La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos conformada por 18 organizaciones con una amplia experiencia de trabajo de protección e incidencia en derechos humanos y derechos de la naturaleza presenta, el Informe “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre” en el marco del aniversario del paro nacional de octubre de 2019.
Este informe de siete capítulos y 17 recomendaciones es un ejercicio de memoria y aporte en la construcción de verdad, justicia y reparación integral para todas las personas, familias, comunidades y organizaciones que fueron afectadas durante el paro nacional. Además, pretende confrontar el discurso gubernamental, que no reconoce su responsabilidad sobre hechos que configuran graves violaciones a derechos humanos ni los investiga diligentemente y, que por el contrario promueve procesos de criminalización contra líderes indígenas y sociales, así como manifestantes.
Por ejemplo, según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado existen 819 procesos abiertos como resultado del paro nacional de octubre, de los cuales 669 se encuentran en etapa de investigación previa, 18 en instrucción fiscal, 69 en preparatorio de juicio y 63 en juicio. De acuerdo con esta información se visibiliza que existen 19 procesos por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, 1 por omisión de medidas de protección, 3 por muerte culposa, 8 por lesiones, 4 por homicidio, 6 tentativa asesinato, 1 por abuso de arma de fuego y 1 por uso de armas, municiones o explosivos no autorizados. Es decir, únicamente 44 procesos estarían dirigidos, posiblemente, a investigar la responsabilidad de los agentes de organismos policiales o de FFAA involucrados en los abusos y graves violaciones a derechos humanos cometidos durante el paro nacional, considerando que se reportan alrededor de 1507 personas que fueron heridas y nueve fallecidas en este contexto. La mayor cantidad de procesos son contra civiles por delitos de daño al bien ajeno (207), paralización de un servicio público (208), ataque o resistencia (113), sabotaje (44), secuestro (35), terrorismo (16), rebelión (2), entre otros.
Además, el informe presenta un análisis del contexto nacional, político y económico respecto a las medidas antipopulares y su continuo avance frente a una coyuntura de restricciones a la movilización y de limitado consenso y diálogo social. También realiza una revisión de los pronunciamientos de órganos internacionales que emitieron sus observaciones y recomendaciones en miras de precautelar los derechos contemplados en los tratados de los que Ecuador es parte; y, por último, actualiza algunos casos emblemáticos de graves violaciones y persecución a distintos actores políticos y sociales como la muerte de Gabriel Angulo Bone, Edison Mosquera Amagua, José Inicencio Tucumbí y José Daniel Chaluisa. Así como los casos de las personas heridas Humberto Moreta, Juan Olovacha, Laura Carrión, Johanna, menor de edad en Píntag; y Manuel Guzñay; y las detenciones en Contraloría y en Lago Agrio.
15 de octubre de 2020
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