Presentamos hallazgos preliminares de investigación en curso que realiza el CDH, junto a Misión Alianza Noruega, sobre las condiciones de vida y la violencia social en comunidades de Paz de Guayaquil
Un estudio realizado, entre abril y septiembre del 2022, por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en conjunto con Misión Alianza Noruega, en nueve comunidades de Guayaquil, donde residen al menos 200 mil habitantes, evidencia que la principal causa de la violencia que experimenta esta ciudad es la ausencia de planes integrales de seguridad ciudadana para atender a las comunidades marginadas, sobre todo en zonas periféricas.
Para la investigación realizada en este cantón, que en lo que va del 2022 -junto a Durán y Samborondón- alcanzan una tasa de 37 muertes por cada 100 mil habitantes, se utilizaron varias herramientas de levamiento de información como encuestas, entrevistas y grupos focales; además, de encuentros y diálogos estructurados con líderes y organizaciones comunitarias, en un 90% lideradas por mujeres adultas que tuvieron una participación protagónica en la recolección de información.
En todos los territorios recorridos, se pudo determinar que las familias que menos recursos tienen en Guayaquil se ven afectadas por una violencia estructural como causa de la falta de un sistema de educación eficiente e inclusivo; un sistema de salud público de calidad y calidez; y de vivienda y trabajo digno. Además, de un sistema de servicios y obras públicas, que satisfagan sus necesidades, que se agudizan por la falta de planes de integración comunitaria.
Para el 46% de los líderes consultados el principal responsable es el Gobierno Nacional, que en décadas no ha atendido a la población de manera integral para garantizar derechos, como educación, salud y seguridad, dejándola vulnerable frente a grupos violentos, generadores de delitos como el tráfico de drogas, que para el 82% de los consultados es uno los problemas más graves que experimentan. Otro hecho recurrente, para el 55%, es la extorsión o las denominadas “vacunas”, que afecta a distintos estratos, incluidos los más pobres, quienes a diario también se ven afectados por asaltos y robos en domicilios; en la vía pública y buses de transporte.
Cuando profundizan en el tema seguridad, el 64% de las familias consultadas refieren que las bandas narcocriminales son las principales generadoras de temor e inseguridad en toda la ciudad. El problema se agrava porque consideran que la Policía Nacional, afectada por la corrupción y vínculos de agentes con esas organizaciones, deteriora su imagen, credibilidad y confianza, para el cumplimiento de su misión. Además, su acción es reactiva antes que preventiva y comunitaria.
Según los padres de familia, la falta de control y planes preventivos desde los centros educativos ha llevado a que niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los grupos más vulnerables, sean reclutados por bandas para el tráfico de sustancias y obligados a involucrase en actos ilícitos, por la presión y amenazas de estos grupos. Convirtiendo así a los alrededores e interiores de los planteles educativos en los nichos más recurrentes para la expansión de estas bandas. El estudio permite identificar este escenario como prioritario para la implementación de una estrategia interinstitucional y colaborativa que derive en la recuperación de las comunidades de Paz.
Hay comunidades a las que el Estado les niega el derecho a una vivienda digna. Se les infunde de manera permanente el temor a perder el espacio que habitan y han construido como fruto de su trabajo, casi siempre en la informalidad. Existen casos de adultos mayores y familias con niños, niñas y adolescentes que han sido desalojados de sus casas forzosamente; además, recogimos casos de xenofobia contra grupos familiares expulsados por ser de otra nacionalidad.
Al analizar ese tema, Billy Navarrete, Director Ejecutivo del CDH, señala que ese organismo ha venido monitoreando la política pública aplicada en las últimas cuatro décadas, “la que ha resultado fallida para poder garantizar el Derecho Humano a la seguridad ciudadana integral, que debe ser construido en conjunto con las comunidades. El Gobierno ha reincidido en respuestas anacrónicas como los Estados de Excepción, planes de seguridad de corte meramente policiales, diseñados de espalda a las comunidades; además, ha promovido la intervención de los líderes a través de brigadas barriales antidelictivas; y, últimamente, queriendo convertirlos en delatores. Medidas no idóneas para resolver problemas estructurales, que afectan especialmente a los niños, niñas y adolescentes”, expresa.
