El Grupo Articulador Regional del Plan de Acción de Brasil, GAR PAB insta a los gobiernos de las Américas a respetar los derechos humanos de personas refugiadas y migrantes en el marco de la crisis del COVID-19
“La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.” (OMS, 2020) El coronavirus ha llegado al hemisferio occidental, actualmente, Europa y las Américas son el epicentro de una tragedia humana: de un lado, la población se enfrenta a la privatización, debilidad e incluso a la restricción y colapso del sistema de salud, y por otro, los gobiernos recurren a la reducción de derechos o regímenes de excepción para poder controlar el avance de la pandemia y disminuir la curva de contagio.
Aunque se entiende la necesidad de medidas ágiles y rigurosas de distanciamiento social, los regímenes de excepción son propicios a graves violaciones de derechos humanos, especialmente para grupos en condición de vulnerabilidad como son migrantes, refugiados, personas en condición de desplazamiento forzado, víctimas de trata de personas, personas con necesidad de protección internacional. Tanto el acceso a la salud como el derecho a ser protegidos por el Estado no deben de depender del estatus migratorio, todas las personas tienen derecho a ser atendidas durante esta pandemia.
Nos preocupa que algunos Estados latinoamericanos, como México, Brasil y Nicaragua, están recurriendo a la protección exclusiva de sus economías nacionales, olvidándose que lo primordial de esta pandemia es la protección de la población, en especial población en condición de vulnerabilidad (mujeres, pueblos tradicionales y originarios, población viviendo en pobreza y en desigualdad, niñez, personas con discapacidad, migrantes y refugiados, entre otros), quienes no cuentan con los medios para llevar a cabo medidas de autoprotección como el distanciamiento social que recomiendan instituciones de salud como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En México y en Estados Unidos se mantienen operativos de detención de migrantes irregulares quienes se ven victimizados por dichos operativos y por la falta de programas de atención en el marco de la pandemia.
Nos solidarizamos con Ecuador y con la ciudad de Guayaquil que tiene el mayor número de fallecidos en la región y sufre el colapso del sistema público de salud. Además, se reportan restricciones para el acceso a alimentos y medicina de familias de comunidades pobres dedicadas generalmente al trabajo informal, entre ellas migrantes y refugiados colombianos y venezolanos, además de posibles limitaciones de acceso a ayuda humanitaria para población en situación de calle o poblaciones en movilidad que no podrá pagar el arriendo de su vivienda.
Como Grupo Articulador del Plan de Acción Brasil, mostramos nuestra preocupación porque se mantienen los vuelos de personas deportadas de Estados Unidos hacia países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia. Como se sabe, Estados Unidos es el nuevo epicentro de la pandemia y seguir deportando a sus países de origen, sin tomar las medidas preventivas necesarias que mitiguen posibles nuevos contagios, puede generar sobrecarga en los débiles sistemas de salud centroamericanos y suramericanos y aumentaría el nivel de contagio, llevando a un colapso total de los frágiles sistemas de atención médica latinoamericanos. También cuestionamos, como menciona el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (2020), la falta de transparencia del manejo sanitario de los y las migrantes detenidos en Estados Unidos en torno a la pandemia.
Vemos con intranquilidad que, resultado del cierre de fronteras decretado por la mayoría de países, muchas personas, entre ellas niños, adultos mayores y enfermos, han quedado atrapadas en aeropuertos y se mantienen en condiciones muy adversas pagando altas sumas de dinero por hospedajes y alimentación, generalmente en hoteles designadas por autoridades. Nos parece contradictorio que en algunos países latinoamericanos se permita la llegada de vuelos de personas deportadas y no se permitan vuelos de personas repatriadas que necesitan llegar a sus hogares para estar seguras.
Nos alarmamos por los niveles de discriminación y expresiones de xenofobia contra las poblaciones expulsadas en las poblaciones de destino de personas migrantes, retornadas y repatriadas. Se han detectado expresiones, en países centroamericanos y suramericanos, de parte de autoridades estatales que tratan a personas extranjeras o repatriadas como portadoras del virus, no como personas merecedoras de una atención médica adecuada, sino con estigmatización. Estas expresiones son replicadas por la ciudadanía mediante actos discriminatorios que dificultan la convivencia y el acceso a los bienes y servicios necesarios para la subsistencia.
Exigimos a los Estados garantizar el acceso al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiados de todas aquellas personas que manifiesten necesidad de protección internacional, ya sea por huir de la violencia social o de la depredación ambiental; sea a través de mecanismos digitales en las fronteras, con medidas de protección y garantías de salud médica de las personas.
