Caricatura de Bonil, Diario El Universo, 11 Julio 2016
En diciembre de 2014, los países de América Latina y el Caribe adoptaron por aclamación la Declaración y el Plan de Acción de Brasilia (mejor conocido como el Plan de Acción Brasil, PAB). En esta declaración los Estados reconocieron el desafío que supone el impacto desproporcionado de los movimientos migratorios mixtos en el Caribe, debido a sus características geográficas, económicas y demográficas, y la necesidad de contar con mecanismos efectivos de cooperación y solidaridad internacional.
Los Estados dejaron claro en la declaración que “el Caribe es lugar de origen, destino y tránsito de miles de migrantes y desplazados, que incluyen a personas que puedan requerir protección internacional. La complejidad de este fenómeno, junto con las características de los países de la región, hace necesario un análisis pormenorizado para la elaboración de respuestas regionales efectivas, dentro de un marco de derechos, con especial atención a la prevención de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes, así como a las salvaguardias de los procedimientos de determinación de la condición de refugiado”.
Sin embargo, a pesar de este consenso para caminar hacia el cumplimiento de la obligación que tienen de garantizar, respetar y promocionar derechos humanos, las decisiones de los gobiernos en esta región han estado dirigiéndose hacia una profundización de las políticas restrictivas, detención y deportación con base en una perspectiva de seguridad nacional permeadas además de rasgos xenófobos y racistas, provocando la criminalización de la migración, serias consecuencias humanitarias inmediatas y graves vulneraciones a derechos humanos.
Hechos en la región 2015-2016
De acuerdo con la Ley de Ajuste Cubano (promulgada el 2 de noviembre de 1996), los Estados Unidos de América da automáticamente residencia permanente a los ciudadanos cubanos que pisan el territorio de este país. Ante el progresivo restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, se propaga entre la población cubana el temor de que pronto se abrogue esta Ley; por lo que muchos ciudadanos de este país caribeño tratan de llegar al territorio estadunidense, lo más rápido posible.
Desde noviembre de 2015 Nicaragua decidió cerrar su frontera frente a cientos de personas cubanas que venían desde Costa Rica en su ruta por llegar a Estados Unidos. La decisión del cierre fue acompañada de la militarización para resguardar la frontera y expulsar alrededor de 1,100 cubanos que intentaban ingresar en territorio nicaragüense, experimentado abuso policial, incluyendo el uso de gas lacrimógeno y golpes. Por su parte, el gobierno de Costa Rica también había cerrado su frontera, al tiempo que otorgaba alrededor de 770 visas humanitarias3 para que pudieran pasar por su territorio, llegar a territorio nicaragüense y seguir el camino hacia Estados Unidos.
Esta situación resultó en un conflicto diplomático entre ambos países en donde el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) jugó un papel de mediación entre ambos gobiernos para buscar una supuesta solución diplomática a la crisis humanitaria. Inclusive el canciller costarricense declaró que llevaría el asunto a la Organización de Estados Americanos (OEA) y que ya estaba siendo tratado para noviembre del 2015 en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Sin embargo, para diciembre del mismo año Costa Rica abandonó su participación política en el SICA ante la negativa de varios países de ese organismo a resolver el problema de más de 5.000 cubanos varados en su territorio, anunciando el cierre definitivo de fronteras y la deportación inmediata al país de origen a quienes ingresarán irregularmente.
En febrero de 2016, México y Costa Rica firmaron un acuerdo para facilitar la movilidad de las personas cubanas que habían estado varadas en Centroamérica desde noviembre del 2015. Dicho acuerdo fue antecedido por la insistencia de organizaciones de sociedad civil de Costa Rica y Nicaragua (REDNAM y la Red nicaragüense de la sociedad civil para las migraciones), que mediante comunicados hicieron llegar la información a las autoridades máximas de cada país en materia de migración.
Según el acuerdo, México otorgó un permiso de tránsito a las personas cubanas por razones humanitarias. El permiso duraba 20 días, y permitió a los cubanos llegar a la frontera con EEUU para solicitar asilo. El primer vuelo de personas cubanas llegó a Nuevo Laredo, México desde Costa Rica el 9 de febrero del 2016; otros dos aviones llegaron el 5 de marzo del 2016, con 243 personas cubanas. Entre el 10 y 11 de marzo del 2016, viajaron casi 500 personas cubanas desde Costa Rica hasta Nuevo Laredo, México, concluyendo los vuelos desde Costa Rica hasta México con personas cubanas. Este “corredor humanitario” se dio con el cumplimiento de medidas de seguridad, priorización de perfiles (niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, grupos familiares, adultos mayores, hombres jóvenes, hombres adultos).
