Las Organizaciones que formamos parte de la Alianza por los Derechos Humanos y otros colectivos que defendemos la educación pública alertamos que el Estado ecuatoriano está incumpliendo con su mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación y está vulnerando el derecho al trabajo y a una remuneración digna del personal docente y administrativo.
El ajuste presupuestario de educación anunciado este 30 de abril por el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, plantea la reducción de $98 millones dólares para 32 Universidades Públicas del país. Lo que suma un total de $389 millones de dólares recortados al Presupuesto General del Estado para educación durante al menos los últimos dos años.
La educación es un derecho, no un privilegio sujeto a la voluntad de las y los gobernantes de turno. Por eso, le recordamos al Estado ecuatoriano que su deber primordial es el “(g)arantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”(Constitución de la República, Art. 3). La Constitución también señala que “(s)erá inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos” (art. 11.8).
La decisión tomada por el Gobierno nacional incurre en el incumplimiento de sus deberes primordiales del Estado, puesto que este derecho tiene que ser garantizado incluso en estados excepción. Bajo ningún concepto, el Presidente o la Presidenta de la República podrá utilizar para la emergencia fondos destinados a la salud y a la educación (Constitución, art. 165.2). En este sentido, en el caso de que los recursos sean escasos, el Estado tiene la obligación de encontrar otras fuentes de financiación. Además, hacemos hincapié en que la falta de transferencia de recursos económicos en las condiciones señaladas serán sancionados “con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación” (art.348).
Adicionalmente, le recordamos al Gobierno que si se generan manifestaciones y protestas pacíficas por decisiones de ajuste presupuestario que impidan o limiten el goce y ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales de la población, el Estado ecuatoriano está obligado a respetar y garantizar el derecho a la protesta, libertad de expresión y reunión pacífica de todos los ciudadanos, aún en tiempos de pandemia.
Por tanto, las organizaciones sociales y de derechos humanos que suscribimos esta alerta exigimos al Estado ecuatoriano garantizar el derecho a la educación en los términos que establece la Constitución y los estándares internacionales de Derechos Humanos. Esto implica mantener el presupuesto inicial de educación y que se garanticen las condiciones de vida digna para las y los trabajadores de este sector. Además, exigimos que se apliquen las sanciones correspondientes sobre las y los funcionarios que no han realizado las transferencias para garantizar este derecho, como reza el artículo 348 de la Constitución.
Alerta 29
04 de mayo de 2020
También suscriben esta alerta:
FRENTE EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA - ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL UCE - ABORTO LIBRE GYE - INSTITUTO DE ESTUDIOS ECOLOGISTAS DEL TERCER MUNDO - COALICIÓN FEMINISTA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - GUARICHAS INSURRECTAS COLECTIVO FEMINISTA - RED INTERUNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN FEMINISTAS SOBRE ACOSO SEXUAL - WASI MEDIA – RED KAPARI - COLECTIVO DE GEOGRAFÍA CRÍTICA DEL ECUADOR - COLECTIVO DE ANTROPÓLOGAS DEL ECUADOR - COMITÉ ESTUDIANTIL FLACSO - EL COLECTIVO - CULTURAL DE IZQUIERDAS – FEMININJAS – COCASEN – COLECTIVO PRODH – FUNDACIÓN PAKTA - COLECTIVO EL PUNTO - SINDICATO - COMUNA SANTA CLARA DE SAN MILLAN - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EN DERECHOS HUMANOS “SEGUNDO MONTES MOZO S.J.”
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