El auge delictivo sufrido en la ciudad de Guayaquil desde las década de los 90, generó reacciones poco originales por parte del Gobierno central y municipal que dejaron consecuencias negativas en materia de los Derechos Humanos de la población. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos posee un amplio registro de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias cometidas por agentes de la fuerza pública en el marco de operaciones antidelictivas.
Durante la década de los 90 se registraron recurrentes declaraciones de Estados de Emergencias que permitieron la intervención militar en patrullajes y planes anti delictivos como los denominados “La Ley es la Ley”, “Más Seguridad”, entre otros, que afectaron gravemente los derechos a la seguridad individual, libertad de reunión, a la integridad física y a la vida de muchas personas. Las respuestas oficiales expresaron la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana a la población y negaron sistemáticamente el derecho a la justicia a las víctimas de abusos de autoridad.
Recordamos el origen del Plan “Más Seguridad”, proyecto del Municipio de Guayaquil en conjunto con la Policía Nacional, que permitió el reforzamiento de la Policía Municipal. La empresa privada y el Cabildo contrataron al consultor en seguridad William J. Bratton, ex comisionado de la alcaldía de New York y creador del concepto de “tolerancia cero” y se pusieron en práctica procedimientos que causaron violaciones a derechos humanos, algunas fueron recogidos en el Informe “La Acción de los Agentes de la Policía Metropolitana y los Derechos Humanos en el Cantón Guayaquil” del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH, emitido en Noviembre de 2003.
Paralelamente. se registra la acción de “Escuadrones de la Muerte o de limpieza social” en la ciudad de Guayaquil, hecho denunciado por el CDH en febrero de 2002 en su “Informe sobre Presuntos Ajusticiamientos en la Vía Perimetral de Guayaquil” , en el que se describen sucesivas ejecuciones, todas con las mismas características: dirigidas contra personas que tenían antecedentes penales, en el lapso de 10 años, y cuyoss responsables serían elementos de la Policía Nacional. En el 2010 la Comisión de la Verdad del Ecuador en su informe califica al Grupo de Apoyo Operativo GAO como grupo de limpieza social de la Policía Nacional.
El Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, acerca de su misión al Ecuador (5 a 15 de julio de 2010) indica al respecto que : “he recibido pruebas fidedignas de diversas fuentes, incluidos funcionarios, de que los casos en que las víctimas tienen antecedentes policiales no suelen investigarse a fondo. Quedó claro, especialmente en Guayaquil, que si se determinaba que se trataba de un ajuste de cuentas, la policía y la fiscalía rara vez realizaban una investigación exhaustiva, bien porque se consideraba que esos casos eran demasiado difíciles y no merecían la misma atención que casos con víctimas "inocentes", o bien porque era relativamente fácil no investigarlos debido a que los familiares tenían demasiado miedo para insistir en ello. Esta política es equivocada y enormemente contraproducente.
El pasado 4 de junio del 2012 el CDH remitió al Ministerio Fiscal un registro de 122 ejecuciones extrajudiciales y muertes en custodia cometidas presuntamente por agentes de la fuerza pública entre 1998 y 2011 en su mayoría dentro de la provincia del Guayas sin que exista información sobre las investigaciones de estos hechos.
Los Hechos
Según la versión oficial, a primeras horas de la mañana del 19 de noviembre de 2003 se produce un intento de robo a la farmacia Fybeca de la Ciudadela Alborada, ubicada al norte de Guayaquil. En esas circunstancias pasaba casualmente por el lugar, un grupo de 20 policías que al percatarse del hecho entran a la farmacia y se enfrentan a tiros con los supuestos asaltantes. El resultado: ocho muertos y detenciones no reportadas. Todas las víctimas son los supuestos asaltantes.
Los 8 muertos son: José Cañar Reyes, Jazmani Rosero López, Raúl Salinas Chumacera, Miguel Ángel Quishpe Portillo, Richard Tello Jácome, Genny Aguilar Vargas, Carlos Andrade Almeida (pastor evangélico-cliente) y Jimmy Córdova Encalada (mensajero de farmacia). Los 3 detenidos desaparecidos son: Johnny Elías Gómez Balda, César Augusto Mata Valenzuela y Erwin Daniel Vivar Palma. También se reporta la detención de Seydi Vélez Falcón, única sobreviviente con vida.
Ese mismo día, a eso de las 19h15, María Dolores Guerra Tábara recibió dos llamadas a su celular, escuchando la voz de su cónyuge Jhonny Gómez quien le dijo “mija, estoy en los patios de la P.J metido en un carro rojo, ven entra hasta el fondo. Me van a matar”.
