Texto de carta abierta al Presidente del Ecuador.
Las organizaciones sociales que formamos el Grupo de Trabajo sobre Globalización y Derechos Humanos que suscribimos este documento, nos dirigimos al Presidente Constitucional del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, con el propósito de plantear nuestra posición frente a las declaraciones del Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana Sáenz, respecto a la decisión de establecer un diálogo con Chevron, para “resolver” el conflicto legal que mantienen indígenas y campesinos ecuatorianos en contra de esta petrolera.
Textualmente, dijo este alto funcionario que “ es el momento de sentarse, dialogar, limpiar lo que tenga que ser limpiado y tratar de resolver este problema, lo cual sería lo mejor para Ecuador, Chevron y Estados Unidos” y añadió “con un diálogo franco estoy seguro de que podemos resolver este problema de 23 años”.
Al respecto, las organizaciones que hemos apoyado e impulsado y monitoreado el “Caso Texaco”, planteado por indígenas y campesinos agrupados en la Unión de Afectados/as por las operaciones Petroleras de Texaco-Chevron (UDAPT), no podemos sino mostrar nuestra extrañeza frente a estos pronunciamientos de un miembro de su gabinete ministerial, que nos genera severas dudas referentes a la posición del gobierno en aspectos relativos al respeto, protección y garantía de los derechos humanos en Ecuador; el acceso, la imparcialidad y la independencia de la justicia; la defensa de la soberanía nacional; la lucha contra la corrupción “venga de donde venga”, entre otros factores.
Queremos creer que estas declaraciones han sido vertidas por desconocimiento y esperamos no sean productos de la acostumbrada injerencia de Chevron, a través de sus equipos de lobby y relaciones públicas que, usualmente, realiza negociaciones con los gobiernos de turno para conseguir que sus intereses prevalezcan por sobre los derechos humanos y colectivos de los ciudadanos y los pueblos y nacionalidades, lo que puede ser comprobado en varios hechos que han sido debidamente documentados y denunciados.
Le recordamos que este proceso judicial, iniciado el 3 de noviembre de 1993, ha enfrentado durante más de 23 años a pobladores ecuatorianos, indígenas y campesinos de las provincias de Orellana y Sucumbíos, con uno de los poderes económicos y políticos más grandes del mundo, pero también con quienes han regido la vida económica y política de Ecuador, que en general se han aliado, por intereses comunes con este empresa, caracterizada por sus prácticas violatorias a los derechos humanos, a lo largo y ancho del mundo.
Por tanto, Ecuador no es la excepción; sin embargo, los/as afectados/as, tuvieron la fuerza para emprender este largo periplo para buscar justicia y respuesta ante las continuas y graves violaciones a sus derechos que incluyen la desterritorialización de los pueblos ancestrales, extinción de dos pueblos indígenas, violencia social y violaciones colectivas de derechos, afectaciones culturales, alteración de uno de los ecosistemas más frágiles del mundo y la consecuente disminución de las capacidades de producción del suelo, lo que significó para los habitantes ecuatorianos el deterioro de su calidad de vida, reflejada en la pobreza y los graves problemas de salud que enfrentan. No será muy difícil para el señor ministro Pablo Campana comprobar en las páginas web oficiales, un histórico de los índices socio-demográficos en las provincias en las que operó Chevron.
Todo esto fue producido ante la anuencia de los gobiernos ecuatorianos, que les permitieron usar tecnología obsoleta que provocó la contaminación de más de 480 mil hectáreas de selva amazónica, en la que Chevron abrió piscinas, sin recubrimiento en las que vertían aguas tóxicas y crudo que desfogaban en esteros, lagunas, ríos y fuentes de agua y, además, arrojar petróleo crudo directamente a los bosques y en los caminos por los que transitaba diariamente la gente y quemar el gas en mecheros antitécnicos. Todo ello provocó la contaminación de agua, suelo y aire, lo que no va a ser difícil comprobar por parte del Ministro de Comercio Exterior.
Por ello, nos preguntamos, ¿de qué manera el mencionado funcionario puede “resolver” este conflicto?, sobre todo cuando la justicia ecuatoriana, dictó una sentencia condenatoria, que fue ratificada en todas las instancias judiciales y por la cual la petrolera debe a los afectados, más de 9.500 millones de dólares, que son esperados para la reparación de los territorios, como único mecanismo para detener la estela de muerte y destrucción dejada por Chevron y que sigue afectando a los indígenas y campesinos de la zona. Cabe recordar que a través del ejercicio del poder político y económico y, además, de las prácticas de corrupción que caracterizan a la petrolera, el litigio lleva más de 23 años.
Por tanto, cualquier intento de miembro alguno del gabinete ministerial o funcionario de Estado, por más alta que sea su jerarquía, constituiría una cadena de violaciones, que se suman a las ya registradas en este caso, en contra de la población ecuatoriana, entre las que anotamos: violación a las normas constitucionales, convencionales y legales, por no respetar la independencia judicial; violación al debido proceso y derecho al acceso a la justicia por parte de los indígenas y campesinos de la UDAPT; los derechos humanos de la población, sometida a enfermedades, pobreza y muerte; así como los principios éticos que demandan el respeto a los derechos humanos.
Por las razones expuestas, señor Presidente, consideramos que de ser lo expuesto por el ministro Pablo Campana, la política emanada de la Presidencia de la República, hacemos el siguiente pronunciamiento:
Recordamos a las más altas autoridades del Estado ecuatoriano que nadie en el gobierno nacional, debe, puede, ni está autorizado para “dialogar” y menos negociar la resolución del “Caso Texaco”, a espalda de los legítimos demandantes.
Que cualquier intento en ese sentido, sólo daría muestras de que el gobierno nacional interfiere en la independencia judicial y actúa fuera de toda norma legal y ética; además de violar expresas normas constitucionales y legales, lo que abriría el marco para que los afectados y sus aliados puedan utilizar todos los recursos legales nacionales, regionales y supranacionales, para defender los derechos de los pobladores amazónicos.
Que de interferir en el caso mencionado, la política del actual gobierno nacional estaría orientada a privilegiar los intereses de las transnacionales y los sectores del poder político y corporativo ecuatoriano, vinculados con ellas, en detrimento de los derechos humanos y colectivos de la población ecuatoriana, y los derechos de la naturaleza, establecidos en la Constitución de la República.
Que en su política exterior se mantendría un doble discurso respecto a la práctica en territorio nacional, al estar impulsando un tratado vinculante para obligar a las transnacionales a cumplir las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, mientras que en el país, privilegiaría los intereses económicos de Chevron, en contra del derecho a la justicia y reparación integral de su población, circunstancia que eventualmente será alertada a nivel global, a través de todas nuestras redes y aliados, con el objetivo de precautelar este proceso de vital importancia para quienes son violentados impunemente por las multinacionales.
Por último, señor Presidente, nos permitimos respetuosa y firmemente instar a usted a emitir un pronunciamiento sobre este tema multidimensional, complejo y sensible para conocer con claridad las orientaciones de su gobierno y evitar contradicciones entre el discurso político y los hechos.
Quito/Guayaquil, septiembre 20 del 2017
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
FIAN Ecuador
Internacional de Servicios Públicos en Ecuador (ISP)
Terra Mater
Unión de Afectados/as por las Operaciones Petroleras de Texaco-Chevron (UDAPT)