Sin embargo, a consecuencia del mencionado cierre de las fronteras de ambos países centroamericanos, los migrantes atrapados en Panamá, de nacionalidad cubana en su gran mayoría, no pudieron proseguir sus viajes hacia Costa Rica. De hecho, 4 mil cubanos se encontraban en albergues ubicados en la frontera panameña con Costa Rica, en Los Planes, distrito de Gualaca, Chiriquí y Puerto Obaldía. Por ello, otro acuerdo con México firmado el 23 de febrero del 2016, pero ahora con Panamá permitió el tránsito de personas cubanas. Los vuelos desde Panamá llegaron a Ciudad Juárez, México. Hasta marzo del 2016, 4.345 cubanos habían viajado por avión desde Panamá y Costa Rica hasta México debido a los acuerdos entre los tres países.
A pesar de estas negociaciones, México y Cuba firmaron un acuerdo el 6 de noviembre del 2015 que entró en vigencia el 1 de mayo del 2016 para dejar de otorgar el salvoconducto a cubanos en territorio mexicano. A partir del 1 de mayo de 2016, México empezó a deportar a las personas cubanas sin documentación a Cuba, principalmente por vía aérea, pero también por vía marítima.
Así podemos dar cuenta de la política extendida de deportación que tiene este país en donde para el 2015, México superó a Estados Unidos en las deportaciones de personas de Centroamérica, devolviendo a 151 451 personas, de las cuales 70,493 eran guatemaltecas, 50,527 hondureñas, 29.150 salvadoreñas y 1,281 nicaragüenses. De los 19 mil niños migrantes no acompañados interceptados en 2015, México ofreció protección internacional a sólo 52 de ellos. Human Rights Watch pronunció en 2016 que en México "hay una actitud de impedir y disuadir que niños y adolescentes apliquen (a algún tipo de protección) en vez de una afirmación de sus derechos". ACNUR estima que más de la mitad de los migrantes que son deportados de México han emigrado de Centroamérica por un temor fundado sobre su vida y que son elegibles para solicitar refugio.
Pero la situación no se detuvo aquí. Para el 9 de mayo de 2016 el presidente de Panamá Juan Carlos Varela ordenó al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) cerrar la frontera del país con Colombia, particularmente en Puerto Obaldía y otros puntos fronterizos, para impedir el ingreso de migrantes. En una declaración a la prensa, Juan Carlos Varela explicó el motivo de esta resolución: “Hemos tomado la difícil decisión de cerrar la frontera con Colombia para enfrentar el paso de migrantes irregulares. No permitiremos la presencia de personas sin estatus migratorio. Daremos trato humanitario, y en dos o tres semanas el sistema migratorio cambiará” (Presidencia, 2016).
Después de gestionar la solución “humanitaria” con su homólogo mexicano, el presidente Varela anunció el 9 de mayo como parte de la mencionada Operación su decisión de cerrar la frontera de su país con Colombia, criticando el hecho de que Estados Unidos siga manteniendo la llamada Ley de Ajuste Cubano sin tomar en cuenta sus consecuencias sobre los países de la región de América Latina que han tenido que enfrentar grandes flujos de migrantes cubanos en busca del “sueño americano”. El jefe de Estado panameño hizo un enérgico llamado a Estados Unidos para que revise la llamada política de “pies secos, pies mojados” y otras disposiciones que favorecen la irregularidad migratoria en los países de América Latina.
