a mi abogado para que yo me quede sola y el tramite se quede paralizado.
El Gobierno Nacional amplió la casa de mi mamá, en la planta alta donde vivo con mi otro hijo. El Presidente me visitó nuevamente, lo puse al tanto del juicio.
En la audiencia de formulación de cargos la señora jueza dictaminó que el acusado tenía que presentarse ante ella cada cierto tiempo y prohibió su salida del país. No ordeno su detención porque no era una persona peligrosa.

Reseña Judicial
El 20 de febrero de 2009, muere el niño Luis Yépez Bohórquez, a quien le impactó un proyectil de arma de fuego, en una persecución policial, en las calles 29 entre la N y la Ñ, en el suburbio oeste de Guayaquil.
Según resultados de pericias del Departamento de Criminalística de la Policía judicial, la bala que mató al niño salió del arma del policía Ernesto Tapia Sánchez; sin embargo la Juez Cuarto de lo Penal de Guayaquil, Sonia Alvarado, nunca dispuso su detención.
Han transcurrido mas un año desde los trágicos acontecimientos, y todavía el juicio se encuentra en Instrucción Fiscal, cuando la ley dice que dicha etapa procesal debe durar máximo noventa días; del Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Guayaquil todavía se espera que emita algún dictamen.  

El caso de Pablo Días
La Custodia.
El 13 de Octubre de 2007 se roban La Custodia, un patrimonio  de nuestro país elaborado  en Riobamba por los indígenas hace 500 años. Representa a la Virgen cuyo vestido, corona y cetro eran de oro que costaba más de ciento cincuenta millones de dólares, pero el valor histórico era incalculable. Cuando se la roban, el Presidente ofrece públicamente un millón de dólares a quien dé pistas de su paradero, así salió publicado en diario El Universo y Expreso. Sobre la base de ese ofrecimiento, los delincuentes que se la robaron, una banda compuestas por colombianos y ecuatorianos, delegaron a dos personas, Wilson Fernando Bastidas Delgado y Enrique Omar Aurias Martínez, para que vendan el tesoro en cinco millones de dólares.
Ellos buscaron a personas del bajo fondo para que los ayudara y dieron con un informante mío que se llama Ricardo Moran Pérez, alias Ricky, y otros dos, de alias el Culón y el Rafael, parte de una banda. Entonces le dijeron a Ricky: “hermano tenemos esa vaina, la vendemos en cinco millones, como usted trabajó en Colombia llámese a un  colombiano lavador de dólares”, y en seguida pensó en mí, porque yo trabajé como agente encubierto para la DEA y la  Embajada Americana y sé asumir el papel de un mafioso. El informante me cuenta todo y me propone que nos ganemos la recompensa, a lo que acepté, pero me dice “tengo temor de la policía porque después me van a coger a apretarme el pescuezo y a las bravas van a querer que les diga dónde está la Custodia”, le dije que se tranquilizara que yo le garantizaba que no le iba a pasar nada.
Me fui a la unidad anti secuestro de la policía, hablé con el ex jefe de la UNASE,  coronel Marcelo Gonzales Villagomez, mi amigo desde hace veinticinco años; yo tengo cincuenta y ocho años de edad y treinta y dos años en esto. Todo mi trabajo lo he hecho con la policía, y le dije “Marcelo, tengo ubicada La Custodia a  través de un informante”, y le detallo el asunto, después de escuchar exclama “hermano, ¡Bingo¡”, en seguida llamó por teléfono a su jefe, en Quito, coronel Eduardo Mosquera Peñaherrera, director nacional de la UNASE, le dijo que teníamos ubicada La Custodia.
Porque el Coronel Gonzales me creía a mí, así como yo le creí al pillo. El coronel Mosquera dijo que vayamos a Quito, que nos invitaba un almuerzo; fuimos, nos reunimos y después de hacer una exposición de los hechos me dice “mire, nosotros vamos apoyar para que usted asuma el rol de un comprador de objeto robado, pero dígale a los delincuentes que le envíen fotografías del tesoro con un diario de la localidad, eso es una prueba de supervivencia. Cuando me traiga esas fotografías y nosotros las comprobamos, yo lo llevo donde mi comandante general y a su vez vamos donde el Presidente para que reconfirme el pago de la  recompensa y de viáticos, porque ya tenemos una evidencia de que estamos en firme negociando con los delincuentes”.
Regresamos a Guayaquil, llamamos a mi informante y le explicamos el asunto. El coronel Gonzales le pidió los números de teléfono de Omar Auria y Wilson Bastidas. Se los dio porque ya se había decidido a colaborar, le dijimos que tenía que hablar con ellos y darles el mensaje del supuesto comprador y de la prueba de supervivencia.  Cuando el Informante se fue, el coronel Gonzales llamó a una junta de la UNASE, en ese lugar todos los oficiales tienen seudónimos, el coronel Gonzales es el “abogado Victor”. Le dice a uno de los oficiales “Arturito, rastréame, a través de porta y movistar, estos dos números telefónicos desde dos meses atrás, llamadas entrantes y salientes y mensajes”. A los tres días reportaba que en especial en el teléfono de Wilson Bastidas había muchas llamadas de un mismo número, a diferentes horas, lo que nos dio una pauta para pensar que se trataba de unas quince a veinte persona que trabajaban el asunto y con las que  él se comunicaba.
Como a los diez días de que solicitamos la fotografías del tesoro, los informantes, Omar Aurias y Wilson Bastidas, nos comunican que sus “jefes” mandan a decir que ellos no tienen problemas en entregar fotos del tesoro sobre un diario de la localidad, pero yo tenía primero que entregar una foto de mi familia como prueba de que la organización está conmigo y que soy leal. Para mí lo que ellos me mandaban a decir era coherente, la mafia se asegura de que no haya policías detrás de una negociación, por eso cometí el error de aceptar sin consultar con  mi mujer, acordamos entregar la foto en Ambato.