A las 19h15, Ivan Stalin Mata Valenzuela, hermano de César Mata, recibió tres llamada de César quien le dijo “estoy detenido en la PJ, al fondo, haz bulla que me van a matar”. María Dolores Guerra se dirigió a la Policía Judicial, intentnado averiguar el paradero de Jhonny Gómez, las uniformados le dijeron que no estaba en el lugar. A las 20h30 de ese 19 de noviembre, Ivan Stalin Mata Valenzuela y María Dolores Guerra Tábara, por separado, denuncian ante la Fiscalía, ubicada dentro del Cuartel de la Policía Judicial, la desaparición de sus parientes y elhaber recibido llamadas de donde dicen estar detenidos
Al día siguiente, Diario El Universo, en su edición del día jueves 20 de noviembre del 2003, recoge la noticia del supuesto asalto a la farmacia Fybeca con el resultado de 8 personas muertas y en la que además consta una gráfica donde una persona es detenida, siendo trasladada con el rostro cubierto por su propia camiseta, mientras lo sujeta una persona de civil que lleva un arma en la cintura. Dolores Guerra reconoce, en la persona detenida que consta en la foto, a su cónyuge Jhonny Gómez Balda.
El civil que aparece en la foto conduciendo a un detenido, cuya cabeza está cubierta por una camiseta, es un ex agente de la Policía Judicial de nombre Erick Salinas. Él aparece en una secuencia de fotos publicadas por el Diario El Universo en la edición del sábado 22 de noviembre del 2003, portando esposas y embarcando al detenido en un auto Nissan Pathfinder, de color rojo y de placas PTM-792.
El 24 de noviembre, Mireya Vélez Falconez, esposa del detenido-desaparecido Erwin Vivar Palma y tía de Seydi Velez Falconez, única detenida en el caso fybeca, denuncia la desaparición de su cónyuge y la incomunicación que está sufriendo su sobrina Seydi en los calabozos de la Policía Judicial. Seydi Velez declara ante el Juez que efectivamente los desaparecidos estuvieron con ella en el carro rojo y que les prestó el teléfono celular para que llamen a sus familiares.
Así, el 2 de diciembre de 2003, la Inspectoría General de Policía presenta un Informe del caso, señalando, entre otras cosas, que: los mandos policiales no ordenaron una investigación del caso; que el jefe del operativo a la farmacia fybeca, Mayor Eduardo González, no pertenecía al Comando local y que actuó sin conocimiento ni autorización de los mandos jerárquicos de la policía; no se explica la participación de un civil, el ex-policía Erick Salinas, en el operativo; hubo, de manera clara e incontrovertible, mal procedimiento de los agentes en el operativo, pues “no se racionalizó el uso progresivo de la fuerza y de las armas”; y, según informes del Servicio de Investigación Técnica, no existió enfrentamiento entre los supuestos delincuentes y los policías.
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción, organismo del Estado a nivel Constitucional, crea la “Veeduría para el Seguimiento de la Investigación sobre el Operativo en el Caso de la Farmacia Fybeca”, el 3 de diciembre de 2003.
La Veeduría, con fecha 5 de febrero de 2004, presenta su Informe y, entre otras conclusiones, señala fundamentalmente que: las armas de los supuestos delincuentes no fueron disparadas, la mayoría de las víctimas recibieron disparos por la espalda, que jamás existió enfrentamiento armado, unos fueron disparados mientras tenían los brazos en alto en señal de rendición y otros fueron rematados en el piso, que Johnny Gómez Balda y César Mata Valenzuela fueron desaparecidos por la policía. Que “…Por lo tanto, la opinión de esta Veeduría es que los abatidos el 19 de noviembre…constituyen ejecuciones extrajudiciales realizadas con ensañamiento y elevada crueldad. Que los hombres que allí murieron con antecedentes delictivos o sin ellos, no sucumbieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden sino ante individuos predeterminados a eliminarlos, la mayoría ejecutados y rematados en el piso por la espalda” .
Paralelamente, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, Organismo Constitucional del Estado para la protección de los Derechos Humanos, inicia de oficio las investigaciones sobre el caso fybeca y, con fecha 14 de abril de 2005, dicta Resolución, instrumento adjunto a la petición, y señala que el jefe del operativo a la farmacia fybeca, Mayor Eduardo González, actuó sin orden superior, lo que deviene en ilegal su actuación, que en su favor no se puede aceptar como eximente la obediencia debida a órdenes superiores o instrucciones superiores que le hubieren dispuesto, autorizado el operativo y tampoco la comisión de actos atentatorios a la vida, la seguridad, la integridad de las personas, peor aún desaparecer personas; que los agentes policiales violaron el derecho a la vida de seres humanos, protegido en el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la mitad de las personas fallecidas han estado en el suelo, fueron reducidos a inmovilidad y los han ejecutado mediante los disparos hechos exclusivamente por los miembros de la policía nacional; que no existió ningún enfrentamiento entre los ciudadanos muertos y los agentes de policía; ha quedado comprobado que, respecto a Johnny Gómez, César Mata y Erwin Vivar se han violado las garantías judiciales, establecidas en el art. 8 de la
Convención referida con lo que se ha cometido el delito de lesa humanidad denominado desaparición forzada; que se han instruido actuaciones y procesos penales en los que, no obstante de ser tan evidentes las actuaciones ilegales e ilegítimas de los miembros de la policía no se han emitido ningún dictamen inculpatorio, por lo que la Defensoría del Pueblo resolvió declarar que en los acontecimientos ocurridos en la farmacia Fybeca, el 19 de noviembre de 2003, se cometieron y ejecutaron actos que son contrarios a los derechos humanos, pues se han violado principalmente, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, a la legítima defensa y otras garantías del debido proceso judicial, de los ciudadanos víctimas de esas violaciones y, que los señores agentes de policías que actuaron en el operativo son responsables en el grado de autores de la violación de derechos humanos: a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica de las personas.