Las más recientes informaciones, difundidas en la prensa de América Latina, revelan que las personas migrantes cubanas vienen utilizando otros caminos mucho más complejos en la región en su periplo de la isla a Estados Unidos, además de la tradicional ruta de Cuba a Ecuador, Colombia y los países centroamericanos. Por ejemplo, según los testimonios de los mismos cubanos, dicen que habían salido en avión de la Habana, Cuba a Georgetown, Guyana, para ingresar en lanchas a Caracas y de ahí viajan en bus hacia Cúcuta (principal ciudad colombiana fronteriza con Venezuela) y finalmente a Medellín y a la localidad fronteriza colombiana con Panamá Turbo, donde se encuentran actualmente varados. Otra compleja ruta que los migrantes cubanos recorren en su viaje hasta Estados Unidos consiste en viajar a Guyana en avión, pero pasan a Manaos (capital del estado brasileño de Amazonas) y cruzan el río Amazonas para llegar a Tabatinga, localidad vecina a Leticia; de esta ciudad colombiana, llegan a Puerto Asís por la selva, primero del lado de Perú y luego al lado de Colombia por el río Putumayo.
A partir del cierre de la frontera con Panamá, el pasado 9 de mayo, el Gobierno de Colombia ha incrementado las deportaciones de migrantes que permanecían de forma irregular en Turbo-Antioquia, argumentando que es una medida para evitar que los migrantes continúen la ruta a través de la Selva del Darién y caigan en manos de coyotes y narcotraficantes. Más de 540 migrantes irregulares de diferentes nacionalidades han sido deportados por las autoridades migratorias colombianas en el último mes, el 25% de la población deportada son mujeres. Según cifras de Migración Colombia, aproximadamente el 25% de la población deportada es cubana. Los migrantes fueron deportados “en vuelos privados, al último país en que estuvieron antes de ingresar a Colombia o a su lugar de origen”. Todo parece indicar que un gran número de esos extranjeros provino del territorio de Ecuador como último país de procedencia.
En Ecuador, el panorama no ha sido más alentador, por el contrario las decisiones gubernamentales repiten el mismo patrón en donde se imponen las políticas de restricción, detención y deportación, generando graves violaciones a los derechos humanos. El miércoles 6 de julio de 2016, durante la madrugada, un operativo policial de control migratorio desalojó de manera arbitraria y violenta a 151 personas cubanas que acampaban con un permiso municipal en el parque El Arbolito, en la ciudad de Quito, Ecuador, después de haber sido desalojados unos días antes con tropas antimotines de los exteriores de la Embajada Mexicana en donde solicitaban a las autoridades de este país pedir visas humanitarias.
En la audiencia de hábeas corpus que se inició a las cuatro de la tarde del 12 de julio y culminó 12 horas después, se resolvió negar el pedido de libertad a 45 de las 46 personas que todavía estaban detenidas. La persona cubana a la que se le concedió el pedido de hábeas corpus tenía carnet de solicitante de refugio, tal como un buen número de los y las cubanas detenidas hace una semana. Pocas horas después y sin tomar en cuenta los procesos de notificación y apelación que siguen a la negativa de un hábeas corpus, la policía nacional, mediante un operativo que involucró un despliegue excesivo de oficiales en el que se incluían miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el Grupo de Intervención Rápida (GIR) y la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), trasladó a las 45 personas detenidas al aeropuerto de Latacunga, desde donde fueron deportados la tarde del 13 de julio. Estos últimos hechos se suman a las deportaciones que tuvieron lugar el sábado 9 y lunes 11 de julio (49 y 26 personas respectivamente, según cifras oficiales), en un país cuya Constitución señala que “No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”, y tiene como principios constitucionales la “libre movilidad” y la “ciudadanía universal”.
Frente a esta situación migratoria que a la vez involucra al Caribe, Suramérica, Centroamérica y América del Norte y concretamente frente a la situación de las personas cubanas en el continente, las organizaciones firmantes pedimos a los Estados de América Latina y el Caribe no retroceder al poner en peligro lo estipulado y consensado en el Plan de Acción Brasil (PAB), y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos en la materia.
Llamamos a los Estados a responder ante sus obligaciones de garantizar, proteger, respetar y promover los derechos humanos de las personas migrantes, en particular reiterando lo estipulado en la Declaración y el Plan de Acción de Brasilia, para lo cual es importante tener en cuenta:
A nivel regional:
Consolidar espacios fronterizos y de tránsito seguros por medio de acciones encaminadas a la identificación oportuna de solicitantes de asilo y otras personas con necesidades de protección, garantizar el derecho a la libertad personal, el respeto al principio de no devolución, la atención oportuna de estas personas mediante su referencia inmediata a las instituciones nacionales de protección y la satisfacción de sus necesidades diferenciadas de protección.