Viajamos a esa ciudad, el coronel Mosquera, de la UNASE de Quito, delegó a un teniente, y desde Guayaquil el coronel Gonzales delegó a un capitán Suarez acompañado de un equipo de unas ocho personas. En el parque Cevallos de Ambato estábamos el informante y yo, hasta ese entonces no le sabia los nombres a Wilson Batidas y Omar Aurias. Ellos llegaron y me pidieron la foto de mi familia, para esto yo hablaba como colombiano y les di la foto, le prestaron el celular al informante diciendo que en una hora regresaban. Vinieron como a la hora y media y en el celular del informante había cuatro fotos de La Custodia sobre el diario La Hora de Ambato. Les pregunté por el resto del tesoro, hablando siempre como colombiano, ellos dicen que en unas horas me pasan esas fotos por blutooh. Eso significa que no estaba el tesoro en un solo sitio, recordemos que La Custodia se dividía en tres partes.
Efectivamente, a las cuatro de la tarde nos pasaron las fotos. Llegamos a Guayaquil como a las once de la noche, resultó difícil pasar las fotografías del celular del informante a la computadora del Coronel Gonzales, mi hijo mayo es experto en computación y lo logró como a la una de la mañana. Al día siguiente viajamos nuevamente a Quito, en el casino de Oficiales nos reunimos con el Coronel Mosquera para entregarles la  fotografía en la computadora. El coronel Gonzales, conociendo la calaña de su jefe, coronel Mosquera, me dice “vamos a tener un plan B”, y las fotografías me las dio en un pendrive también, y prosiguió: “no te llame la atención que este se porte batracio", es decir mala gente, “y te quiera proponer algo este loco, tengamos un plan B”, el plan B consistía en que si el coronel Mosquera me decía algo que no estaba bien, yo me vaya a la Curia, porque el tesoro era de los curitas.
Efectivamente, el coronel Mosquera decía, la fotografía como prueba y con el millón de dólares de recompensa se le da 150 al informante y 150 para la otra persona y 700 para nosotros. Le digo: “no, lo que usted me propone es deshonesto porque usted es policía y tiene la obligación de hacer el trabajo, no acepto”. Se fueron a criminalística y comprobaron la autenticidad de las fotos, y el coronel Mosquera, ante mi negativa, le dice al coronel Rosales: “coge a ese ladrón y pártele la espalda a palo para que te entregue a los delincuentes”.
Con el coronel Gonzales habíamos acordado que la recompensa sería repartida a partes iguales entre el informante y yo, y de mi parte tenía que dar un dinero para los equipos policiales, era lo justo, acuerdo que lo estaban desconociendo. Gonzales me dice que ponga en marcha el plan B. Me fui a la Conferencia Episcopal, donde Monseñor  Víctor Bravo, le expliqué mi situación, en una computadora metió el pendrive, vio las fotos de La Custodia y se puso a llorar. Ellos adoran esa reliquia. Llamó por teléfono a monseñor Víctor Román Mantilla y luego de dialogar me dijeron que siga negociando que me iban apoyar económicamente dentro de sus posibilidades. Ya con el apoyo del Monseñor, nuevamente llamé a los informantes Omar Aurias y Wilson Bastidas y les dije para completar el negocio y llevar el dinero. Ellos señalan nuevamente la ciudad de Ambato para el encuentro en un día determinado, en horas de la mañana. Me dicen que tengo que estar en una camioneta con veinte sacos de arroz y en un saco los cinco millones. La garantía  para Omar Auria y Wilson Bastidas era el informante, porque el informante es pillo, y a su vez él me garantizaba a mí, por eso ellos se movían.
Llegamos nuevamente a la UNASE, de Quito, se conformó un grupo de diez agentes, se prestó una camioneta y compré veinte sacos de arroz polvillo, Monseñor estaba al tanto de los acontecimientos. Llegamos a Ambato, nos ubicamos en el sector de Ficoa, le pregunto al Coronel González el por qué no está un fiscal aquí; no soy abogado pero íbamos hacer un operativo y según los procedimientos deber estar presente un agente fiscal, pues no había delito flagrante ni había dinero.  El coronel Gonzales me contesta que a su Comandante General le ordenaron desde arriba que en este caso no se debía pagar ni debe intervenir ningún fiscal. Eso no estaba bien, significaba que íbamos a trabajar al margen de la ley. Pero me dice que no me preocupe, que hagamos el trabajo para recuperar el tesoro y recuperar la recompensa honestamente.
Yo estaba motivado por el dinero, no tengo sueldo, vacaciones ni nada, soy un detective privado y si no trabajo no como. Estábamos al pie del Supermaxi, en el sector de Ficoa, me llama el informante y llega en un taxi con Wilson Bastidas, Omar Auria y un tipo que no lo conocía, entré a taxi, tenían dos fundas y me dan una diciendo que mire, yo la abro y dentro estaba el vestido de la reliquia, y todavía alzo el objeto para que sea filmado por la policía, en la otra funda estaba la corona de oro, y me dicen que les dé un millón de dólares en ese momento para en dos horas traer La Custodia. Querían pruebas de que tenía el dinero.
Como conozco el procedimiento, para salir del paso les dije: “vea hermano, con quien cree usted que está haciendo el negocio, no soy imbécil para abrir un saco lleno de billete y contarlo en plena calle, un millón de dólares, usted me pega un tiro y se me lleva la plata, llévese su vaina, no quiero saber de usted”. Mi reacción fue coherente, por eso ellos se fueron.
Como a los ocho días llaman a mi informante,  le dijeron que no estuvo bien ese tipo de propuestas y que me ponga al teléfono, entonces, hablando como Colombiano, le dije: “vea mijo tal día usted llega al aeropuerto de Quito a las doce del día, yo voy a estar en el hotel con el billete, cuando usted llegue le digo donde estoy”. Se le dio parte al Coronel Gonzales y al Coronel Mosquera, éste último informó al Comandante General, Bolivar Cisneros, éste a su vez al Ministro de Gobierno y éste al Presidente, quien sabía del operativo con la UNASE para recuperar La Custodia.
