El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) saluda la resolución mayoritaria de la Asamblea Nacional sobre la determinación de la responsabilidad estatal y política del Ministro de Defensa Gian Carlos Loffredo en el caso de la desaparición forzada y posterior muerte de los cuatro niños de las Malvinas. Sin duda, este paso de una de las funciones del Estado (Legislativa) promueve la búsqueda de verdad, justicia y reparación frente a esta grave violación de Derechos Humanos ocurrida en contexto de estado de excepción y perpetrada por patrullas militares.
El Ministro al momento de conocer el caso tomó automáticamente una posición estigmatizante y revictimizante hacia los niños y sus familiares. Minimizó el hecho señalando que hablar de desaparición forzada era "hacerle juego al crimen organizado", además de amenazar a la jueza constitucional que declaró la existencia de la desaparición forzada en manos del Estado. Esta suma de escenarios, revelan la incapacidad, inexperiencia y desconocimiento que tiene el ministro sobre el rol que cumple las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y las obligaciones reforzadas que tienen en casos de grupos vulnerables como lo son niñas, niños y adolescentes.
El Presidente de la República, Daniel Noboa Azín, de manera reactiva y antitécnica, ha dispuesto desde enero de 2024 hasta la actualidad la movilización de las Fuerzas Armadas bajo la figura de un supuesto conflicto armado interno. Este hecho fue reprochado por cuatro órganos de tratado de Naciones Unidas: el Comité contra la Tortura (julio de 2024), el Comité de Derechos Civiles y Políticos (agosto de 2024), el Comité contra la Discriminación Racial (noviembre de 2024) y el Comité de Derechos del Niño (enero de 2025). Incluso la Corte Constitucional del Ecuador sigue advirtiendo la falta de justificación para una declaración de conflicto armado interno.
Esta persistente necesidad de militarizar la seguridad ciudadana, sin antes fortalecer la Policía Nacional, establecer una política pública de seguridad, retomar el control de los centros penitenciarios o asegurar mecanismos de denuncia y rendición de cuentas, ha puesto en peligro la vida e integridad de las personas. Las medidas tomadas durante 2024 no han reducido en absoluto la crisis de violencia, sino que han generado un aumento de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, particularmente las Fuerzas Armadas.
Bajo la dirección política del Ministro de Defensa Gian Carlos Loffredo, el CDH ha registrado más de 27 casos de desapariciones forzadas, mientras la fiscalía investiga más de una docena de ejecuciones extrajudiciales y múltiples casos de tortura. La gestión del Ministro de Defensa ha promovido el desprestigio y la desnaturalización del rol de las Fuerzas Armadas.
Así mismo, rechazamos la estrategia de obstaculización y encubrimiento del Ministerio de Defensa en algunas de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, al declarar como reservada y confidencial la información sobre los nombres de los participantes en operativos militares que derivaron en desapariciones forzadas. Conforme al artículo 18, numeral 2, de la Constitución, no se puede alegar reserva o secreto de información en casos de violaciones a los derechos humanos.
En un contexto de grave crisis de inseguridad, se requieren acciones contundentes, técnicas y planificadas para combatir el crimen organizado. Es crucial articular las instituciones públicas, incluyendo las Fuerzas Armadas, pero también potenciar sus capacidades y asegurar que sus acciones tengan un adecuado direccionamiento técnico para evitar que sean utilizadas como instrumento político.
Continuaremos monitoreando los efectos de las decisiones ejecutivas y exigiendo #VerdadJusticiaYReparación.
Guayaquil, 25 de febrero del 2025
Dirección Ejecutiva
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)