El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Asylum Access Ecuador (AAE), la Misión Scalabriniana Ecuador (MSC), el Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador (SJR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento (CODHES), organizaciones que trabajamos con población refugiada y solicitante de asilo en el Ecuador, expresamos nuestra profunda consternación por la muerte de Javier Ortega de 32 años, Paul Rivas de 45 años y Efraín Segura de 60 años de edad, equipo periodístico del Diario El Comercio, ejecutados mientras permanecían en calidad de secuestrados por parte presuntamente de un grupo armado disidente de las FARC desde hace 19 días en la frontera colomboecuatoriana.
Expresamos nuestra sentida solidaridad a los familiares de los fallecidos y hacia el gremio del periodismo nacional en estos momentos de hondo dolor por las circunstancias de sus muertes. Así mismo, expresa su categórica condena a la captura y ejecución de rehenes por romper toda noción de humanidad, incluso en escenarios de conflicto armado, y la esencia del Derecho Internacional Humanitario.
El Estado de Ecuador, en cooperación con el Estado de Colombia, debe realizar acciones urgentes y exhaustivas para dar con los responsables de estos asesinatos, someterlos al debido proceso judicial para conocer sus estructuras internas y apoyos que gozan. El Derecho Humano a la Justicia reclama ser reivindicado en el marco de estricto respeto al Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad.
El Estado de Ecuador, particularmente el Gobierno Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, deben brindar urgentemente, de forma pública y documentada toda la información sobre las acciones realizadas sobre el caso del secuestro y muerte de los periodistas. Es indispensable responder todas las incógnitas y cuestionamientos sobre el manejo de la crisis, desmontar la densa maraña de rumores sobre el caso y buscar recuperar su credibilidad seriamente fracturada por gestiones erráticas, hermetismo y contradicciones entre el Gobierno de Ecuador y Colombia.
El Estado de Ecuador, en cooperación con el Estado de Colombia, debe cumplir con obligaciones adquiridas frente a la población civil asentada en la frontera, especialmente en términos de seguridad. Observamos con gran preocupación los ataques a edificios públicos y combates entre organizaciones criminales, ahora ocurridos también en territorio nacional, que han generado desplazamiento interno de población y el incremento de numero de refugiados.
Es imperativo que el Estado de Emergencia decretado por el Presidente Lenin Moreno para la zona de Esmeraldas y Eloy Alfaro el pasado 27 de enero sea superado a través de la presencia fortalecida de entidades públicas de protección y de acceso a derechos que permita devolver la seguridad y construir la Paz en la frontera.
Guayaquil y Quito, 13 de abril del 2018
Billy Navarrete Benavides
Secretario Ejecutivo del CDH
