Las organizaciones sociales abajo firmantes manifiestan su indignación frente a la negativa del juez IV de Garantías Penales, José Tamayo Arana, al pedido de revocar la prisión preventiva que pesa sobre Santiago García Correa, único detenido por los disturbios ocurridos el 24 de marzo en los alrededores de la Universidad de Guayaquil en los que resultó gravemente herido el Policía Nacional Edgar Ponce Loor.
Recordamos que inmediatamente después de ocurridos los hechos, nos acercamos a las principales autoridades de administración de justicia y de Gobierno para entregar pruebas solidas que confirman la inocencia de Santiago García y que básicamente se resumen en los siguientes puntos:
Documentos que señalan que Santiago García se encontraba tramitando su matrícula en el momento del atentado contra el Policía Edgar Ponce. También el Parte Policial que señala la hora de la detención no compagina con la hora del atentado.
Varias pruebas audiovisuales de medios de comunicación que muestran a un sujeto encapuchado que lanza presuntamente una bomba incendiaria no corresponde a la contextura ni vestimenta de Santiago García. Además de grabaciones que muestran que Santiago García fue capturado lejos del lugar de los hechos.
La demora por parte de la Fiscalía para tramitar estas pruebas junto a su débil rol investigador, hizo que se postergara la Audiencia de Sustitución de la Prisión Preventiva fijada para el 9 de abril por no existir suficientes garantías. Una semana después, esta audiencia se realizó con la exposición grafica de estas pruebas y la negativa del juez para asimilar los elementos de descargo.
Los abajo firmantes tememos que la negativa del Juez de Garantía Penales para dejar en libertad a Santiago García se deba un espíritu de cuerpo policial y fiscal confabulado para resaltar el testimonios de los policías capturadores, las declaraciones contradictorias del policía Edgar Ponce sobre la apariencia de su atacante y la parcializada pericia policial de las pruebas audiovisuales.
Lastimosamente tenemos que admitir que aquella promesa repetida por las autoridades judiciales y de Gobierno en relación a que, en este caso “no se busca a un culpable sino a el culpable” ha quedado en palabras. Mientras más días siga Santiago García privado de su libertad, mientras más días el responsable del atentado esté en la impunidad, más extendido será el descredito ciudadano a la acción de los órganos de gobierno y judicial.
Reconocemos que nuestro nuevo ordenamiento jurídico se define como “de Derechos” en relación al predominio de las normas internacionales de Derechos Humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entre otras cosas señala:
“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” y “la prisión preventiva de las personas no puede ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado”. Además recordamos que el juez actualmente es una autoridad “De Garantías” en un proceso penal frente a las dudas que pudieren conducir a la vulneración de derechos.
Exigimos al Ministro de Gobierno, a la Presidenta de la Corte de Provincial de Justicia y al Ministro Fiscal de la Provincia impedir inmediatamente que progrese este nuevo caso de injusticia, privando de la libertad a un inocente y dejando en la impunidad al responsable del atentado perteneciente a conocidos grupos violentos. Por nuestra parte, seguiremos ejerciendo nuestro derecho humano a la observancia activa del debido proceso y dentro de ello, anunciamos el Planton por la Libertad de Santiago García contra la Impunidad el lunes 19 de abril desde las 9h00 a propósito de la presentación de un Amparo de Libertad preparado por la defensa de Santiago García.
Guayaquil, 17 de abril de 2010
Lcdo. Delfa Mantilla
Coordinadora de Red Jubileo 200
Lcda. Peggy Ricaurte
Directora del Colectivo de Alternativas Humanas
Lcdo. Billy Navarrete
Secretario Ejecutivo del CDH