Llegó el día del operativo, con personal de la UNASE de Quito y Guayaquil nos ubicamos en un lugar cerca al aeropuerto desde la once de la mañana. Eran cinco y media de la tarde y los señores no llamaban, a las seis de la tarde llamaron a mi informante y le dijeron: “póngame a ese colombiano hijo de puta”, cogí el celular y me insultaron la madre  y me dicen: “vea colombiano hijo de perra, usted y su familia se va a morir, nosotros llegamos al aeropuerto a la una y media a Quito y cuando cogimos un taxi teníamos como diez agentes de civil siguiéndonos”. Había ocurrido que, sin decirnos a nosotros, el Coronel Mosquera, pensando torpemente, él es Máster en investigación pero es un torpe, había ordenado seguir a los muchachos y se dieron cuenta, entonces ellos se regresaron a Guayaquil.
Entonces rápidamente pienso y le respondo preguntándole a qué hora habían llegado, me dice que llegaron a la una y media, les digo que esa gente no era policía, que esa era mi gente hermano, “porque usted tiene que aprender hacer negocios con colombianos, mire, si yo le dije a las doce del día y eran doce y diez y usted no llegó, pienso que usted me va a robar y sabe qué hermano, yo no le quiero ver más la cara, porque yo le voy a cortar la lengua, ósea conmigo no se juega”. Me dijeron: “no. espére un momento, es que el avión de las once se dañó y por eso fue que llegamos a la una y media”, a lo que digo: “hermano, usted tenía que alquilar una avioneta, un helicóptero, usted tenía que llamar a Superman, pero usted tenía que estar en el aeropuerto a las doce, y usted me llega a la una y media, yo no le creo, usted me quiere robar mi plata, hágase un paquete con La Custodia y métasela donde usted más pueda”, y cerré el teléfono. Era un segundo fracaso.
Para esto,  Monseñor me prestó en total trece mil dólares en unos cuatro o cinco abonos, y digo me prestó porque cuando él me da un cheque, yo le daba otro en prenda, hasta cuando yo cobre la recompensa. Un día fuimos a la Curia con el coronel Gonzales, monseñor nos invitó a desayunar y le dijimos que teníamos ubicado el tesoro y a los ladrones que son muy pilas por lo que hay que trabajar despacito, tener paciencia, y que no le cuente a nadie para que no haya fuga de información.
Por el 25 de noviembre del 2007, me dice el coronel Gonzales que el coronel Mosquera tiene cuatro millones de dólares falsos para que negocie con los pillo, le digo que si hago eso me van a matar. Entonces llamé a monseñor y le dije que la policía me estaba dando dinero falso y que lamentaba pero que así no podía seguir en esta vaina, que en algún momento le pagaría lo que me había prestado, que he gastado dinero en hotel, en comida, hasta había dejado en prenda mi carro en seis mil dólares, para poder hacer los trabajos, que tenías pérdidas. Monseñor me contesta: “mijo no se retire, desde hace diez días he estado insistiendo en tener una reunión con el presidente Rafael Correa, por intermedio de la Doctora Doris Soliz quien me ha dicho que justamente mañana, a las diez de la mañana, tenemos la reunión en el Ministerio de Cultura, por favor vaya a las diez.
Nos encontramos a la hora acordada y subimos, nos recibió el Ministro de Cultura, Antonio Preciado, estábamos conversando y llega el actual Ministro de Defensa en representación del Presidente Correa, dice que el presidente manda saludos y disculpas por no poder asistir, y que le comente todo el asunto y todo lo que se va hacer, le dije todo lo que había pasado hasta entonces, que tenemos ubicado el tesoro y a los delincuentes pero que la policía me está dando dinero falso.
Reiniciamos las negociaciones de La Custodia,  acordamos con la banda encontrarnos en Ambato, el diciembre diecisiete. Viajamos en la noche, llegamos a Ambato como a las once, nos quedamos en un hotel por el sector del terminal, el GIR de Quito trajo tres maletas con dinero, y el coronel Marcelo Gonzales llegó de Quito en un carro con una persona que nosotros no conocíamos, ni hablaba tampoco, después de desayunar el coronel Gonzales me llama para buscar un hotel estratégico en Ambato, lo encontramos y a alquilamos dos habitaciones, una para el informante y yo con el dinero, y otra para el Coronel con los agentes. Estábamos preocupados porque los agentes del GIR  no llegaban y Omar Auria y Wilson Bastidas insistían al informante para encontrarnos, decían: “que fue con el patrón, ya tenemos la mercancía”.
Llegaron los de GIR,  estábamos en la habitación y el coronel Gonzales me dice: “mira papito lindo, este hombre es un sicario Colombiano”, y yo le digo: “y que tiene que hacer un sicario aquí”, y me dice: “de arriba ordenaron una limpieza”, en el argot policial significa muerte, yo lo sé porque tengo treinta y dos años tratando con la policía. Gonzales me dice que no me preocupe y me explica: “él va hacer tu guardaespaldas, es normal que un capo colombiano como tu tenga un guardaespaldas, y con los cinco millones en efectivo te metes en un hotel con el informante, el dinero va a pasar porque tiene un 95% de autenticidad, entonces cuando ellos muerdan el anzuelo con el dinero tu propones y dices que para que vean la seriedad del asunto en el negocio se queda el informante aquí con uno de ustedes, en esta caso con Omar Aurias, y que Wilson Bastidas se va contigo y con tu guardaespaldas a ver La Custodia”.
En mi presencia le dio al sicario dos pistolas nueve milímetros y un revolver pequeñito, las revisó y se enojó porque no era el tipo de arma que él había pedido, y se las guardó en la cintura.
