La Defensoría del Pueblo es la institución nacional que promueve y defiende los derechos de todas las personas que hacen parte de un Estado. La importancia de esta institución obliga que quien esté a la cabeza no solo sea una persona con suficientes conocimientos académicos y con experiencia en la administración en el sector público; pues debe ser, sobre todo, una persona independiente de todo organismo o forma de poder, sea político, económico, de organismos armados, o cualquier otro; porque precisamente deberá cuestionar los excesos que cometan funcionarios que ostentan estos poderes; debe ser una persona que promueva y defienda las formas de organización de la sociedad civil que surgen bajo la consigna de defender derechos, ya sean individuales, colectivos, de los pueblos o de la naturaleza; debe ser una persona que asuma su trabajo como una responsabilidad con la sociedad, y no con el gobierno de turno que respalde su designación. En el ámbito ecuatoriano, la pregunta que surge es si el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, cumplió con estos preceptos durante su mandato de cinco años y si su labor sustenta su deseo de ser designado para un nuevo periodo. La respuesta es no, un rotundo no.
Ramiro Rivadeneira, y su defensor adjunto, iniciaron su gestión con el respaldo de varias organizaciones de derechos humanos, respaldo que se lo dio en la creencia de que al provenir de estas organizaciones, mantendrían ese espíritu de militancia a favor de los derechos, mirados en su integralidad. Nada nos hacía suponer que una vez que asumieran dichos cargos, darían un giro para, rodeado de organismos afines a las tesis gubernamentales, en lugar de proteger los derechos de la población, se dediquen a proteger los derechos del gobierno y trabajen únicamente en temas que no afecten la imagen gubernamental. Veamos algunos ejemplos:
Al inicio de su periodo rechazó el informe sobre la criminalización de la protesta social realizada por su predecesor argumentando vacíos en la metodología e inconsistencia en la cifras de defensoras y defensores procesados. Este informe desapareció de la web institucional de la Defensoría del Pueblo. Igual trato sufrió el informe que hiciera el relator de la ONU, Philip Alston, sobre ejecuciones extrajudiciales en julio del 2010. Este informe de nueve páginas también desapareció de la web de la Defensoría a pretexto de que era muy pesado para la web.
En lugar de patrocinar acciones de protección a favor de la población o de grupos en estado de vulnerabilidad, se dedicó a patrocinar acciones en favor del gobierno, como la acción que buscó impedir la circulación del informe de Miguel Ángel Cabodevilla "Una Tragedia Ocultada", que analizaba cómo la ineptitud de funcionarios gubernamentales no impidió la matanza, el 29 de marzo de 2013, de miembros del pueblo Tagaeri, pueblo en aislamiento voluntario que vive en el Yasuní.
En contra de su mandato de defender derechos como la libertad de opinión, se dedicó a proteger al Presidente Correa activando acciones en contra de medios de comunicación, como Diario La Hora, y avalando la aplicación de una ley de comunicación que vulnera el derecho a la libertad de expresión. La Delegada de la Defensoría del Pueblo en la CORDICOM ha sido cómplice del hostigamiento a varios medios de comunicación y la persecución a periodistas y caricaturistas.
La Defensoría del Pueblo ha vulnerado también el derecho de libre asociación al querer eliminar a organizaciones que le son incómodas al gobierno, como fue el caso de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (ASFADEC). La Defensoría promovió su fraccionamiento e, incluso, se ofreció asesoría legal para quienes deseen alejarse de esta organización que, para reclamar justicia, ha mantenido plantones en la Plaza de la Independencia, algo que molesta profundamente al Presidente.
La DPE aceptó la vigencia de una Ley de Reparación de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad que no garantiza la reparación integral y la no repetición. Evidencia además una gestión ineficaz del Programa que hasta el momento tendría una sola víctima reparada, ninguna gestión para agilitar la judicialización de los casos documentados por la Comisión de la Verdad que, en más del 90%, siguen en la impunidad y procedimientos de revictimización que tienden al debilitamiento de las organizaciones creadas para la exigibilidad.
La Defensoría del Pueblo ha mantenido un silencio cómplice frente a acciones de tortura y maltrato provocado por agentes policiales, tanto en los centros penitenciarios, como el caso de la cárcel de Turi o con menores infractores; así como en acciones de control social, como fue el Caso Saraguro o el caso de las protestas en Macas. El Mecanismo de Prevención de la Tortura, dirigido desde la Defensoría, duerme el sueño de los justos y es ajeno a la realidad penitenciaria.
Nada ha dicho sobre las violaciones a los derechos indígenas y los desalojos en territorios indígenas; al contrario, ha emitido informes en concordancia con las tesis gubernamentales, lo que ha provocado el rechazo de comunidades shuar en Tundaymi, de los sionas en el Triángulo de Cuembí o de los campesinos del pueblo montubio en Colimes. Es grave la actitud asumida en Pacayacu (Sucumbíos), donde la población denunció en el 2011 los atropellos de la industria petrolera y la contaminación del agua que consume, se planteó la necesidad de ejercer los derechos del agua como parte de la aplicación de los derechos de la naturaleza; después de una tibia resolución, hasta el día de hoy (5 años después) ni se han implementado medidas de protección, ni responsabilidades, ni mucho menos acceso al agua limpia para una población que la sigue consumiendo con desechos de la actividad petrolera.