Recalca que si bien el abandono estatal es histórico en las comunidades y caldo de cultivo para la inseguridad, la situación en Guayaquil se agudizó luego de la pandemia y permitió que organizaciones criminales y de economías ilícitas hoy administren por la fuerza la convivencia comunitaria.
Otra entidad a la que señalan como responsable de la situación adversa es el Municipio de Guayaquil. Un 46% considera que la carencia de servicios básicos agudiza el bienestar de los que menos tienen. Durante los recorridos pudimos constatar que cientos de familias no cuentan con redes de alcantarillado y quienes lo tienen está en mal estado. Aseguran que, cuando estos se rebosan, la proveedora del servicio ignora sus llamadas; otra carencia que tienen son los medidores de energía eléctrica y agua potable. Se ven obligados a pedir prestada la luz a los vecinos y comprar el agua a tanqueros, lo que resulta oneroso para sus bajos ingresos.
Todas esas circunstancias agudizan la situación de crisis de Derechos Humanos en Guayaquil, que atraviesa una vulnerabilidad extrema, por múltiples escenarios de violencia vinculados. Este estudio constituye una fuente de información que ponemos a disposición de las entidades públicas para la construcción de una respuesta articulada para la recuperación de comunidades de Paz.
Guayaquil, 17 de octubre del 2022
Corto documental “Dentro de las comunidades”
(CDH, 4minutos7segundos)
Sinopsis: Voces de Defensoras Comunitarias de Derechos Humanos del noroeste de Guayaquil describen las precarias condiciones de vida que sufren miles de familias, sin garantías de acceso a la salud, espacios públicos y trabajo, que afectan de forma especialmente mujeres y niños.
Ver video: https://bit.ly/3DMgLJ8
2 noviembre
Violencia en Guayaquil se debe a falta de atención a población marginada, dice estudio
Diario El Comercio
Un estudio realizado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en conjunto con Misión Alianza Noruega, reveló que la principal causa de la violencia que experimenta Guayaquil es la ausencia de planes integrales de seguridad ciudadana para atender a las comunidades marginadas, sobre todo en zonas periféricas.
En lo que va del 2022, Guayaquil, junto a Durán y Samborondón, alcanzan una tasa de 37 muertes por cada 100 000 habitantes, lo que la convierte en la segunda zona más peligrosa del país detrás de Esmeraldas que casi duplica esa cifra.
El estudio se hizo a través del levantamiento de información a través de encuestas, entrevistas y grupos focales. Además se realizaron encuentros y diálogos estructurados con líderes y organizaciones comunitarias.
Leer nota completa: https://bit.ly/3Ar2Rdp
15 noviembre
Salud mental, reto ante ola de violencia
Diario El Comercio
Jóvenes, adolescentes, incluso niños. Una investigación en 12 comunidades del noroeste de Guayaquil concluye que los grupos que generan violencia reclutan a los más vulnerables de estos sectores populares, que también han sido los más violentados.
Jorge Delgado, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que realizó el estudio junto con Misión Alianza Noruega, dice que estos son arrastrados bajo amenazas o se acercan por sus condiciones de pobreza.
Pero la violencia estructural es el origen: falta de acceso a vivienda digna, educación y salud, sin proyectos de seguridad comunitaria ni espacios recreativos.
Cerca de 150 personas participaron en encuestas y grupos focales entre abril y septiembre. El acercamiento no fue sencillo por el miedo y estrés; pero encontraron apoyo en las lideresas comunitarias. Ahora quieren conformar comunidades de paz, donde el Estado garantice mejores condiciones de vida, lejos del estigma.
Leer nota completa: https://bit.ly/3Ehvb33