En los procesos judiciales iniciados por estos hechos se resalta:
El Dictamen Fiscal de Carlos Pérez Asencio, por las Desapariciones indica que los desaparecidos son prófugos.
El Dictamen Fiscal de Hector Vanegas por robo agravado acusa a los desaparecidos y a sus familiares de ser parte de la supuesta banda de delincuente.
Luis Castro Saquicela, Presidente de la H. Segunda Corte Distrital de la Policía Nacional en la resolución del 26 de abril de 2004 acepta la existencia del supuesto robo y del enfrentamiento entre los supuestos asaltantes y los policías acusados. Resolviendo penas leves a 6 de los acusados y exculpando al resto de los agentes. El Ministro Fiscal de la Policía Cristóbal Mantilla que en su dictamen absolutorio de los acusados señala con relación a las 8 personas muertas que los agentes “estaban poseídos de una emoción que les impele actuar irreflexiblemente, no cabe exigir racionalidad”.
Actualmente no existen detenidos por este caso.
El CDH el 23 de febrero de 2007, enviamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH la queja contra el Ecuador por violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 30 de marzo de 2007, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, nos comunica que ha recibido nuestra petición y que ha sido registrada bajo el número P-286-007. El proceso se encuentra en trámite.
Los policías que actuaron en el operativo pertenecían al Grupo de Apoyo Operacional (GAO) considerado en el Informe Ejecutivo de la Comisión de la Verdad del Ecuador como un grupo de exterminio que registra 84 muertos en los operativos ejecutados en el periodo del 2000 al 2008. Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos reabrió el caso mediante la indagación previa n° 103 – 2012 – DCVDH – f1. Durante el 2011 y 2012 se registraron algunas diligencias. El 14 de noviembre del 2013 se realizará la Audiencia de Formulación de Cargos en la Corte Nacional de Justicia.
PROGRAMACIÓN
La campaña “30 días de activismo” inicia el 18 de noviembre con las actividades descritas a continuación.
18 NOVIEMBRE
Muestra de Cine “Cosa Juzgada Fraudulenta” en el MAAC Cine. Entrada gratuita a dos funciones programadas.
16h00 Cine Foro sobre el documental “Con mi corazón en Yambo” (presencia de Pedro Restrepo)
El protagonista del documental conversará con el público sobre la obra y su lucha contra la impunidad que sufre en caso de la desaparición forzada de sus hijos.
María Fernanda Restrepo Arismendy, Ecuador, 2011, 140 minutos. En español, sin subtítulos.
El 8 de enero de 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero, desaparecieron los hermanos Santiago Restrepo de 17 años y Andrés de 14. Desde ese día sus padres inician una implacable lucha contra el estado ecuatoriano para conocer la verdad.
20h00 “Archivos de la Verdad”
Comisión de la Verdad, Ecuador, 2010. 120 minutos.
Documental de Archivos de la Verdad del Ecuador, que registra graves violaciones de derechos humano, enmarcados en la política de terror de León Febres Cordero (1984-1988). Incluye también los atropellos más graves a los derechos humanos ocurridas desde 1989 hasta 2008. Contiene testimonios de víctimas sobrevivientes, familiares y testigos.
Foto: en exteriores de farmacia, familiares de victimas dan declaraciones a medios de comunicación.
Foto: Cantautor Jaime Guevara se une al acto de solidaridad y canta en la acera al publico presente.
19 NOVIEMBRE
6h30 hasta las 12h00 Acción contra el Olvido
Familiares, artistas y activistas de Derechos Humanos desarrollarán un acto denominado “Acción contra el Olvido” durante la mañana del martes 19 frente a la Farmacia Fybeca ubicada en el C.C. Gran Albocentro de la Cdla. La Alborada. El acto incluirá momento religioso –liturgia- ofrecido en memoria de las víctimas y presentaciones de músicos como Jaime Guevara.
18h30 Inauguración de Muestra Itinerante de Fotografías “Doy la cara a la Discriminación”
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, presenta en el Hall del MAAC Cine la muestra fotográfica de Andrés Loor sobre el activismo por la No Discriminación registrada en Guayaquil. Amaury Martínez, reconocido fotógrafo guayaquileño y profesor universitario, realiza la curaduría de la muestra. La exposición recorrerá varias universidades durante este año.
19h00 Recital por el Derecho a la Memoria
En el MAAC Cine cantautor Jaime Guevara será acompañado de varios músicos locales como Ernesto Pazmiño , Maria Elena Layana en un recital por el Derecho a la Memoria. Se contará con la presencia de familiares de víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el Ecuador, que se encuentran en completa impunidad.
Guayaquil, noviembre 2013
Foto: Jaime Guevara en el MAAC Cine cantando a la memoria y a la militancia por los Derechos Humanos.