Nada ha resuelto sobre las quejas presentadas en relación con violaciones a derechos humanos de habitantes de comunidades de frontera, de las cuales son responsables, presuntamente, miembros del ejército ecuatoriano. Tampoco ha resuelto sobre violaciones a derechos colectivos y de la naturaleza cuya responsabilidad presunta recaería en Petroamazonas y otras empresas petroleras. Quejas que en algunos casos llevan más de 4 años abiertas ante la Defensoría.
Nada ha dicho sobre los procesos legales que se siguen contra dirigentes sociales o la desintegración de organizaciones, promovidas desde el gobierno con el fin de eliminar la crítica y silenciar a la oposición. Casos como el cierre de Pachamama y la Unión Nacional de Educadores han merecido el silencio de la DPE; de igual manera los más de 140 casos de hostigamiento judicial en contra de activistas que participaron en el levantamiento indígena de agosto de 2015.
Si bien para su reelección, el Defensor del Pueblo ha presentado el respaldo de algunas organizaciones de consumidores, personas de la tercera edad o GLBTI, no ha asumido la defensa de sus principales derechos y se ha alejado de reivindicaciones como la no des- financiación de la seguridad social o el reconocimiento del matrimonio igualitario.
Para cerrar con broche de oro su primera gestión y permanecer en el cargo por cinco años más, hoy se presenta como candidato en un proceso que está direccionado para su propia designación, como se establece del análisis del punto 3.2 del Reglamento de Elección del Defensor que trata sobre la valoración de méritos de las candidaturas y en el que se otorga 6 puntos a la “experiencia en el sector público”. Cualquier activista de derechos humanos que ha optado como opción de vida la defensa de la sociedad y el fortalecimiento de las organizaciones sociales al margen del poder político, no tiene ninguna posibilidad de ganar este concurso. De igual forma, en el punto 4 del mismo reglamento se valora el “implementar” mecanismos de participación. La Constitución del Ecuador delega la facultar de implementar mecanismo de participación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde la sociedad civil solo se puede sugerir, promover, coordinar, pero la implementación en sí misma es una capacidad del Consejo, por lo tanto tampoco una persona que no ha optado por cargo alguno relacionado con el poder político podrá acceder a los puntos asignados en este ítem. El reglamento de elección no permite que una persona verdaderamente independiente pueda ganar este concurso.
Estas y muchas otras acciones de la Defensoría del Pueblo, dirigidas por Ramiro Rivadeneira, nos ha llevado a rechazar su segura reelección y cuestionar el accionar que ha tenido durante los últimos cinco años de gestión. Rechazamos la forma en cómo se desea asegurar su reelección, lo que nos hace pensar que el gobierno solo está interesado en tener el control de las instituciones que tienen la obligación de denunciar las violaciones a los derechos humanos, a más de las instituciones encargadas de controlar la corrupción y de promover juicios a los responsables de estos actos. El control de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía General del Estado mantendrá intacto ese triángulo de impunidad que ha beneficiado al interés gubernamental y de sus grupos afines.
En este escenario, las organizaciones sociales y de derechos humanos que han mantenido una acción histórica e independiente anunciamos que no participaremos con candidatura alguna a la Defensoría y que interpondremos acciones de inconstitucionalidad frente a un reglamento de elecciones que discrimina y vulnera el derecho de igualdad ante la ley. Tenemos la seguridad de que es un concurso amañado que tiene ya una persona designada en función del interés gubernamental y no en función de una verdadera promoción y protección de los derechos humanos, mirados integralmente y relacionándolos con los otros derechos, como son los de los pueblos y la naturaleza.
Quito, 15 de noviembre de 2016
Jorge Herrera
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE
Elsie Monge
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
Rocío Rosero
Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador.
Beatriz Villarreal Tobar
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH
Fernando Gutiérrez y Billy Navarrete
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CDH
Cecilia Chérrez
Acción Ecológica
César Augusto Zea Abad
Asociación de Derechos Humanos del Azuay -. ADHA
José Luis Echeverría
Movimiento Mi Cometa
Juan G. Auz
Terra Mater
Alfredo Carrasco
Asamblea de usuarios de servicios básicos del Guayas.
Mario Macías
FIAN Ecuador
Thelmo Pacheco
Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, (ASFADEC)
Luis Sánchez Zhinaycela
Comunidad indígena CASCOMI.
César Cárdenas
Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos
Cecilia Jaramillo
Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres
Clara Elena Merino Serrano
Comité de Víctimas y Familiares de Graves Violaciones de DDHH y Delitos de Lesa Humanidad.
Zita Suárez
Federación de Mujeres de Sucumbíos
Francisco Núñez
América La Nuestra
Wilson Suarez
Asamblea Social Permanente de Comunidades Afectadas Pacayacu - Dureno
(ASPCAPD)
Dr. Mario Melo
Docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Dr. Juan Pablo Albán
Profesor del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito
Lina Maria Espinosa
Defensora de Derechos Humanos.
Luis Xavier Solis T.
Abogado de Derechos Humanos
Diocles Antonio Zambrano
Defensor de Derechos Humanos y la Naturaleza en Orellana