Siguió explicándome el coronel: “cuando llegues y veas La Custodia, y solamente cuando la veas,”, y queda mirando al sicario, “te tiras al piso porque él va hacer la limpieza”, y le digo: “Marcelo, que va a ocurrir si están ocho, diez personas”, me dice que no me preocupe que ese es trabajo del colombiano, que yo tenía que tirarme al piso,  que luego ellos llegaban para sacar al sicario del lugar, después que haya hecho la “limpieza”, y que ponían en las manos de los muertos unas armas que hemos traído, para simular algún enfrentamiento.
Es lo que el Coronel me propone, yo no lo acepté, me dijo que era un marica, le dije que soy todo lo que quiera pero que si desde un principio me hubiese dicho no le aceptaba este trabajo, me dijo ok, y dirigiéndose al informante le preguntó que si estaba de acuerdo con su plan, este dijo que si, entonces le dijo: “vas a decir a esa gente que el patrón está chuchaqui, que anoche se quedaron tomando con unas hembras y que te envió en su representación ya que eres su hombre de confianza, te quedas ahí que el sicario hace la fiesta, no te preocupes.”. Para mí, todo lo que pasó luego fue una muerte anunciada.
Me metí en un carro de la UNASE, los agente se ubicaron con el coronel Gonzales en la habitación, vi llegar a Omar Aurias y a Wilson Bastidas en un taxi, entraron al hotel, me imagino que por teléfono le dijeron la habitación en que estaban, como a los diez minutos, deduzco, que Gonzales llamó al equipo de afuera, porque los agentes de afuera se metieron al hotel y el informante salió muy molesto y dice en palabras gruesas, que no las puedo repetir por respeto, que el billete es falso y que eso le ocasiona un tremendo problema, me dice: “tú me respondes por mi plata”, me reclamaba la recompensa porque él había hecho su trabajo, se habían dado cuenta que el dinero era falso. Como a la media hora salió el coronel Gonzales con el dinero falso y con todos los equipos de la UNASE, de Quito y Guayaquil, y los del GIR, y fueron llevando encapuchados a Auria y Bastidas, fueron llevados a Guayaquil donde permanecieron por lo menos mes y medio.
Luego de esto, el informante me cobraba su dinero, y yo no sabía qué hacer, le cuento a mi amigo el coronel Gonzales, le digo que hasta tengo empeñado mi carro y no me quieren pagar la recompensa, lo que gasté en las investigaciones, que si no se recuperó el tesoro fue por culpa de los agentes del Estado que actuaron negligentemente. Entonces mi amigo me dice que lo llame a rendir una Confesión Judicial para contar todo lo sucedido y con ese documento poder cobrar la recompensa prometida por el presidente. Así lo hicimos. Hice lo mismo con Monseñor Obispo de Riobamba, pero además hace un escrito, este año en el mes de junio, donde ratifica el trabajo que realicé, esto para que pueda tener una base legal. Con esos documentos envío comunicado al Presidente, al Ministro de Gobierno, al Ministro de Justicia y al Fiscal General de la Nación, y el único que me contesta es el Fiscal.
Después, amparado en la ley de transparencia  y acceso a la información pública, consigo copia del informe que elaboró el Coronel Gonzales sobre el caso, ese informe dice todo lo contrario a lo que señala el coronel en su Confesión Judicial; según ese informe no pasó nada. No es posible que el Comandante Nacional de Policía, teniendo estas dos confesiones judiciales en la que se dice de las muertes que ocurrieron, le dé trámite al informe de este trabajo, aquí un flagrante perjurio y a nadie le importa. Como ya dije, el único que me contesta el Dr. Washington Pesantes, me acusa recibo, le presento la denuncia de todo lo que estoy diciendo; en nueve meses el Dr. Washington Pesantes no hizo absolutamente nada pese a tanto requerimiento,  a tantas cartas, a tantos escritos, no hizo nada, denunciándole que hubieron nueve muertos, y que se perdió el patrimonio del Estado del Ecuador.
Al término de ese tiempo, envió el caso a Riobamba, donde comparezco ante el Fiscal de Chimborazo, Dr. Beicker, y le digo que qué pasa que son nueve los muertes y no hay investigación, y me responde que soy un demente, un loco en pensar que soy un estúpido para hacer lo que mi jefe no hizo, refiriéndose al Fiscal General, que tiene familia y no quiere perder su trabajo tengo, que los muerto, muertos  están, que haría nada y que puedo ir la veces que quiera que no pasará nada. Efectivamente, pasaron cinco meses y el Fiscal desestimó la denuncia y pide el archivo a la Corte que lo hace casi inmediatamente. A esa altura de los acontecimientos, el caso era de conocimiento público y empiezan las amenazas de muerte para mi, Gonzalez me dijo un día: “eres calavera”.
Traté de hablar con algunos funcionarios y Ministros y nadie me atendía, hasta cuando Miguel Carvajal, que era Vice Ministro de Defensa, me dice que hable con José Luis Cortaza. Dialogué con él y cuando le dije que había muerto cinco colombianos, ese hombre desato una risa diabólica, y me dijo que bien hecho, que nos habíamos desquitado de Uribe. En otro momento logré hablar con Galo Mora, cuando empecé a contarle la historia me dice que ya sabía de los muertos en el caso de La Custodia, y qué yo quería, le digo que me quieren matar, que quiero irme con mi familia, entonces llamó por teléfono al Ministro Ponce quien le dijo que no podía hacer nada, que las Fuerzas Armadas no cuidan a nadie y que ese tema no le compete. Luego de eso hablé con el Ab. Milton Vargas, asesor de la policía, y me dice: “es su palabra contra la de los policías, mientras no aparezcan los familiares de los muertos no se le va a dar la credibilidad a su denuncia”. Después que aparecieron las esposas de Omar Aurias y Wilson Bastidas, fue que la Inspectoría General de Policía aceptó mi denuncia, hicieron un informe de quinientas páginas que lo tiene el Fiscal Valdez.
