El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH llama la atención a las autoridades de Administración de Justicia y de Gobierno sobre el desarrollo del caso conocido como “10 de Luluncoto” a propósito de afectaciones a los Derechos Humanos de las personas que estuvieron o se encuentran privadas de la libertad. Las acciones del Estado ecuatoriano en este caso han levantado firmes dudas en organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales sobre su legitimidad y, debido a su tratamiento hasta ahora, dejarían consecuencias en perjuicio de los Derechos Humanos y la Democracia.
El CDH y el conjunto de organismos de Derechos Humanos, cumpliendo con su esencial misión de observar y de exigir respeto a los compromisos adquiridos por el Estado ecuatoriano en materia de Derechos Humanos, identificamos una sumatoria de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en el caso “10 de Luluncoto”. Desde que se ejecutó el operativo “Sol Rojo” por fuerzas de elite de la Policía Nacional, el 3 de marzo del 2012 en el barrio de Luluncoto en Quito, se reconoce la vulneración a la Libertad de Manifestación Pacífica, Libertad de Expresión, Derechos a la Seguridad Individual, Derechos a la Integridad Física, Libertad de Asociación y Filiación Política, Derecho de Reunión, Libertad de Movimiento y a Garantías al Juicio Justo, que incluye imparcialidad, presunción de inocencia y diligencia por parte de los administradores de justicia.
Esta conjunción de afectaciones derivó en la huelga de hambre de las personas en custodia desde el 7 de diciembre del 2012, en la liberación de siete personas el 21 de diciembre del 2012 y en la delicada situación de salud de dos huelguistas aún en custodia, Ana Cristina Campaña y Abigail Heras. Sobre esta última situación, el CDH resalta la seria responsabilidad que acarrea para el Estado la custodia de una persona que ejecuta una protesta de este tipo y se une al pedido para que las detenidas accedan a médicos externos escogidos por familiares y organismos humanitarios y Derechos Humanos.
Las supuestas evidencias inculpatorias exhibidas en este caso por los funcionarios del Gobierno en defensa de la Seguridad Nacional no cubre ni aclaran las preocupaciones que crecen en la opinión pública. Las dilatadas acciones de los funcionarios de la Administración de Justicia frente a la huelga de hambre de las personas procesadas y a los reclamos de organizaciones sociales, no corresponden con las expectativas sobre la reestructuración judicial y el nuevo marco jurídico en el Ecuador. El extendido e insistente uso de la figura de terrorismo en contra de activistas y dirigentes sociales es abiertamente anacrónico y expresa nuevamente la incapacidad del Estado para gobernar los efectos de sus políticas en la población.
Por estas consideraciones, exigimos a los funcionarios de Gobierno y Administración de Justicia correspondientes examinar lo actuado en el caso “10 de Luluncoto” desde la óptica de la vigencia plena de los Derechos Humanos de las personas vinculadas. El CDH expresa solidaridad con Ana Cristina Campaña y Abigail Heras en huelga de hambre bajo custodia y exige garantías humanitarias para proteger su integridad física y sus vidas.
Guayaquil, 8 enero del 2013
Billy Navarrete Benavides
Secretario Ejecutivo del CDH