Frente a la realidad de crecientes flujos inter y extra continentales y las reiteradas crisis fronterizas y binacionales, promover activamente diálogos y compromisos entre los Estados, con participación de la sociedad civil, con miras a consensuar soluciones integrales con enfoque de derechos humanos para los migrantes que puedan constituir en soluciones duraderas.
Desarrollar acciones binacionales y subregionales (Caribe, Centroamérica, Sudamérica) para implementar el programa de “fronteras solidarias” previsto en el Plan de acción de Brasil de 2014, mismo que incluye regulaciones para la implementación de alternativas a la detención.
A nivel nacional:
Proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes en el territorio nacional y establecer medidas de protección complementaria, sin importar la nacionalidad, edad, etnia, sexo, etc., de los extranjeros, de acuerdo con las obligaciones e instrumentos internacionales y regionales de protección a los derechos humanos.
Crear espacios humanitarios para migrantes, principalmente en las fronteras, para brindar asistencia de necesidades y servicios básicos.
Implementar los instrumentos jurídicos y políticos en materia migratoria a nivel internacional y regional para atender la actual crisis en la frontera colombo-panameña y construir fronteras con garantías de Derechos Humanos (por ejemplo, aplicar el programa de “fronteras solidarias” previsto en el Plan de acción de Brasil de 2014 a partir de la Declaración de Cartagena de 1984).
Diseñar normas y reglamentos operativos sobre acogida en la comunidad y medidas alternativas a la detención administrativa migratoria de solicitantes de asilo, en particular de niños y niñas acompañados y no acompañados.
A nivel local:
Dotar de recursos suficientes a los municipios de frontera que tienen la afluencia de migrantes para la creación de programas de atención humanitaria.
Incentivar acciones humanitarias en solidaridad con los migrantes en necesidad de protección internacional.
Reconocer la importancia de la respuesta de las comunidades receptoras en pro de la vida y la integridad de los migrantes y no criminalizarlas.
Incentivar las acciones humanitarias con los niñas y niños con miras a la satisfacción de sus necesidades diferenciadas de protección.
Firmamos,
GRUPO ARTICULADOR REGIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN BRASIL (GAR-PAB)
Argentina: Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF); Bolivia: Pastoral de Movilidad Humana CEB – ACNUR; Brasil: Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, Caritas Arquidiocesana do São Paulo, Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH); Chile: Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales; Colombia: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Consejería en Proyectos Colombia (PCS-Colombia); Costa Rica: Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI), Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); Ecuador: Asylum Access Ecuador, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Ecuador), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-Guayaquil), Servicio Jesuita a Refugiados- Ecuador, Fundación Esperanza; El Salvador: Fundación Cristosal, Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES); Honduras: Asociación Para Una Vida Mejor, Honduras (APUVIMEH), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH); México: Asylum Access México (AAMX), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. (CDH Fray Matías), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Frontera con Justicia A.C. , Programa Casa Refugiados A.C., Sin Fronteras I.A.P., SMR, Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados; Nicaragua: Nicasmigrante; Panamá: Asylum Access Panamá (AAP); Perú: Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad; República Dominicana: Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA); Uruguay: Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU); Trinidad y Tobago: Refugee Program Living Water Community (LWC), International Human Rights Clinic of the Faculty of Law of the University of West Indies, St. Augustine; América Latina (organizaciones regionales): Asylum Access América Latina (AALA), Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos (PCS), International Detention Coalition (IDC).
LA COMISIÓN SOBRE MIGRACIONES FORZADAS, EXILIO Y RECONCILIACIÓN (CER)
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Pastoral Social-Caritas, Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Antioquia de Colombia, Consejería en Proyectos (PCS) y Servicio Jesuita a Refugiados Colombia.
RED REGIONAL DE ORGANIZACIONES CIVILES PARA LAS MIGRACIONES (RROCM)
Belice: Help for Progress; Canadá: Canadian Council for Refugees; Costa Rica: Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (REDNAM) /CIDEHUM; El Salvador: Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES); Estados Unidos: Alianza Américas ; Guatemala: Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Honduras: Foro Nacional para las Migraciones en Honduras- FONAMIH; México: Asylum Access; Nicaragua: Asociación de Familiares de Migrantes “NicasMigrante”; República Dominicana: Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (MENAMIRD).
RED NACIONAL DE ORGANIZACIONES CIVILES PARA LAS MIGRACIONES COSTA RICA (REDNAM)