Demandé al presidente en la Corte de Justicia y en la Corte Constitucional para que me pague y me desestimaron la demanda. A pesar de eso demandé al Presidente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y también me la desestimaron.  Sin embargo de que todas las autoridades niegan el suceso, ninguna de estas altas dignidades me dicen que estoy mintiendo o que van a iniciar una acción legal contra mi persona y que me meterán preso. En dos años y medio no lo han hecho y por qué?. Si estoy vivo es porque Dios es grande, pero mi vida se destruyo. Busqué a la Ab. Blum, para que me defienda, y a través de una persona contactamos a la esposa de Wilson Bastidas y de Omar Auria, ésta última vive en Cuenca, ella dio las fotos de su esposo que luego aparecieron en la prensa. A esa señora el coronel Gonzales la mandó a amenazar, desde entonces no quiere saber nada de nadie.  La prensa tiene miedo, a mí me han entrevistado tres canales de televisión y no ha salido. Perdí a mi familia, perdí mis ahorros, estoy en extremo peligro de muerte.
                                                                                                                                             

El caso de Graciela Alvarado Ortega
La Custodia.
Mi esposo, ahora desaparecido Enrique Omar Aurias Martínez, viajó el 1 de diciembre de 2007 a Ambato a un negocio, de esa fecha hasta hoy no supimos mas de él. Teniendo dos años de desaparecido lo buscamos por todos lados, pusimos denuncias, anduvimos en los hospitales, en la morgue, en la cárcel, por si acaso aparezca muerto o preso.
En septiembre del 2009 me buscó la abogada Djana Blum para comunicarme que al padre de mis hijos lo había matado la policía. Me informaron que fue asesinado por el caso de la custodia de Riobamba, que él estaba involucrado en eso. Si mi esposo cometió ese error no justifica que lo maten y lo desaparezcan, tenía que haber sido juzgado por la justicia, pero no torturarlo y matarlo. Me parece tanta crueldad de la policía haberle hecho esto a una persona, haber dejado sin padre a sus hijos que por lo menos si estaba preso sabían que lo podrían ir a visitar, pero ni siquiera tenemos el consuelo de poder irle a dejar flores a su tumba porque su cuerpo no lo encontramos.
Yo pido que nos ayuden a encontrar sus osamentas para que así descanse en paz y  mis hijos tengan la tranquilidad de saber que pueden ir a visitarlo a su padre a un cementerio.
Doy como un hecho su asesinato por lo que me contaron de la tortura que sufrió, la abogada me contó que mi esposo gritaba pidiendo a sus hijos porque en mes y medio lo habían vuelto loco, tanto fue la tortura que se volvió loco, pedía a gritos ver a sus hijos hasta cuando lo fueron asesinar el pedía ver a sus hijos, pero estos policías fueron tan crueles que nunca le dejaron ver a sus hijos.
Estamos decepcionados de la justicia porque no se ha hecho nada, ni para buscar las osamentas no han hecho nada, no podemos estar en paz porque ahora yo soy padre y madre para ellos son 5 niños los que él ha dejado y es duro criar sola a unos niños que necesitan y extrañan a su padre. Estuvimos hablando con la Secretaria del Ministro, creo que de Justicia, no recuerdo, fue en Quito, le he llorado para que me ayuden, ella nos presentó a otras personas para que nos ayuden de derechos humanos, y nos dijeron que no podían hacer nada.
Yo tenía la esperanza de que por medio de ellos podamos encontrar al padre de mis hijos pero veo que no es así, que ni siquiera eso vamos a poder tener,  un descanso espiritual de paz, por lo menos por mis hijos, porque ellos necesitan de su padre.¿ No, no supimos mas de él, ni una noticia ni una llamada, nada. Desde hay fue la búsqueda, fue nuestro calvario en busca de él saber de él pero no tenemos respuestas ni de las autoridades ni de nadie.

El caso de Julia Patricia Jaén Flores
Mi cuñado Caicedo Ayoví estaba en el parque jugando naipe con unos amigos del barrio a orillas del Estero Salado, en la Cooperativa 15 de agosto, Proletario Sin Tierra en el Guasmo Sur, el pasado 7 de febrero de 2010 a las 10h00 cuando llegaron dos policías y sin mas lo agarraron y lo pusieron contra la pared.
Mi esposo, que iba a comprar cerca de la casa, los ve y le pregunta a los policías por qué detienen al hermano, que si acaso lo han cogido con arma. La policía responde que ellos solo hacían lo que tenían que hacer. Mi esposo les decía una y otra vez que le mostraran un papel de detención porque se querían llevar a mi cuñado, lo iban a subir a la camioneta. Mi esposo no lo dejaba, ellos zamarreaban a mi cuñado para subirlo y llevárselo de ahí, el otro policía que estaba con un rifle le dice que lo suelte y a lo que lo suelta el otro policía le pega el primer disparo en la mano izquierda a mi cuñado y le da un segundo tiro en la espalda.
El asesino le dice al otro policía que fuera a ver si mi cuñado estaba muerto, éste se acerca al cuerpo y le pisa la cabeza y dice que está muerto, entonces le dijeron a mi esposo “recoge el cuerpo y anda a enterrarlo”.
Un hombre de apellido Quintero es el que trafica droga, secuestra, hace lo que le da la gana en el barrio, lo respetan porque  se cree superior, mata y no lo meten preso. Dice que le ha pagado un dinero a los policías para que maten a mi cuñado, él estaba viendo la muerte de mi cuñado desde el  otro lado del rio que se llama “el moquito”. De ahí se ve el parque, cuando recogimos el cadáver llegó ese hombre y se juntó con los policías.
Unos días antes el señor Quintero en compañía de esos policías vinieron a la casa e hicieron problema, entraron a la fuerza, dañaron la puerta y trataron de llevarse a mi esposo y mi cuñado. Me dañaron mis cosas y hasta un dinero que tenia me robaron.
