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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

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La Comuna Ancestral Bajada de Chanduy conjunto al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos (CDH) presentó este viernes 6 de diciembre una demanda de acción de protección contra el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica en la provincia de Santa Elena para detener la construcción de la cárcel de máxima seguridad.

 

La demanda busca proteger los derechos a la consulta previa, libre e informada que le asiste a la Comuna Ancestral Bajada de Chanduy, una comunidad con raíces indígenas que se mantiene en posesión ancestral de generación en generación desde antes de la colonización. El convenio 169 de la OIT, vinculante para el Ecuador, obliga a los Estados a aplicar una consulta previa a los pueblos “cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distintas de otros sectores de la colectividad nacional”, y que además, mantienen sus propias “costumbres y tradiciones” que rigen la convivencia de manera total o parcial.

 

De igual forma, la demanda busca justiciar el derecho al respeto integral de existencia de la naturaleza. La construcción se está realizando en un ecosistema de bosque seco tropical, reconocido como titular de derechos por parte de la Constitución. Según el artículo 73 de la Constitución, el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. En este caso, no existe ningún estudio de impacto y mitigación ambiental. Esto pone en riesgo la existencia misma del ecosistema, su flora y fauna y el derecho al medio ambiente sano que tienen las y los comuneros. De igual forma, los ecosistemas de bosque seco tropical, han sido declarados como zonas de protección por el Parlamento Andino de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

 

 

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Finalmente, también se busca proteger el derecho que tienen las y los comuneros de conservar su patrimonio cultural. Alrededor de la zona adjudicada, según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) existirían zonas de impacto arqueológico.

 

Esta demanda cuenta con el respaldo y apoyo de organizaciones sociales y de Derechos Humanos como: la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, FIAN Ecuador, Fundación INREDH, La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAICE), Unión Tierra y Vida, Rescate Animal, Movimiento Animalista Nacional del Ecuador, Entretejidas, Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, Acción Ecológica, Asamblea de los Pueblos de la Costa, Mujeres de Frente, Movimiento Feminista de Mujeres y Disidencias en Resistencia de Guayas. Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), Fundación Mujer&Mujer y la Federación de Comunas de Santa Elena.

 

 

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Foto Billy Navarrete / CDH

 

Más información: https://tinyurl.com/55dkmdm3