El CDH es una organización social de Derechos Humanos constituida legalmente desde hace 40 años, que nació en la ciudad de Guayaquil. Durante todo este tiempo hemos denunciado los abusos del Estado en contra de las personas más desprotegidas en casos de: desalojos forzosos, xenofobia, discriminación, violencia basada en género, restricción de acceso a medicinas por parte de grupos de atención prioritaria, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros casos. Estas vulneraciones de DDHH han existido en todos los gobiernos, y el CDH siempre ha denunciado esos escenarios con la misma intensidad.
Particularmente, en el contexto de la crisis carcelaria, esta organización denunció desde el 2019 la toma de los centros penitenciarios por parte de bandas del crimen organizado, bajo la permisividad de instituciones públicas. Estos hechos han puesto en riesgo a personas detenidas, a funcionarios de instituciones y también a jueces y juezas.
Este escenario motivó al presidente Daniel Noboa el Decreto de Estado de Excepción 110 que facultó el ingreso de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios del Ecuador para su recuperación interna. La intervención exitosa permitió que nuevamente se depuraran los centros penitenciarios de armas, drogas y demás objetos ilícitos, que funcionarios públicos permitieron que ingresen. Sin embargo, esto también fue acompañado de otras acciones que constituyen vulneración de Derechos como restricciones de acceso a medicación de personas con enfermedades catastróficas o complicadas, así como de un uso ilegítimo de la fuerza por parte de los militares, que podrían configurar el cometimiento de tortura. De igual forma, se evidenció que las FFAA impidieron el ingreso de otros funcionarios de entidades públicas, como el MSP o la Defensoría del Pueblo.
Estos presuntos actos de tortura no sólo son innecesarios para la recuperación de los centros penitenciarios, porque ocurrieron después de que las Fuerzas Armadas tomaron el control, sino que están prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Esta situación motivó al CDH a presentar tres acciones constitucionales de Habeas Corpus, de las cuales dos fueron aceptadas y una continúa en etapa de prueba. Dichas acciones buscan únicamente lograr el ACCESO A MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA de quienes tenían enfermedades preexistentes y heridas abiertas como resultado del uso ilegítimo de la fuerza de los militares. También buscaba exhortar a las FFAA a enmarcarse en sus funciones y no extralimitarse a las facultades que los decretos 110 y 111 les otorgó, siguiendo también el dictamen 8-21-EE de la Corte Constitucional. Como antecedente, durante el año 2023 el CDH atendió mas de 100 casos de personas privadas de libertad, que demandaban acceso a medicinas.
Frente a esos dos fallos positivos de Habeas Corpus, se inició una campaña de desinformación, estigmatización y desprestigio contra el CDH y personas defensoras de Derechos Humanos, así como contra las y los jueces que, en base a derecho, resolvieron estas dos acciones de Habeas Corpus. Esto fue acompañado de ataques digitales contra nuestra organización y sus integrantes, paralizando temporalmente nuestra capacidad de recibir y procesar denuncias ciudadanas. Estos últimos hechos fueron puestos en conocimiento a la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado.
Estas resoluciones judiciales lograron que la Fuerzas Armadas permitan el ingreso a centros penitenciarios de funcionarios Públicos como el MSP o la Defensoría del Pueblo, para atender a personas privadas de libertad que requerían ayuda, particularmente a la Penitenciaria del Litoral.
El jueves 15 de febrero el presidente Daniel Noboa decidió calificar a quienes denunciamos los excesos de la Fuerza Pública, dentro y fuera de las cárceles, como "Antipatrias”.
Frente a todo este escenario, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) expresa:
1.- Reconocemos que la intervención militar ha logrado depurar temporalmente los centros penitenciarios del Ecuador (como lo han hecho otras intervenciones militares en otros Estados de Excepción). Sin embargo, la única salida para detener el avance de la crisis carcelaria es impedir que vuelva a instaurarse el control de las bandas en las prisiones. Para ello, el Servicio Nacional de Atención Integral para adultos y menores infractores (SNAI) debe desaparecer, e institucionalizar la competencia de la gestión penitenciaria a un Ministerio, como consta en las recomendaciones realizadas por la CIDH en el año 2022.
2.- Recalcamos que para afrontar la crisis de seguridad no hace falta promover vulneraciones de Derechos Humanos. Las decisiones de combate al crimen organizado se fundamentan en decisiones y operaciones técnicas y de inteligencia que, si se cumple la Ley, no ocasionan restricciones a Derechos. Si no se tiene rigurosidad y profesionalismo en la actuación, ocurrirá lo que se ha estado denunciando desde el inicio del Estado de Excepción: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Dichos resultados no son una forma de luchar contra la criminalidad, sino de imponer un régimen antidemocrático de graves violaciones a Derechos Humanos.
3.- Rechazamos categóricamente la campaña de desinformación que se ha realizado sobre este proceso que, de manera maliciosa, ha expuesto información tergiversada, con el fin de desprestigiar el trabajo que realizan las organizaciones de Derechos Humanos.
4.- Rechazamos categóricamente los comentarios del presidente constitucional Daniel Noboa al denominar como “Antipatrias” a quienes denunciamos los abusos y excesos de la Fuerza Pública. Su deber constitucional como máximo representante del Estado es hacer cumplir la Ley y la Constitución, y acatar las obligaciones internacionales que tiene el país en materia de Derechos Humanos, como consta en el Art. 5 del decreto presidencial No. 111, que ordena a las Fuerzas Armadas “ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos (…)”. Su comentario vulnera la independencia judicial, promoviendo ataques a jueces y juezas y emite discursos estigmatizantes contra organizaciones y personas defensoras de Derechos Humanos.
5.- El CDH continuará monitoreando la situación carcelaria y de seguridad, y pondrá en conocimiento de las organizaciones internacionales de Derechos Humanos los excesos de la Fuerza Pública y los ataques injustificados a defensores de derechos humanos, como se reseña. Exigimos respeto y protección a nuestro trabajo institucional.
6.- Saludamos las decisiones de la Fuerza Militar en la Penitenciaria del Litoral, de permitir el ingreso de médicos del Ministerio de Salud Pública y funcionarios de la Defensoría del Pueblo del Guayas, dando cumplimiento a la sentencia favorable dentro de la acción constitucional de Habeas Corpus.
Como CDH seguiremos construyendo canales de diálogo y construcción colectiva para abordar la difícil situación que atraviesa el país en términos de crisis de violencia debido a la presencia del crimen organizado. De igual forma, no dejaremos de denunciar los excesos y abusos ocasionadas por la Fuerza Pública.
Guayaquil, 20 de febrero de 2024.
El Directorio del CDH