Mis nueve niños y nosotros estábamos aterrados. Un policía de nombre Fabricio quería disparar a mi esposo, mis hijos gritaban, y ni eso no le interesó a esos hombres. Dañaron la puerta con piedras y la tiraron abajo, entraron a la casa y empezaron a registrar todo, a mi esposo lo trataron de lo peor, lo sacaron esposado y lo embarcaron al carro, igual a mi cuñado. Estuvieron un mes detenido, acusados de intento de asesinato a ese señor Wilson Quintero por la balacera que ellos mismos produjeron.
Desde ese entonces recibimos amenazas, no podemos dormir, nos cambiamos de casa y hasta ahí nos siguieron, han venido en una patrulla, dos policía policías adelante y dos civiles atrás, como a las cinco de la tarde, y Quintero andaba en la moto a lado de la patrulla, ellos estaban averiguando nuestro paradero. Otro día, dos hombres encapuchados y armados en una moto  se estacionaron frente a nuestra casa, los vecinos del barrio se asustaron. Nosotros vivimos en una casita de caña y no tenemos ningún respaldo y temo la vida de mi otro cuñado y de mi esposo que salen a trabajar en la mañana y mis bebes que van a la escuela y la casa no es segura. Mis hijos quedan solos cuando nosotras también tenemos que salir a trabajar porque tenemos esa deuda.
Créame que nosotros tenemos mucho miedo, es la primera vez que estamos pasando por esta situación, no tenemos la culpa de nada y hemos tenido que abandonar nuestra casa y todo se nos han robado, todo por reclamar la muerte de mi cuñado y afrontar la situación porque no es un perro que han matado, es un humano, sea un ladrón, sea un fumador,  sea lo que sea, pero es una persona.
Se ha denunciado la muerte en la Fiscalía pero no nos dan ningún resultado, dos veces se ha llamado a declarar a Quintero y a los policías. Ellos se contradicen porque en una declaración dicen una cosa y en la otra dan una versión distinta, y están llevando gente que nunca participo en lo sucedido a declarar ante el Fiscal. Ellos traen a un periodista de canal 1, al que le dicen el cholito (José Delgado) para que declare, pero él estuvo presente cuando fue la balacera y se metieron a la casa a sacar a mi esposo, no cuando fue la muerte de mi cuñado, no tienen por qué incluirlo en las declaraciones de la muerte de mi cuñado porque él no presenció aquel hecho. 

Reseña Judicial
El 7 de febrero de 2010, Luis Alberto Caicedo Ayoví falleció tras recibir dos impactos de bala de dos agentes de policías; según la denuncia presentada en la Fiscalía por el hermano de la víctima, Segundo Marcelo Caicedo.
El hecho ocurrió en la Cooperativa Proletarios Sin tierras, del Guasmo Sur, en momentos que el fallecido se encontraba con un amigo y los policías se acercaron para detenerlo, como se opuso por no estar cometiendo ningún delito, le dispararon, de acuerdo a versiones de testigos moradores del sector.  Según documentos judiciales el fallecido posee impactos de bala en la espalda.
Los policías acusados denunciaron directamente ante el CDH daños a su moral y buen nombre. Además señalaron la presunta peligrosidad del fallecido.
La Fiscalía del Guayas tiene abierta las investigaciones del caso, se esperan resultados.

El caso de Omar Vidal
Soy Omar Vidal, de 54 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana,  nacido en Quito, de padres manabitas.
El domingo 25 de Julio,  fui a la ciudad de Salinas a encontrarme con la presentadora de televisión María Ángeles Sábate Moran y su familia para manejarles el carro y traerlos a Guayaquil; llegamos y los dejé en su casa. Un residente del lugar me hizo el favor de llevarme, hasta Mac Donald, donde me embarqué en un taxi amarillo de la Cooperativa del Terminal Terrestre para irme a casa.
El señor taxista me dijo: “vámonos por esta ruta porque es mas corto”, llegamos a la altura de la Vía Perimetral, se metió por un camino oscuro.  Viendo lo que pasaba, apagué  mi celular y escondí mi cédula en la bermuda. Se detuvo el taxi aparecieron otros individuos quienes me apuntan con una pistola y me insultaron. Se me llevaron la mochila, un rebobinador, una chompa, un calentador, el reloj, el anillo de matrimonio y 25 dólares que me había pagado la señora por haberle manejado el carro. Luego me encapucharon con mi propia camisa.
Yo decía que no me maten y me votaron del taxi hacia una zanja. Escuché el ruido del carro irse y después de diez minutos salí a la Perimetral para pedir auxilio. No había nadie, me dio desesperación y comencé a correr. Con el celular hice dos llamadas al 612 y  me dijeron que espere, que ya llegaba la unidad de policía.
Era angustiante, pasaba el tiempo y no llegaban. Volví a llamar para saber por dónde venían, les dije que se apuren que estaba desesperado. Transcurrió 15 minutos y no llegaron, caminé por lo menos hasta llegar a un lugar más seguro. Nuevamente insistí  en la llamada,  le dije a la señorita que estaba subiendo la Vía a la Prosperina para bajar hacia la Vía a Daule, que iba con tal camisa y tal pantaloneta; la señorita me dijo la patrulla llegaría en 5 o 10 minutos, nunca llegó. Seguí caminando, llamé varias veces y no hubo resultados, me sentía cansado, quería tomar agua porque había caminado como una hora, pero seguí andando, mi propósito era de llegar a casa, volví a llamar a la central y me dijeron que el patrullero ya estaba cerca que no me desespere.
