Ecuador: país de puentes rotos
Deudas, vacíos y silencios en los 16 planes de gobierno
El incumplimiento de la normativa internacional por parte del Estado ecuatoriano ha sido parte de la forma de hacer política de los distintos gobiernos de turno en el Ecuador. Este incumplimiento no sólo desencadena en una irresponsabilidad política por parte del Estado ecuatoriano frente a la comunidad internacional, termina también en graves violaciones a Derechos Humanos en la población ecuatoriana. Frente al panorama electoral se identificaron cinco problemáticas urgentes y se examinó su cumplimiento categórico en los 16 planes de gobierno.
Entre las problemáticas priorizadas, el derecho a la protesta y manifestación como hecho representativo el paro de octubre 2019, que dejó 9 fallecidos y 1.507 heridos debido a la represión y uso desproporcionado de la fuerza. La segunda problemática es una deuda pendiente: Ecuador ocupa el primer lugar en la región andina en embarazo adolescente, y 2.000 niñas menores de 14 años dan a luz cada año. La tercera problemática identificada es movilidad humana: Ecuador registra a más de 400.000 venezolanos que decidieron quedarse en el país en el contexto de la crisis humanitaria venezolana. Para julio 2019 más del 80% de venezolanos que ingresaron a Ecuador contaba con un ingreso oficial y legal, sin embargo, el 54% de esta población reside de manera irregular.
La cuarta problemática en relación al pueblo afroecuatoriano en frontera norte, se centra en la ausencia de políticas de paz y seguridad en provincias de la zona. Concretamente por elevados índices de desigualdad, pobreza e inseguridad, agravados por el progresivo desborde del conflicto colombiano. La última problemática aqueja a la población privada de libertad. En 33 de los 55 centros de rehabilitación social en el país, se registra hacinamiento. Desde 2007 se registra un marcado ascenso de esta población, con 40,000 privados de la libertad para el 2020.
Análisis de planes de gobierno
La mayoría de planes de gobierno de candidatos caen en ofertas demagogas e inconstitucionales, como la repetida propuesta de la pena de muerte y cadena perpetua como ‘solución’ a problemas estructurales que aquejan al país. Desde una panorámica general, existe muy poco interés y conocimiento por parte de los candidatos en relación al cumplimiento de normativa internacional y al avance de los Derechos Humanos especialmente para poblaciones en condición de vulnerabilidad del país.
En relación a derechos de minorías étnicas, la mayoría de candidatos reconocen la importancia de la reivindicación de los derechos indígenas y la importancia de la reactivación de este sector de la población. No obstante, ninguno de los 16 candidatos en sus propuestas reconoce la problemática de la población afroecuatoriana en las zonas de la frontera norte y el principal conflicto entre minería ilegal, abandono estatal, y narcotráfico.
Por otra parte, con respecto a violencia de género, sólo dos candidatos (Hervas y Peña) logran proponer de manera concreta la despenalización del aborto en casos de violación como una respuesta importante al embarazo adolescente. La violencia de género resulta una problemática urgente, sin embargo, candidatos como Andrade, Carrasco, y Sagnay no lo mencionan en sus planes de gobierno. Políticas anti derechos y regresivas para los derechos sexuales y reproductivos son protagónicas en las propuestas de Lasso y Almeida. Candidatos como Celi, Freile, Pérez, Arauz, entre otros, reconocen efectivamente la existencia de esta problemática sin embargo sus propuestas no brindan alternativas de solución concretas con enfoque de género.
La situación de la población en movilidad humana es preocupante teniendo en cuenta los antecedentes político-migratorios previos con tinte xenofóbico. Candidatos como Andrade, Freile, Pérez, y Velasco no poseen ninguna propuesta para migrantes y refugiados. De los 16 presidenciables, ninguno posee una propuesta de política migratoria con enfoque de derechos y con fundamento en principios de protección internacional y de no devolución. Al contrario, muchas de las intervenciones de los candidatos alegan la deportación sumaria alternativa de solución. Esta propuesta ignora por completo las cifras alarmantes de población venezolana en situación irregular, y ninguna de ellas brinda un plan de integración social basado en la no discriminación y no xenofobia para esta población.
La problemática de la población privada de libertad se agrava por el hacinamiento y la situación de violencia en los centros penitenciarios. No obstante, en su mayoría los candidatos proponen como solución la reforma al sistema penitenciario, basándose únicamente en el aumento de centros de rehabilitación y omitiendo el problema estructural de hacinamiento y violencia. Candidatos como Pérez, Peña, Carrasco, Almeida y Andrade ni siquiera mencionan a este sector de la población en sus planes. Ninguno de los 16 candidatos ha logrado reconocer el problema de hacinamiento carcelario, las muertes violentas dentro de centros penitenciarios y la falta de control por parte del Estado para mejorar las condiciones de detención y rehabilitación.
