El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH une su voz de alarma a otros pronunciamientos de organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador por la disposición gubernamental de disolver por decreto la Unión Nacional de Educadores UNE. Consideramos que la disposición administrativa afecta de forma directa el Derecho Humano a la libertad de asociación, concretamente el derecho de existencia de una asociación gremial de trabajadores de sostenida trayectoria a nivel nacional y reconocida acción pública en el campo de los movimientos sociales del país.
Otra vez se comete un acto abiertamente inconstitucional, pues viola el espíritu y la letra del art 96 de la Constitución. Un simple reglamento no está, no puede estar sobre la Constitución; tampoco puede estarlo un Decreto Ejecutivo. Se trata de un derecho, el que tenemos todos para organizarnos libremente como expresión de la soberanía popular, y en materia de derechos no caben restricciones puramente administrativas. De manera que también se violan flagrantemente los arts 3.1 y 11.9 de la Constitución que obligan al Estado a garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de todos los ciudadanos.
El CDH ha observado con profunda preocupación el uso de la fuerza pública para intervenir en varias sedes de la organización, forcejeando con mujeres y dejando, una vez más, una lamentable imagen de represalia a la disidencia social en el Ecuador. Es un acto abusivo del Gobierno Nacional contra las organizaciones y movimientos sociales que se manifiestan críticas a su gestión y representa una de las expresiones de la criminalización de la protesta, y que para ilustrar recordamos el intento de cierre de Acción Ecológica, la disolución de la Fundación Pachamama y la revocatoria unilateral del comodato de la sede de la CONAIE.
En el campo de la libertad de asociación, el Gobierno Nacional debe recomendar procedimientos para su armonía con esferas normativas o reglamentarias pero no debe entrometerse en las dinámicas de las organizaciones civiles ni remplazar la voluntad de sus asociados. Por fuera de todo respeto a los Derechos Humanos está la disolución de un gremio por disposición administrativa.
Solicitamos públicamente al Gobierno Nacional revierta lo dispuesto contra la UNE y nuevamente revise medidas en el ámbito de la libertad de asociación y organización que pudieran ser abusivas y generan perturbación en la ciudadanía que actúa organizadamente, en defensa de sus Derechos Humanos.
Guayaquil, 1 septiembre de 2016
Dr. Fernando Gutiérrez Vera
Presidente del FEDHU
Lcdo. Billy Navarrete Benavides
Secretario Ejecutivo del CDH