Llegó el patrullero, el policía se puso molesto porque no le hago de la mano, me preguntan si yo soy Vidal, le entregué mi cedula, que la había guardado junto al celular antes que me asaltaran. El policía dudó del robo porque tenía mi cedula, mi celular y mi vestimenta; comenzó a preguntar si soy colombiano, si soy refugiado, y en ese momento, en vez de auxiliarme de inmediato, me sometieron a un interrogatorio. Tuve que ir respondiendo acorde iban preguntando, que si estaba en alguna fiesta, que si estaba en estado de embriaguez.
Después de las preguntas, el policía Galarza llamó a la Central para que disponga porque decían que había mucha gente que se hacía pasar por víctima para que le den el servicio de transporte a su casa gratis. Les dije que les iba a pagar tan pronto llegue a casa pero que me lleve. El policía repitió que harían lo que la Central disponga, me dijeron que andoba tomado y que los quería sorprender. Entonces le dije al policía que gracias por haber venido y en mi celular anoté los números de la placas de la patrulla, procedí de nuevo a llamar a la Central y dije que no era justo haber caminado 5 o 6 kilómetros para que no me ayuden. El señor sargento me metió un puñete en el ojo y me dijo que me va a detener por escándalo en la vía pública, me seguían pegando.
En el video se ve que subo voluntariamente al patrullero para que no sigan el maltrato.  Un policía dijo que hay una cámara pero no sabía si valía, otro policía se bajó para ver disimuladamente la cámara y dijo que no servía, luego nos vamos. Me trasladaron a la Policía Judicial,  en el Departamento Médico me sacaron las esposas. Cuando entré ya estaban los policías hablando con la doctora, le dije a ella que esos policías me habían dado un puñete, sin embargo la doctora nunca me hizo el reconocimiento médico, ella puso en el informe que estaba apestando a licor y que fui agresivo.
Cuando me sacaron y me volvieron a embarcar en la patrulla, llegó mi esposa y me vio el ojo hinchado, el policía le dijo que por agresivo me pegaron, mi esposa le dijo que no soy agresivo. Cuando me llevaron al Centro de Detención Provisional los policías dijeron: “aquí te quedas preso”. El guía de turno, señor Bolívar Campozano,  a las 3h15 de la madrugada, me solicitó 30 dólares para ubicarme en una celda segura, le dije que no tenía dinero, se molestó y me mandó al pabellón donde había violadores, drogadictos y asaltantes. A los 5 minutos de haber llegado me robaron lo que tenía puesto mientras me apuntaban con tres cucharas afiladas en punta, me dejaron en calzoncillo.
Amanecí arrimado a una pared, me dolía todo el cuerpo, los ojos, el brazo, la espalda y no podía ni respirar por el dolor. Como a las 6 de la mañana nos llaman a formar y me regalaron una pantaloneta. No tenía ganas de nada, me sentía mal anímicamente y el dolor en el cuerpo era insoportable, se violaron mis derechos sin haber agredido a ninguna persona. A eso de la 13h00 llegó mi esposa con la boleta de libertad, estaba en un estado terrible y con el ojo mal, pero así me fui directamente casa a ver a mi hijo, entonces cogí valor de denunciar lo que me había sucedido para que no se vuelva a repetir.
A los policías acusados ya se les hizo tribunal de disciplina y se los sancionó. Ahora estamos en el juicio penal, busco que se sancione a todos que los que tuvieron algún grado de responsabilidad en lo que me pasó, como el oficial de control, el Sr. Santiago Andrade, la Dra. Mirna, jefa de Medicina Legal, y el mismo comisario que me juzgó, porque se violentaron mis derechos en todos los aspectos. 

Reseña judicial
El 7 de Agosto de 2010, Omar Vidal denuncia que fue agredido físicamente, en la cabeza, espalda y brazos, por agentes de policía cuando pedía ayuda tras haber sido asaltado. Lo acusaron de escándalo en la vía pública y lo llevaron detenido al Centro de detención Provisional, donde por no pagar treinta dólares por una “buena celda”, lo dejaron en calzoncillos.
Poe estos hechos, fueron investigados los policías: Armando Campoverde Yamuna, Wilmer Galarza, Jorge Macías, Klever Arcos y Roberto Benavidez, el departamento de Asuntos Internos de la Policía encontró responsabilidad por mal procedimiento y dio de baja de sus filas a Wilmer Galarza y Armando Campoverde.
El Juez Décimo Tercero de Garantías Penales de Guayaquil, conoce las investigaciones por el delito de agresión, detención ilegítima y falsedad de parte de detención.

El caso de Santiago García Correa
Fui detenido injustamente, estaba en la Universidad matriculándome. Yo no sé en qué momento he estado en esa revuelta, ya que tengo el recibo de pago de la matrícula a las 12h17, y la policía dice que me ha detenido a las 11h30, y más aun antes estuve sacando la libreta militar.
En la Facultad de Economía, de lado del estero salado, le estaban pegando a un compañero con un palo en las espalda, yo intervine diciendo que no le pegara y en eso la policía dice “tú también fuiste”. Después con esos cascos me pegaron en la pierna y se burlaban de mi, y es en el Cuartel Modelo donde me ponen, en el parte de detención, que yo había lanzado el explosivo porque no sabían a quien echarle la culpa. Ellos nunca identificaron a nadie sino que al azar buscaban un culpable y para mi mala suerte me dicen que yo he sido.
Por tener el cabello largo me acusaban como el chorrudo y me obligaron a tomarme una foto con un el letrero de la FEUE, en el momento de mi detención no cargaba nada mas que mi mochila en la que cargaba  los documentos de la Universidad y mis libros. No pertenezco a ningún movimiento político estudiantil, mi trabajo es con las organizaciones de la sociedad civil en el tema de jóvenes. Cuando me detuvieron, no me encontraron con cosas que me inculparan, soy inocente y las acusaciones que hacen contra mí los policías es una infamia, más aún cuando he sido torturado sicológica y físicamente.          
Fui torturado en el Cuartel de la Policía Judicial de Guayaquil, me hicieron la “La Pulga China” y “La Moto”.
