En el 2014, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos-CDH celebró 30 años de existencia dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos. El valioso aporte de varias generaciones de colaboradores provenientes de diversos procesos y corrientes, mantiene sólida su identidad independiente bajo el lema Defender los Derechos Humanos es defender los Derechos del Pueblo.
Administramos nuestras fuerzas con serenidad. No nos aventuramos y cada pronunciamiento está soportado por hechos objetivos, el reconocimiento de principios y la compañía de los afectados. Somos dispositivos de movilización ciudadana que alertan sobre tendencias que afectan Derechos Humanos.
Observamos las contradicciones sociales como la relación especial entre poder e individuos, generalmente controvertida, multidimensional, desequilibrada y deshumanizada. Las personas que generalmente llegan a nosotros son las víctimas del desarrollo, de procedimientos administrativos kafkianos, perjudicados por “daños colaterales”, son quienes tienen que probar su inocencia, la inevitable cuota de sacrificio, los que tiene que siempre esperar, los que tiene que callar.
Antes y ahora hemos sufrido ataques, intimidaciones y restricciones a nuestra labor. En el Informe registramos graves hechos adversos a nuestra misión y exigimos garantías para la observancia libre de la acción del poder público, cada vez más vertical, cerrado e impermeable.
Recordamos que el foco de atención de los organismos de Derechos Humanos se fija en la acción o en los límites que debe mantener el Estado en respeto a normas internacionales de Derechos Humanos y a la Constitución de la República. Es decir, contempla dos tipos de roles:
Por un lado, el Estado proactivo que crea condiciones para satisfacer necesidades colectivas fundamentales del ser humano. En este punto, el CDH nuevamente anota los avances en el sistema de salud pública, educación, inclusión social, recreación y vialidad. Sin embargo, en el presente Informe se analizan procedimientos discriminatorios y tormentosos que padecen amplios grupos sociales para gozar de algunos de estos derechos, entre ellos anotamos, a la comunidad de refugiados y las familias reubicadas irregularmente en el plan habitacional Socio Vivienda II en Guayaquil.
Por otro lado, encontramos lo que el Estado debe de abstenerse de hacer, como es la práctica de tortura, ejecuciones, violación a la privacidad, entre otras. Este antiguo conjunto de derechos humanos señalan claramente los límites que tiene que cuidar el poder público, generando prudencia y cautela en sus procedimientos para evitar miedos. Como prueba de los graves daños que seguimos registrando, el Informe incluye el “cateo intimo” sufrido por mujeres al ingresar a visitar a privados de libertad.
Dentro de este segundo rol del Estado, la presente publicación abre su panorámica y aborda argumentadamente al Derecho a la Protesta como universo multifacético de libertades ciudadanas que integra a los derechos de expresión, opinión, reunión y asociación. Estamos en el centro del disfrute de las facultades esenciales de las personas que, al ser manifestaciones pacíficas, deben estar libres de toda represión del Estado. Pueden resultar molestosas, irreverentes, de mal gusto o incorrectas, el Estado debe evitar la suspensión de otros derechos humanos como acto de represalia por la protesta y mucho menos, usar figuras penales como respuesta oficial frente a la disidencia. La imposición política, como método de manejo de conflictos, que nace de la subjetividad del poder público provoca resultados adversos en escala ascendente.
En agosto de 2014, realizamos el Encuentro Nacional de Defensores (as) de Derechos Humanos y de la Naturaleza que produjo una larga nómina de afectaciones a los Derechos Humanos y de la Naturaleza. En esa secuencia, el CDH suma el Informe 2014 a modo de polifonía de voces sobre la Resistencia como Derecho Humano innegable.
Billy Navarrete Benavides
Secretario Ejecutivo del CDH
Guayaquil, febrero 2015