Celebramos la habilitación de algunos trámites migratorios de manera digital en Chile, sin embargo, solicitamos que dicha tramitación sea de manera coordinada con todas las instituciones públicas que intervienen en la culminación de dichos trámites de acuerdo con lo prescrito por la ley. Asimismo, es necesario que haya información clara y accesible a las personas migrantes y refugiadas. El cierre de las oficinas del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile no debiese impedir el acceso a protección internacional por parte de las personas que la requieren. A mayor abundamiento, el Principio de Confidencialidad no debe perjudicar a las personas en sus trámites de solicitud de refugio, así mismo, las medidas de prevención del COVID-19, implementadas por el Gobierno de Chile no deben obstruir el Principio de Ayuda Administrativa a salvaguardar a los solicitantes de refugio y refugiados y refugiadas.
Instamos a la autoridad en las fronteras a respetar la calidad de residentes de las personas que deseen ingresar y retornar a Costa Rica, Chile, Colombia y otros países de Suramérica, sea en virtud de su residencia definitiva, visa sujeta a contrato y visa temporaria, incluyendo las emitidas en sede consular como la Visa de Responsabilidad Democrática. Asimismo, exhortamos a las autoridades a mantener una perspectiva de derechos humanos en las decisiones en materia migratoria, considerando como principios rectores la unidad familiar y el interés superior de la niñez.
Pedimos al gobierno de Costa Rica asumir la responsabilidad al eliminar el estatus migratorio a toda persona extranjera con permanencia regular (incluyendo refugiados y solicitantes de refugio) por el hecho de salir del país a raíz de la pandemia; la radicalidad de esta medida irreversible, si bien es cierto es de prevención del COVID-19, no puede llegar al extremo de violentar los derechos humanos y los tratados internacionales ratificados; por ello se recomienda temporalizar la medida a 6 meses y a un estudio previo una vez terminada la crisis de la pandemia de coronavirus.
Recomendamos a los gobiernos latinoamericanos a hacer uso de las “Consideraciones jurídicas sobre el acceso al territorio para las personas en necesidad de protección internacional en el contexto de la respuesta frente al COVID-19” socializadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Las que establecen que:
“Si bien los Estados pueden implementar medidas que incluyan una revisión o exámenes médicos previo al ingreso y/o cuarentena de personas en necesidad de protección internacional, tales medidas no pueden resultar en la negación de una oportunidad efectiva de solicitar asilo o dar lugar a la devolución”. (ACNUR, 2020)
Analizamos con preocupación el impacto de las medidas de contención a los y las refugiados y migrantes en condición irregular en países como Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Chile y Argentina, puesto que muchos de ellos trabajan en el comercio informal que está siendo el más impactado por el cierre completo o regímenes de excepción y no son incluidos en los paquetes de ayuda con víveres, lugares dignos para poder hacer cuarentenas o apoyos económicos estatales. Instamos a los Estados a evaluar los mecanismos para que la población migrante en condición de vulnerabilidad social acceda a los programas de asistencia de emergencia independientemente de su situación migratoria.
También, vemos con preocupación que el cierre completo de fronteras y el rechazo de extranjeros en países como El Salvador y Costa Rica, genera que las personas en movilidad y con necesidad de protección internacional puedan ser víctimas del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, por lo que llamamos a fortalecer los sistemas de alerta temprana y control de este delito asegurando la protección de las víctimas.
Motivamos a los países a mantener coordinaciones para poder manejar el flujo de refugiados y migrantes extrarregionales como el caso de 2,600 migrantes en la frontera de Costa Rica y Panamá, garantizando su derecho a la protección, a la salud y a migrar de forma ordenada y segura.
Acompañamos al Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria de Guatemala en la petición de institucionalizar, en todos los países latinoamericanos, pero especialmente en los países donde siguen regresando flujos de personas deportadas, un modelo de atención ante la pandemia del COVID-19 para esta población, así como establecer protocolos y mecanismos de articulación entre entidades de gobierno y sociedad civil para garantizar la atención integral a personas migrantes con necesidad protección.
