El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH presenta su informe 2018 "Panorámica de los Derechos Humanos en el Ecuador" que reúne profundas preocupaciones en ámbitos de movilidad humana, sistema carcelario, lucha por la tierra y vivienda digna, anteriormente tratados por la organización como tendencias adversas de larga data y que ahora muestras nuevas características de agravamientos y deterioro en relación a las obligaciones estatales. A estos se suman otros temas vinculados a la democracias y a la política económica del actual Gobierno que han generado amplios reclamos de sectores ciudadanos organizados por configurar escenario regresivo en materia de Derechos Humanos.
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El éxodo venezolano en la región como efecto de la sostenida crisis humanitaria que soporta ese país es, sin duda, una de las tendencias más graves documentadas por el CDH, juntos a otras organizaciones de Derechos Humanos de país y la región. El volumen del flujo migratoria y el corto periodo en el que se ha manifestado, lo convierte en un fenómeno migratorio inédito en la región que acarrea complejos desafíos para los Estados y la sociedad civil.
Las respuestas del Gobierno de Ecuador son contradictorias e incluso con sesgo discriminatorio por su dedicatoria restrictiva a una nacionalidad y sin considerar la condición de precariedad e indefensión de la población venezolana que huye del deterioro de los Derechos Humanos en su país. En este contexto, observamos la expansión de expresiones xenófobas que incluye amenazas sufridas por defensores y defensoras de Derechos Humanos en el Ecuador.
El 2018 también registró el traumático desborde de la violencia del conflicto colombiano, a través del secuestro de tres periodistas y otros homicidios de civiles y militares perpetrados a inicio del año por uno de los grupos criminales que se enfrentan en la frontera con Esmeraldas. Resultado de esta situación, por primera vez comunidades fronterizas ecuatorianas son desplazadas hacia el interior del país logrando despoblar ese territorio para dejarlo definitivamente al margen del Estado de Derecho.
La situación carcelaria en el Ecuador sigue progresivamente deteriorándose, en relación a la violencia y condiciones de vida de este grupo de atención prioritaria, pese a la implementación del nuevo régimen para privados de la libertad vigente desde el 2011, que involucró histórica inversión económica para el sector. El fuerte aislamiento de la población carcelaria contrasta con la influencia del crimen organizado que promueve el tráfico de drogas y armas dentro de las cárceles. Caso extremadamente grave fue el crimen de Gavis Moreno de León por su labor como Directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil ocurrido el 27 de marzo de 2018.
Es alarmante el acelerado crecimiento de la población carcelaria en el Ecuador. En 2018 se registraron 38.559 personas privadas de su libertad, de las cuales 3 de cada 10 personas están en prisión por delitos relacionados con estupefacientes y drogas, incluyendo consumidores. El nuevo complejo carcelario de 55 prisiones presenta rápido hacinamiento sin evidencias de rehabilitación efectiva. Por el contrario, prevalecen la reincidencia y anacrónicas fórmulas de agravamiento de penas.
En referencia a temas relacionados a la libertad, salud e integridad física de las personas, se incluye la situación de los centro para tratamiento de adicciones en el Ecuador. El presente informe, a través de una investigación periodística, recopila las acciones del Estado en los últimos años frente a esta problemática que presenta lugares clandestinos con prácticas de trato cruel, inhumano y degradante a jóvenes y personas GLBTI que se mantiene bajo tolerancia del Estado, y organizaciones comunitarias desoladas para atender esta situación.
El CDH tradicionalmente trabaja con pueblos y comunidades en resistencia por el derecho a sus territorios, la vivienda digna y los Derechos de la Naturaleza. El informe pone en relieve la lucha por la tierra de la comuna ancestral Engabao y la acción de “asalariados” -civiles armados- de empresas inmobiliarias, documentada por el CDH desde hace tres décadas en la provincia del Guayas. Además, en el periodo accedimos al conflicto Rio Blanco entre la comunidad ancestral de Molleturo y empresa minera china que involucra frágiles fuentes de agua ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay.
El CDH, en relación a la Democracia y Participación Ciudadana, manifestó repetidamente preocupación por el procedimiento de conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en transición, creado por Consulta Popular el 4 de febrero de 2018 y sus atribuciones para nominación de autoridades de todos los organismos constitucionales de control.
Así mismo, recogió el descontento de movimientos sociales en relación a la falta de transparencia y debate público de la política económica, concretamente sobre la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Creación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, y el recortes en el presupuestario nacional en áreas de educación, salud y bienestar social por las consecuencias en la situación de los derechos económicos y sociales de los sectores más vulnerables del país.
El Informe del CDH 2018 “Panorámica de los Derechos Humanos” ofrece un escenario temporal carente de asepsia. Evidencia una óptica ciudadana de la acción del Estado construida sobre la identidad independiente de la organización y la acumulación de prácticas desde 1984.
Este instrumento documental describe serias amenazas en curso que atentan a los Derechos Humanos y de la Naturaleza en el Ecuador que requieren riguroso trabajo organizativo y unitario como esencia de la resistencia ciudadana para hacer realidad la consigan “que nadie se quede atrás”.
Guayaquil, marzo 2019
Billy Navarrete Benavidez
Secretario Ejecutivo del CDH