El derecho a la protesta y la manifestación pacífica es reconocido a través del art. 98 de la Constitución, así como el Derecho a la Resistencia. El paro nacional de octubre se constituye un hecho representativo de la violación a derechos civiles y políticos por el gobierno. De los 16 candidatos, ninguno propone una política clara de cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente las observaciones con respecto al diálogo y llamado a la paz. Se observan propuesta de corte demagógico por parte de candidatos Andrade, Celi, Lasso y Hervas sin ningún fundamento en recomendaciones internacionales.
Como balance general, no cabe duda que los Derechos Humanos son tratados como un tema marginal, disperso, y hasta superficial dentro de los 16 planes de gobierno. Los planes se limitan a enunciados y propuestas sin rigor o amparo en las garantías constitucionales e internacionales en materia de Derechos Humanos. Esto resulta especialmente preocupante considerando la grave crisis económica, política, social y sanitaria que actualmente aqueja al país, teniendo como telón de fondo la aguda falta de credibilidad por parte de la población ecuatoriana hacia las instituciones públicas.
Bajo este panorama, ninguno de los candidatos logra representar un sentido de articulación en el país en donde los Derechos Humanos sean el eje transversal. No hay señales alentadoras en términos de credibilidad que debería tener la población para con un gobierno entrante que tenga como misión tender puentes para la reconstrucción del tejido social.
Articulo preparado para www.labarraespaciadora.com
Ver publicación https://bit.ly/3ox6JRn
Texto: Billy Navarrete y Valeska Chiriboga
Fotos: Billy Navarrete y Andres Loor
Ecuador Decide
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH se adhirió a la iniciativa “Ecuador Decide”, coordinada por el Grupo FARO que busca aportar al diálogo y posicionar la importancia de la participación ciudadana en la esfera democrática.
En esta ocasión, se priorizaron 16 temas de interés nacional. El CDH, a través de Billy Navarrete y Valeska Chiriboga, produjo diagnóstico sobre la temática de Derechos Humanos, los cambios introducidos por este Gobierno, las políticas vigentes, las estadísticas más relevantes y los retos de Gobierno entrante.
Este insumo incluye los siguientes subtemas: libertad de manifestación pacífica, derechos de grupos minoritarios, personas en situación de movilidad humana, género y población carcelaria.
Diagnóstico de Derechos Humanos
Durante los cuatro años de Gobierno de Lenín Moreno, se incumplieron obligaciones adquiridas por el Estado ecuatoriano frente al sistema universal y regional de derechos humanos. Esto afecta la aplicabilidad de la normativa internacional en el país, lo que se ve reflejado en el incumplimiento de las 182 recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU). Así, se identifica una ausencia de responsabilidad estatal hacia las obligaciones adquiridas frente a organismos internacionales.
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Libertad de manifestación
El legítimo derecho a la protesta y a la manifestación pacífica encuentra vulneraciones en Ecuador (el paro nacional de octubre 2019 es un caso representativo), especialmente por el uso desproporcionado de la fuerza, la represión policial y la vulneración del derecho a la consulta, el diálogo y la paz.
La vulneración del derecho a la protesta implica el incumplimiento del 29% de las recomendaciones del Examen Periódico Universal, que se enfocan en acceso a justicia e instituciones fuertes.
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Derechos de grupos minoritarios
Las políticas extractivistas, acompañadas del incumplimiento de acuerdos bilaterales y políticas nacionales de paz y seguridad en la frontera norte, condicionan a la población afroecuatoriana a una crisis social, política y económica, agravada por la omisión del Estado ecuatoriano y sus fallas en el desarrollo integral de dicha población.
La provincia de Esmeraldas, cuya población es mayoritariamente afro, tiene un 65% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI).
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Personas en situación de movilidad humana
Las olas masivas de migración venezolana y colombiana ponen a Ecuador como el país que más refugiados acoge en toda la región. Las respuestas xenófobas, traducidas en decretos y políticas migratorias, especialmente durante 2018 y 2019, vulneran la normativa nacional y los convenios internacionales de libre movilidad humana.
Más del 40% de los migrantes que llegaron al país entre 2017 y 2019 no poseían un estatus regular.
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Género
El 12% de recomendaciones del Examen Periódico Universal se enfocaron en materia de erradicación de la violencia basada en género. Sin embargo, se identifica un incumplimiento de la política de Estado para erradicar la violencia de género. Esto se traduce a cifras alarmantes como que Ecuador se ha posicionado como el segundo país de Latinoamérica con la tasa más alta de embarazo adolescente y 6 de cada cada 10 mujeres ecuatorianas que han sufrido algún tipo de violencia de género.
2.000 niñas menores de 14 años dan a luz cada año en el país.
Se han registrado 448 feminicidios entre 2017 y noviembre de 2019.
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Población Carcelaria
Las condiciones de hacinamiento y la ausencia de medidas alternativas de rehabilitación social para las personas privadas de libertad se presentan como una serie de vulneraciones a principios universales de respeto a los derechos humanos y como un estímulo para los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En 33 de los 55 centros de rehabilitación social en Ecuador, se reportaron niveles de hacinamiento. En 2007 se registraban 9.000 personas privadas de libertad (PPL), cifra que alcanzó más de las 40.000 personas en el 2020.
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