Nos unimos al Llamado a la solidaridad y la respuesta humanitaria para población desplazada, refugiada y migrante en Colombia y compartimos el llamado al Estado colombiano y a todos los gobiernos latinoamericanos a: 1) Garantizar el acceso a la vivienda a las personas más vulnerables independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio, 2) Garantizar seguridad alimentaria de toda la población, 3) Garantizar el acceso a servicios de la salud a cualquier persona que los necesite, especialmente en el caso de quienes sufran Covid-19, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio, 4) Garantizar la permanencia en territorio nacional en condiciones de dignidad y prevención y protección frente al coronavirus para las personas refugiadas y migrantes y a seguir implementando medidas de distanciamiento social para evitar la propagación de esta enfermedad.
Instamos a los gobiernos a retomar los derechos humanos de la población como guía en esta crisis y no como un “obstáculo” y evitar la criminalización de organizaciones de derechos humanos, atención de personas refugiadas, migrantes y desplazas en la región. A resguardar el derecho a la salud, al debido proceso y a una vida digna como guía de sus acciones en el manejo y contención de esta pandemia, puesto que, aunque la economía es muy importante para el desarrollo de los países latinoamericanos, es más importante garantizar el bienestar y la salud de la población.
Finalmente, motivamos a los Estados suscriptores del Plan de Acción Brasil, a ahora más que nunca redoblar esfuerzos, acompañados por las organizaciones sociales, en la implementación de dicho plan, específicamente el Programa Asilo Seguro y de Calidad, así como el Programa Fronteras Seguras y Solidarias. La pandemia de COVID19 afectará a todos los países latinoamericanos y mucho más a la población refugiada, migrante, desplazada y en movilidad, los principios del Plan de Acción Brasil y de los instrumentos de derechos humanos son el camino para la lucha contra esta enfermedad.
Firman:
Colectivo Migrantes y Exiliados Colombianos por la paz MECoPa - Argentina
ACAI
Alianza Américas
Asociación para una Vida Mejor Honduras, APUVIMEH
Asylum Acces México
CAREF
Cáritas Arquidiocesana de Río de Janeiro
Cáritas Arquidiocesana de São Paulo
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación De las Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) de Honduras
Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, CIDEHUM
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales
CODHES
Colectivo de Exiliados y Refugiados Colombianos en Ecuador CERCE
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CDH Guayaquil
Cristosal
Ecos de Colombia Migración y Refugio - Costa Rica
Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad de Perú
FASIC Refugio
Gabriela Rodríguez Pizarro, Ex relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes de la OHCHR
Hermanas Misioneras Scalabrinianas, Provincia María, Madre de Los Migrantes
HIAS
Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH)
Organización de Colombianos Refugiados en Chile OCoRCh
Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales – RESAMA
Servicio Jesuita para los Migrantes de Nicaragua
Servicio Jesuita para Refugiados de Colombia
Sin Fronteras IAP
SOS Víctimas Colombianas en Panamá SOVIC
Fuentes:
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2020). Consideraciones jurídicas sobre el acceso al territorio para las personas en necesidad de protección internacional en el contexto de la respuesta frente al COVID-19. Recuperado de: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5e786ab14
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (2020). Human Rights Conditions at the Northwest Detention Center. Recuperado de: https://jsis.washington.edu/humanrights/projects/human-rights-at-home/conditions-at-the-northwest-detention-center/
CODHES (2020). Comunicado Llamado a la solidaridad y la respuesta humanitaria para población desplazada, refugiada y migrante en Colombia. Recuperado de: https://codhes.files.wordpress.com/2020/03/27.03.20-comunicado-atencic393n-a-poblacic393n-desplazada-migrante-y-refugiada-en-colombia.pdf
Comunicado del Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria de Guatemala, Organizaciones Sociales y Personas Individuales ante la deportación de Estados Unidos y México de Personas Migrantes durante la Propagación de COVID-19
Guanoticias (2020). Costa Rica y Panamá coordinan el paso controlado de migrantes extraregionales ante imposibilidad de contención. Recuperado de: https://www.guananoticias.com/visualizar/noticia/3119/Costa-Rica-y-Panam%C3%A1-coordinan-el-paso-controlado-de-migrantes-extraregionales--ante-imposibilidad-de-contenci%C3%B3n
Organización Mundial de la Salud (2020). Definición de coronavirus. Recuperado de: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
Periódico El Faro (2020) La cuarentena del Triángul Norte No Logra Detener Vuelos de Deportados. Recuperado de: https://elfaro.net/es/202003/centroamerica/24177/La-cuarentena-del-Tri%C3%A1ngulo-Norte-no-logra-detener-los-vuelos-de-deportados.htm
Plan de Acción de Brasil