Guayaquil, septiembre 27 del 2013.- Concluyó en Guayaquil la Misión Internacional de Verificación (MIV) sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada integrada por la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).
Durante dos días, las y los Comisionados tuvieron oportunidad de reunirse con pobladores de sectores de Monte Sinaí, Nueva Prosperina e Isla Trinitaria, académicos, estudiantes, profesionales y técnicos en un foro sobre derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, así como el responsable regional del MIDUVI (por instrucción de la Gobernadora del Guayas, a quien se había solicitado audiencia) y el Secretario General del Municipio de Guayaquil.
Durante las visitas, concedieron algunas entrevistas a medios de comunicación local y nacional (prensa y televisión).A su regreso a Quito, integrantes de la Misión fueron convocados a las instalaciones de la Asamblea Nacional para un encuentro con un representante de minoría de la comisión que está discutiendo una reforma a la Ley 88 de legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios en los cantones de Guayaquil, Samborondón y El Triunfo.
Las cuatro redes regionales e internacionales de derechos humanos recogieron testimonios de mujeres, hombres, jóvenes y niñ@s, adultos mayores, población refugiada colombiana asentada en barrios afectados y amenazados con desalojos desde marzo del presente año y algunas de las personas que han sido reasentadas. Escucharon antecedentes y análisis de la problemática del acceso y tenencia de la tierra en la región y conocieron informaciones generales de las motivaciones y acciones que las autoridades nacionales y municipales están llevando a cabo respecto a los desalojos, la legalización de la tenencia, los planes de vivienda e introducción de servicios y equipamientos y el manejo de áreas de reserva y zonas costeras.
De todos estos intercambios ha surgido una enorme preocupación por las diversas violaciones al derecho a la vivienda y otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que se han presentado en estos procesos. Se constata una grave falta de cumplimiento a normas y procedimientos tanto nacionales como internacionales, entre los que se puede incluir la omisión de proveer información oportuna y suficiente a la población afectada, realizar consultas y explicar claramente los planes y programas para el reasentamiento, compensación e indemnización, la falta de diálogo y el ofrecimiento de alternativas adecuadas y suficientes para la población afectada.
A la vez, hay que destacar las evidencias de despliegue y uso excesivo de la fuerza pública, que ha incluido a miembros de la fuerza terrestre, marina y vigilantes de tránsito, en los operativos de desalojo desarrollados entre mayo y julio pasados en los tres sectores antes mencionados, actos de violencia y prepotencia de autoridades involucradas que han generado una grave sensación de angustia y que tienen a la población viviendo en zozobra e inseguridad respecto a su futuro inmediato. Se han recibido incluso testimonios de criminalización y persecución de las y los líderes de las comunidades por su oposición y resistencia a estos procesos, así como denuncia de algunas personas que han sido encarceladas arbitrariamente.
Por su parte, los proyectos de vivienda en los que se está reasentando a la población desalojada presentan diversos problemas, incluyendo el reducido tamaño de los espacios ofrecidos (36 m2), la inadecuación de los materiales empleados (que dan solidez estructural pero no ofrecen ventilación, iluminación ni temperatura interior apropiada en una zona de clima caliente), no garantizan acceso regular y de calidad a agua y saneamiento, y están alejados de los lugares donde antes habitaban algunas de esas familias. En particular, las nuevas ubicaciones representan un gran reto social para la convivencia y la reconstrucción del tejido urbano, dado que las familias provienen de diversos sitios y en la mayoría de los casos no se conocen; y, al mismo tiempo, una presión económica significativa para personas de muy escasos recursos, ya que tendrán que afrontar el pago de al menos el 10% del costo total de la vivienda (unos USD 13,500).
Frente a este panorama, y en función de lo conversado con los diversos actores y sectores durante la visita, las y los comisionados adelantaron algunas recomendaciones iniciales que puedan contribuir a resolver la situación de tensión, zozobra e incertidumbre que hoy afecta a alrededor de 300.000 personas (equivalente al 10% de la población de la zona metropolitana de Guayaquil) y orientar la actuación de las autoridades en el futuro inmediato. Entre ellas se encuentran: a) determinar un alto total a los desalojos y a las prácticas de amenazas y presión a las comunidades de los sectores mencionados; b) establecer una mesa de diálogo multisectorial que permita, en pie de igualdad, un acercamiento entre autoridades y población para compartir información completa, oportuna y veraz de los planes y proyectos de reasentamiento y vivienda en la zona, se escuchen las preocupaciones y propuestas de las comunidades y se llegue a acuerdos respecto a las medidas a aplicar, prestando particular atención a las personas en situación de vulnerabilidad (mujeres solteras jefas de hogar, niñas y niños, personas de la tercera edad, personas con capacidades especiales y problemas crónicos de salud, refugiados y solicitantes de asilo); c) considerar e incluir las propuestas de reforma de artículos a la Ley 88 que han presentado los pobladores de Monte Sinaí; d) diseñar y poner en marcha un programa de capacitación a funcionarios públicos en materia de derechos humanos y políticas urbanas y de vivienda.
Durante los próximos tres meses, la Misión producirá un informe detallado que será entregado a autoridades nacionales y locales, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada y a ONU-Habitat.