Mientras me amarraban el pie con plástico colocaban papel higiénico  prendido con fuego, uno movía el pie y los policías empezaban desde las celdas a acelerar “La Moto”. Esto fue en los calabozos de la PJ.
La quemadura en el brazo que tengo se llama la “Pulga China”. Es donde te colocan un palillo de fósforo en el brazo con pasta dentífrica, no podía ni dormir porque estaba en zozobra pensando en que algo me iba a suceder. Incesantemente me repetían las acusaciones de que yo había sido el que ocasionó la agresión al policía; la agresión psicológica es tremenda. Los mismos internos tienen que seguir el juego de los policías, la verdad yo no quería ni tener contacto con ningún policía al verme en esta situación que me culpaban por algo que yo no lo hice, estaba lleno de rabia por la impotencia. Los policías tienes un sistema que cree que puede rehabilitar pero no es así, con la constante tortura y la constante acusación es un sufrimiento terrible.
Ellos me gritaban “por tu culpa es esto, sabes que ya está muerto”, refiriéndose al policía herido, todo esto me terminaba afectando.
Mi detención fue todo un proceso de violencia física hacía mi persona, nunca me leyeron mis derechos. En el Cuartel Modelo me agredieron con casco, puntapiés, con gas lacrimógeno a menos de dos metros. Me obligaron a utilizar carteles de partidos político a los cuales no pertenezco. El sarcasmo fue brutal,  botaban algo y me hacían levantarlo pegándome puntapié, los policía le decían a su superior: “mi sub, deme 15 minutos con él en el cuarto”.

Reseña judicial
El 24 de marzo de 2010, en horas de la mañana de produce una manifestación de estudiantes alrededor de la Universidad de Guayaquil, el policía Edgar Pone Loor resultó con graves quemaduras tras una explosión de una bomba molotov.
Fueron detenidos ocho estudiantes, entre ellos Santiago García Correa. En la audiencia oral de calificación de flagrancia, ese mismo día a las 22h30, el Juez Vigésimo Sexto de Garantías Penales, Ab. Ubaldo Macías Cevallos, inicia la instrucción fiscal contra los acusados pero sólo dispone la prisión preventiva contra Santiago, habiendo éste presentado pruebas de su no participación en el hecho como el papel de matrícula en que consta la hora que realizó dicho trámite y que fue después de lo sucedido.
Los defensores de Santiago interponen el recurso de habeas Corpus, conoce la presidenta de la Corte de Justicia de Guayaquil, Dr. Leonor Jimenez de Viteri, que dispone su libertad, el 27 de abril de 2010.
Sin base legal se emite dictamen fiscal, en agosto de 2010, y el Juez Cuarto de Garantías Penales, Jorge Mestanza, dicta llamamiento a juicio en contra de Santiago en calidad de autor y a los restantes acusados como cómplices, en septiembre. Se apela de dicha decisión judicial y actualmente el caso está para resolución en una de las Salas de la Corte de Justicia de Guayaquil.

AVANCES Y RETROCESOS: LOS DERECHOS HUMANOS A 62 AÑOS DE LA DECLARACION UNIVERSAL
No está en duda la importancia histórica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En poco más de seis décadas la Declaración aparece claramente como la más alta producción intelectual del Siglo XX, pues ha condensado en breve texto las aspiraciones de individuos, colectividades y pueblos que durante milenios parecieron sueños inalcanzables.
Desde ese glorioso diciembre de 1948 cuando se firmó hasta ahora, la Declaración ha servido de base  para la promulgación de tratados, convenios y otras declaraciones en materia de derechos humanos, incluyendo una fuerte red de instituciones a nivel mundial que comprende tribunales de justicia capaces de hacer un reconocimiento explícito de esos derechos respecto de individuos y colectivos con carácter de cumplimiento obligatorio.
Lo repito: esto era un sueño lejano hace poco más de medio siglo, solo un instante dentro de una Historia de muchísimos miles de años.
El carácter universal de este documento es real aunque falte mucho aún para su vigencia plena en todo el Planeta. Pero los derechos individualizados que contiene forman  ya parte medular de las Constituciones de casi todos los Estados que integran  la ONU y prácticamente nadie, ni los gobernantes más abusivos ni las mentalidades más atrasadas se atreven a negarlos, al menos públicamente.
Pero en la práctica acechan contra ellos fuerzas oscuras, las que aún sostienen el odio racial, la subordinación de la mujer al hombre, la homofobia, la explotación de otros humanos; las que glorifican la guerra que las beneficia económicamente; las que extraen enormes riquezas de la Naturaleza a costa de su destrucción y de la miseria de los miles de millones de personas que conforman los pueblos dependientes. Pasa en el Mundo y pasa en Ecuador.
Entre nosotros los avances conseguidos con sangre, sudor y lágrimas a través de las luchas sociales que nosotros, el Pueblo Ecuatoriano, hemos librado por muchas décadas recientes y que se materializaron en la Constitución de Montecristi son resistidos por sectores tradicionales que aún mantienen buena parte del Poder económico, político y social. Con fuerte  apoyo  de algunos de ellos enquistados en el aparato del Estado impulsan reformas a la Constitución buscando debilitarla, proponen medidas de retroceso que van en contra del espíritu y la letra de la Carta Magna y acentuarían el carácter represivo del Estado en contra de sectores populares, recortando sus capacidades de movilización en pro de cambios sociales más profundos.
Así que este nuevo aniversario nos encuentra en pleno desarrollo de contradicciones profundas cuya superación –no me queda duda- significará pasos adelante en la construcción de la sociedad próspera, inclusiva, igualitaria, abierta y democrática por la que los militantes de Derechos Humanos y todos los ecuatorianos luchamos.
El 10 de Diciembre es día de fiesta para todas las humanas y humanos; celebrémoslo con regocijo.
Fernando Gutiérrez Vera
Defensor del Pueblo del Ecuador