Gobierno Nacional debe asegurar suministro de energía eléctrica a servicios prioritarios y ofrecer información integral sobre desconexiones programadas.
Ecuador está viviendo una grave crisis energética resultado de la negligencia de las autoridades del Gobierno Nacional, que no tomaron las acciones preventivas y correctivas solicitadas desde enero de 2023 por la CENACE, Operador Nacional de Electricidad. Esto ha resultado en la implementación de un programa de cortes de luz programados en varios sectores del país. Este escenario se suma al deterioro progresivo de los servicios de salud y educación, ocasionando una sistemática vulneración de derechos sociales.
Frente a esta situación, el Gobierno del Presidente Guillermo Lasso debería asegurar mínimas condiciones de funcionamiento a instituciones públicas y privadas que ofrezcan servicios prioritarios como: hospitales, clínicas, subcentros de salud, albergues, centros de privación de libertad, unidades educativas fiscales y otros que impliquen impactos a derechos de grupos de atención prioritaria. Es decir, asegurar que cuenten con energía eléctrica para su funcionamiento.
La Corte IDH, ha señalado que el suministro de la energía eléctrica debe ser de carácter ininterrumpido pues su acceso es fundamental para la garantía de otros derechos humanos (1). Por ello, bajo el principio de progresividad y no regresividad, cualquier respuesta que el gobierno central genera frente a la crisis energética debe ser pensada en garantizar los derechos de la población, sobre todo de los más vulnerables.
De igual manera, señalamos que las planificaciones de cortes programados de luz deben ser construidas en base a criterios técnicos de consumo y difundidas con anticipación a los sectores afectados a través de los medios suficientes. La incertidumbre sobre los cortes planificados de luz genera una vulneración del derecho a recibir servicios públicos de calidad.
Por ello, desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos:
1. Condenamos la negligencia de las autoridades de turno en la administración del sistema de energía eléctrica nacional causando la grave crisis energética que estamos padeciendo.
2. Exigimos la no suspensión de energía eléctrica a instituciones públicas o privadas que ofrezcan servicios a grupos de atención prioritaria o la garantía mínima de funcionamiento.
3. Exhortamos ofrecer una planificación de suspensión de servicios de energía eléctrica ordenada, construida técnica y participativamente, y con anticipación que asegure a la población la certeza suficiente.
4. Demandamos que se transparente las acciones urgentes que se están tomando para superar la crisis energética e investigue y sancione a las y los responsables de la misma.
El CDH pone en relieve la responsabilidad estatal frente a las actuales restricciones al suministro de energia eléctrica por su carácter indefinido e indiscriminado, que conduce al deterioro, aun mayor, de las condiciones de vida de personas de los grupos de atención prioritaria.
Guayaquil, 8 de noviembre del 2023
El Directorio del CDH
1.- Corte IDH, Resolución Masacres Rio Negro Vs Guatemala, Supervisión de cumplimiento de sentencias del 25 de mayo de 2017.