El plan de contingencia para las 40 familias desalojadas el 27 de marzo del 2015 en la Cooperativa Melida Toral de la Isla Trinitaria prometido por la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares STPAHI se encuentra rodeado de controversia, improvisación e incertidumbre, dos meses después de entregada las notificaciones de desalojo. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH sigue monitoreando las consecuencias de la operación gubernamental que agudizó la extrema pobreza en este sector de Guayaquil.
Recordemos que luego de la destrucción de 40 casas el viernes 27 de marzo sus habitantes, entre los que el CDH registró a aproximadamente 90 niños, quedaron a la intemperie en medio del invierno. Los niños y mujeres embarazadas fueron acogidos en el albergue del sector, gracias a la acción de la Fundación Proyecto Salesiano Guayaquil, espacio en el que continúan hasta el momento. Otro grupo de familias durmieron durante una semana en tres carpas instaladas por el Municipio de Guayaquil y luego en el Centro de Atención Municipal Integral CAMI de Trinipuerto hasta el 30 de abril pasado cuando se les pidió que abandonen las instalaciones. Desde el pasado fin de semana, aproximadamente una docena de estas familias, niños incluidos, pernoctan en carpa improvisadas por ellos en el solar donde se produjo desalojo.
Luego de un mes del desalojo forzoso, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI llegaron al sector e iniciaron diálogos con los desalojos sobre plan de reubicación. El CDH registro secuencia de versiones contradictorias sobre las condiciones para acceder al plan de contingencia presentado por el MIDUVI, sin ninguna formalidad ni certezas en su difusión. Hemos registrado además, preocupación por parte de moradores desalojados (población en el desempleo, madres solteras y una mujer embarazada) porque la oferta realizada por el MIDUVI no se ajusta a su capacidad de pago, relacionada directamente con sus precarias condiciones de vida, ellos solicitan que se amplíen los plazos para acreditar la cuota inicial que según sus testimonios, alcanzaría los $400.
Esta nueva etapa del caso incorpora un nuevo agravante adverso a las garantías de los Derechos Humanos. El 22 de abril el MIDUVI, junto a familias desalojadas, realizó una inspección en el sector de Monte Sinaí, en el predio donde se programa la reubicación. Los desalojados encontraron que dicha propiedad la reclama el comerciante Manuel Orellana Ayllon, con documentación en mano. Estas contradicciones y la no entrega del Plan de contingencia solicitado a la función pública (obligada a entregarlo según la Ley de transparencia) nos generan serias dudas sobre la seguridad de tenencia del predio donde se pretende reubicar a familias de Isla Trinitaria.
El 9 de diciembre del 2014 Manuel Orellana Ayllon recibió notificación de STPAHI para desalojar su negocio de materiales de construcción según el artículo 3 de la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras que dispone la expropiación de terrenos particulares para ejecutar planes comunitarios. El 17 de diciembre Orellana entregó documentación al CDH sobre la legitimidad de su propiedad, orden para desalojar inmediatamente y el ofrecimiento del MIDUVI para reubicarlo de forma temporal afectando su seguridad de tenencia. El CDH durante el 2014 registro actos persecución e intimidación a propietarios, pequeños comerciantes de materiales de construcción y dirigentes comunitarios de Monte Sinaí afectando a garantías al debido proceso.
El CDH visitó ayer el terreno Manuel Orellana y constató la construcción de viviendas rusticas que serviría para reubicar a las familias desalojadas de Isla Trinitaria.
Guayaquil, 6 de mayo del 2015
Fotos de Santiago Arcos
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